El prolapso uterino en la mujer de Nepal

Por: Rafael J. Lutzardo Hernández Sin duda, y ante las carencias sanitarias que tienen muchas aldeas rurales de Nepal, la presencia de una matrona profesional es sumamente importante para la calidad de vida de las mujeres embarazadas. También, para enseñar la importancia que tiene la educación sexual e higiene antes y después del embarazo. También, la de un ginecólogo, el cual controla durante el embarazo a la mujer en estado de gestación. Es por ello, que hay una gran diferencia entre los servicios que presta una matrona capacitada y los que presta una partera tradicional sin formación. La persona capacitada sabrá cómo prevenir y tratar las complicaciones que surgen durante el embarazo y en el momento del alumbramiento, y sabrá proporcionar después cuidados postnatales a la madre y al bebé. La discriminación de género sistémica y generalizada que sufre Nepal ha provocado que cientos de miles de mujeres padezcan un problema de salud reproductiva que les causa un enorme dolor, les impide realizar sus quehaceres diarios y, a menudo, las somete al ostracismo por parte de su familia y su comunidad. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe. El prolapso uterino –una enfermedad debilitante en la que el útero desciende de su posición normal para albergarse en la vagina- se arraiga en una discriminación que ha limitado severamente la capacidad de las mujeres y las niñas para tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva. Los duros entornos de trabajo, los matrimonios precoces y el tener demasiados hijos contribuyen a este problema. “Se trata de un problema urgente de derechos humanos. La incidencia generalizada del prolapso uterino en Nepal procede de la arraigada discriminación contra las mujeres y las niñas, que los gobiernos sucesivos no han abordado adecuadamente”, ha manifestado Madhu Malhotra, directora del Programa sobre Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional. “Cientos de miles de mujeres sufren innecesariamente en Nepal hoy día. Para abordar el problema, los gobiernos sólo han tomado medidas simbólicas, que no han venido seguidas de acciones concretas para reducir los factores de riesgo para mujeres y niñas.” El informe, titulado Unnecessary Burden: Gender discrimination and uterine prolapse in Nepal, se basa en la amplia investigación sobre el terreno realizada en Nepal, una investigación que ha incluido entrevistas con mujeres, niñas y hombres, activistas en favor de los derechos de las mujeres, médicos especializados y autoridades gubernamentales. El prolapso uterino es un problema de salud global, pero especialmente extendido en países como Nepal, donde la discriminación de género es alta y el acceso a atención médica es limitado. Una estimación cautelosa de la ONU sugiere que la enfermedad afecta al 10 por ciento de los 13,6 millones de mujeres de Nepal, pero esta cifra podría ser mucho más alta en algunas regiones. Al contrario que en el resto del mundo, donde el prolapso uterino es más habitual entre mujeres de más edad, muchas mujeres nepalíes desarrollan el problema cuando aún no han cumplido los 30. El prolapso uterino es sumamente doloroso; muchas de las mujeres que lo sufren no pueden realizar el pesado trabajo físico que normalmente tienen que realizar ni levantar las pesadas cargas que a menudo se ven obligadas a levantar, o ni siquiera pueden sentarse cómodamente o caminar. Además, el problema está rodeado de un considerable estigma social. En ocasiones, las mujeres, cuando sufren demasiado dolor para realizar el trabajo que se espera de ellas, se ven sometidas al ostracismo o son calificadas de “vagas” por sus familias y comunidades. La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional concluyó que, a menudo, las mujeres no pueden buscar atención médica, o hablar siquiera de su dolor, o son reacias a hacerlo. Kopila, de 30 años y madre de cuatro hijos, que vive en el oeste de Nepal, tuvo su primer hijo a los 18 años, y vive con ese trastorno desde los 24. Su esposo le ha impedido buscar atención médica, y la ha obligado a realizar pesados trabajos físicos durante los embarazos y después de ellos. “[Cuando empecé a sufrir el prolapso uterino] empecé a sentir dolor en la espalda y en el estómago, y no me podía poner derecha, ni sentarme, ni trabajar. Me duele la parte inferior del abdomen y, generalmente, me duele la espalda cuando hago trabajos pesados. Cuando estornudo se me sale el útero”, dice Kopila. El prolapso uterino se debe a múltiples causas, entre ellas dar a luz a una edad temprana, tener muchos hijos en un espacio breve de tiempo, una nutrición inadecuada, falta de acceso a personal de salud cualificado durante el parto, y verse obligada a realizar trabajos físicos durante el embarazo o poco después. Pero, en el corazón del problema, yace la persistente discriminación contra las mujeres y las niñas que los sucesivos gobiernos nepalíes no han abordado. A las mujeres y las niñas se les niega, en esencia, el control sobre su cuerpo y sobre su vida. Muchas no pueden decidir si quieren casarse o tener hijos, o cuándo hacerlo, si utilizar métodos anticonceptivos o cuántos hijos tener. Además, a menudo no está en sus manos garantizar que tienen acceso a una atención médica de calidad durante el embarazo. La discriminación pone también a las mujeres y las niñas en peligro de sufrir violencia intrafamiliar, incluida la violación conyugal. El prolapso uterino a menudo hace que las relaciones sexuales sean dolorosas, pero tanto hombres como mujeres describieron a Amnistía Internacional que las mujeres no pueden negarse a mantener relaciones sexuales con sus esposos. Las organizaciones nepalíes de la sociedad civil, especialmente los grupos que defienden los derechos de las mujeres, llevan años trabajando para llamar la atención del gobierno hacia este asunto. Su labor dio lugar a que, en 2008, el Tribunal Supremo resolviera que el elevado índice de prolapso uterino en el país constituía una violación de los derechos reproductivos, y ordenara al gobierno que abordara la situación. Sin embargo, hasta la fecha los esfuerzos de los sucesivos gobiernos nepalíes por abordar la prevención del prolapso uterino y la discriminación de género han sido insuficientes. Las políticas existentes sobre salud materna y reproductiva no abordan todos los factores de riesgo y tampoco abordan de manera efectiva la discriminación subyacente. Las políticas existentes apenas se aplican, si es que llegan a aplicarse en absoluto. No existe absolutamente ninguna estrategia general de prevención del prolapso uterino. Hay un borrador de estrategia, que incluía algunos elementos de prevención, que lleva desde 2008 pendiente de que el gobierno lo adopte: un indicador de la terrible falta de atención oficial. Esta demora y esta falta de urgencia reflejan la ausencia de coordinación y de voluntad política entre los ministerios correspondientes de Nepal, que en sus entrevistas con Amnistía Internacional no estuvieron en absoluto dispuestos a asumir la plena responsabilidad de la prevención del prolapso uterino. Los esfuerzos del gobierno se han centrado principalmente en proporcionar cirugía (principalmente histerectomías) para los casos muy avanzados: un enfoque limitado que no hace lo necesario para prevenir el problema. “Nepal necesita urgentemente un plan general para prevenir el prolapso uterino, con el fin de reducir el número de mujeres y niñas que sufren este trastorno. Los ministerios tienen que dejar de pasarse la pelota, y deben asumir la responsabilidad de algo que afecta a cientos de miles de personas”, ha manifestado Madhu Malhotra. “Nepal ha sufrido una prolongada crisis política, pero eso no puede servir de excusa para la inacción. El nuevo gobierno de Sushil Koirala tiene ahora la oportunidad de prestar al prolapso uterino la atención que requiere. El primer paso consiste en reconocer públicamente que se trata de un problema de derechos humanos.” “Todo plan de prevención debe incluir medidas efectivas para abordar la discriminación de género, y debe garantizar que las mujeres y las niñas conocen el problema del prolapso uterino y están empoderadas para tomar decisiones sobre su cuerpo, su salud y su vida.”

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Karen Uhlenbeck, primera mujer que gana el Nobel de las Matemáticas

Por: Rafael J. Lutzardo Hernández A lo largo de la historia, la lucha por los derechos humanos ha estado muy presente, motivando en todas las sociedades del mundo que las mujeres participen activamente a nivel internacional como nacional para eliminar todas las formas de discriminación, no sólo entre mujeres y hombres, sino también las formas de discriminación clasista o étnica. Y han contribuido al reconocimiento de la igualdad como un derecho internacional y un principio estrechamente vinculado al ejercicio de la ciudadanía, requisito imprescindible en toda sociedad que se precie democrática. Es por ello, que cada vez hay más presencia de la mujer en el mundo laboral; en las clases políticas, cultura y arte, aunque todavía queda un largo camino que recorre en cuanto a igualdad se refiere. Esa lucha por la igualdad viene teniendo repercusiones muy positivas en el mundo de la mujer. Prueba de ello, muchas han sido las mujeres que han conseguido premios Nobel en el mundo. Tales como: Agnes Gonxha Bojaxhiu, “Madre Teresa” o "Teresa de Calcuta premio Nobel de la Paz en 1979. Rita Levi-Montalcini (Italia). Premio Nobel de Medicina en 1986. Fue el primer premio Nobel que llegó a los 100 años de edad. Bárbara McClintock (Estados Unidos). Premio Nobel de Medicina en 1983. Doris Lessing (Estado de Persia). Premio Nobel de Literatura en 2007. Dorothy Crowfoot Hodgkin (Inglaterra). Premio Nobel de Química en 1964. Elizabeth Blackburn (Austarlia). Premio Noble de Medicina en 2009. Emily Greene Balch (Estados Unidos). Premio Nobel de la Paz en 1946. Marie Curie (Polonia). Premio Nobel de Física en 1903 y de Química en 1911. Gabriela Mistral (Chile). Premio Nobel de Literatura en 1945. Grazia Deledda (Roma). Premio Nobel de Literatura en 1926, etc. De la misma manera, y recientemente en este comienzo de siglo XXI; la Academia Noruega de las Ciencias y las Letras concedió el Premio Abel a la matemática estadounidense Karen Uhlenbeck por "sus avances pioneros en ecuaciones en derivadas parciales geométricas, teorías gauge y sistemas integrales, y por el impacto fundamental de su trabajo en análisis, geometría y física matemática". El galardón, dotado con más de 800.000 euros, es el mayor reconocimiento del campo de las matemáticas, junto a la Medalla Fields. Uhlenbeck, catedrática en la Universidad de Texas Austin (EEUU) hasta 2014, y actualmente Senior Research Scholar en la Universidad de Princeton y en el Instituto de Estudios de Estudios Avanzados (ambos en EEUU), es la única mujer entre los 20 premiados en la historia del galardón. Su trabajo se engloba dentro de un campo llamado análisis geométrico, que "busca resolver cuestiones geométricas empleando, esencialmente, ecuaciones diferenciales", explica Alberto Enciso, investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) de Madrid. Para ello, se estudian objetos geométricos, como curvas o superficies, que son puntos críticos de funciones, y representan cantidades geométricas como la energía y el volumen. Un ejemplo sería la famosa demostración de la conjetura de Poincaré (sobre la esfera cuadridimensional), usando el flujo de Ricci; pero las aplicaciones, incluso fuera de las propias matemáticas (en campos como la cosmología y física), son innumerables. "Desde el estudio de los agujeros negros hasta la comprensión de la evolución del universo", prosigue Daniel Peralta, también miembro del ICMAT. Karen Uhlenbeck hizo su tesis en problemas variacionales, un área que trata de encontrar máximos y mínimos de funciones definidas en un espacio. De esta manera, una pompa de jabón describe una superficie minimal: es la forma de encerrar el mayor volumen posible con la menor área, según cuenta el ICMAT en un comunicado. "Uhlenbeck fue la primera persona en descubrir que ciertas condiciones, que se empleaban para encontrar soluciones a problemas variacionales, podían fallar estrepitosamente en dimensión superior", indica Peralta. Esto cambió la forma en la que la comunidad matemática entiende y afronta los problemas variacionales, e introdujo conceptos fundamentales en el estudio de estos fenómenos como el llamado bubbling. Los métodos que describió para resolver aquellos problemas son ahora básicos dentro del campo. "Se han aplicado con éxito para estudiar diversas ecuaciones en derivadas parciales y contextos geométricos. En particular, el fenómeno del bubbling aparece en muchos resultados de ecuaciones en derivadas parciales, como el problema de Yamabe, el estudio de Gromov sobre curvas pseudoholomorfas y aplicaciones físicas de instantones, especialmente en teoría de cuerdas", señala el jurado Abel, presidido por el matemático noruego Hans Munthe-Kaas. También trabajó en la teoría gauge, que describe las teorías de campos en física, como son las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Sus contribuciones son la base para comprender matemáticamente modelos de física de partículas, teoría de cuerdas y relatividad general. "Uhlenbeck contribuyó a la efervescencia del área de las teorías gauge en los años 80 del siglo pasado", explica Peralta. El Premio Abel reconoce contribuciones de extraordinaria profundidad e influencia en las ciencias matemáticas. Lo entrega anualmente el Rey Harald, aunque lo administra la Academia Noruega de Ciencias y Letras en representación del Ministerio de Educación e Investigación de Noruega. El Premio está dotado con seis millones de NOK (un millón de dólares o unos 800.000 euros). La elección del candidato premiado se basa en la recomendación del Comité del Premio Abel, compuesto por cinco matemáticos de renombre internacional. El de este año está presidido por Hans Munthe-Kaas. El Premio Abel fue creado en 2002 con ocasión del bicentenario del nacimiento de Niels Henrik Abel y son 20 los candidatos que lo han recibido.

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Gran éxito de la III Gala Drag en candelaria

Un año más, tuvo lugar el maravilloso espectáculo del Carnaval de Candelaria, dedicado al séptimo arte; enriquecido brillantemente con un gran éxito por la III Gala Drag Canarias

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El periodismo discriminatorio

Por: Rafael J. Lutzardo Hernández No son buenos momentos para los periódicos de papel. La digitalización y el avance tecnológico en el mundo del periodismo han avanzado tan rápidamente que en pocos años la “muerte” del periódico de papel parece ser ya una casi realidad. Ese periódico al que siempre nos ha tenido acostumbrado a leer tomando un café, parece ya tener destinado una “tumba” en el cementerio del pasado. Tal es así, que la “discriminación” por género es una realidad. Es por ello, en el 'Informe Anual de la Profesión Periodística del año anterior (2018), elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid, denuncia la "discriminación" por género, ya que el 75% de los directivos de medios de comunicación en España son hombres. El paro de periodistas registrado en los servicios públicos de empleo en España ha descendido por quinto año consecutivo hasta situarse en 6.828 parados, según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2018, editado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y dirigido por el periodista Luis Palacio. En el marco de la presentación del estudio, Luis Palacio ha detalló que "en cualquier caso" esa cifra de periodistas desempleados es un 50% superior al número registrado en 2008, cuando había 4.546. La investigación muestra que, en relación con el año anterior (2017), se produjo una estabilidad entre los profesionales contratados y autónomos que se dedican al periodismo, con un 74% de los primeros y un 26% de los segundos. Los medios en los que trabajan los periodistas contratados son en primer lugar del sector de la televisión convencional (26%), seguido de prensa diaria en papel (19%), radio convencional (18%), simultáneamente en un medio convencional y su parte digital (17%), desarrollo digital de un medio convencional (10%), medio nativo digital (10%), agencia de noticias (10%), revista de papel (9%). Los periodistas autónomos o colaboradores trabajan mayoritariamente en medios nativos digitales. En relación con el tamaño de las empresas, un 56% de los encuestados trabajan en compañías de más de cien empleados, frente al 46% de los que lo hacen en empresas menores. Además, el 80% de los periodistas tienen un contrato indefinido (el 80% de los hombres y el 79% de las mujeres), y más del 40% llevan más de 15 años en la misma empresa. Por otro lado, de un total de 268 cargos de gestión de las empresas de medios españoles, el 75 % está ocupado por hombres y el 25% por mujeres. En el caso de los responsables de las áreas informativas, el 72% está ocupado por hombres y el 28% por mujeres. En esta edición del estudio, se ha profundizado sobre la situación profesional de la mujer. Así, Luis Palacio destacó que "existe discriminación", así como dos relatos distintos según los puntos de vista de los hombres y las mujeres. En concreto, el informe muestra que en el acceso al mercado laboral el género no es un problema para el 76% de las mujeres y el 66% de los hombres. Sin embargo, en cuanto a los criterios de selección para los puestos directivos, el 72% de las mujeres afirma que se les exige una mayor capacitación, mientras que el 66% cree que se les pide la misma. Además, el estudio muestra que las mujeres obtienen mejor puntuación que los hombres respecto a las cualidades de gestión como por ejemplo organización, planificación, diálogo, motivación, participación, flexibilidad y reconocimiento y promoción de subordinados. En el ámbito salarial, un 50% de las encuestadas reconoce que los sueldos son idénticos para hombres y mujeres, y un 7% dice que su nivel salarial es inferior al de los hombres. También existe acoso en el entorno laboral para un 90% de las mujeres y un 73% de los hombres. Entre los principales problemas de la profesión periodística los encuestados destacan en primer lugar el paro y la precariedad laboral (26%), la mala retribución (21%), la falta de independencia (19%), y la falta de rigor y neutralidad en el ejercicio de su labor profesional (15%). Una de las conclusiones que extrae Luis Palacio es que los periodistas se están moviendo en un entorno "cada vez más complejo" desde un punto de vista laboral porque "la precariedad sigue avanzando", pero también desde un punto de vista profesional debido a los "continuos" cambios tecnológicos deben estar adaptando "permanentemente" sus técnicas de trabajo. Según ha explicado el presidente de la Comisión de Publicaciones de la APM, David Corral, este año la investigación incluye los capítulos El periodismo antes de los 30 y La mujer en el periodismo. La parte central del estudio está basada en una encuesta realizada a periodistas de toda España. Han contestado 1.694 profesionales, miembros de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), del Sindicat de Periodistes de Catalunya (PSC), de las secciones de periodistas de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y de la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV). Se trata de la decimoquinta edición del informe, que registra cada año la situación laboral y profesional de los periodistas, de la industria de los medios de comunicación y las tendencias de la profesión.

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¿Debería legalizarse la prostitución?

Por: Rafael J. Lutzardo Hernández El oficio más antiguo de mundo sigue siendo tema de actualidad. El mundo de la prostitución sigue siendo un negocio importante para muchas organizaciones mafiosas. Un dinero negro que se fabrica a través del cuerpo humano. ¿Debe legalizarse la prostitución como un trabajo legal? Por todo ello, periódicamente rebrota con ímpetu el debate acerca de la legalización de la prostitución. Los beneficios son conocidos: las trabajadoras sexuales obtendrían los derechos del resto de trabajadores, esto es: pensiones de jubilación, bajas por enfermedad o subsidio de desempleo. Además de una mejora de las condiciones laborales y sanitarias y una progresiva desaparición del estigma asociado a su profesión que, al equipararse legalmente a cualquier otra, aumentaría en reconocimiento social. Según Miriam Tey, la pregunta previa que deberíamos hacernos sería si el Estado debe velar por el alma de las prostitutas o por sus derechos. O si en un mundo ideal lo deseable sería que desapareciese la prostitución como profesión, o que se deshiciese de la carga peyorativa y el desprecio social con los que hoy cuenta. Tal vez la pregunta previa que deberíamos hacernos sería si el Estado debe velar por el alma de las prostitutas o por sus derechos. O si en un mundo ideal lo deseable sería que desapareciese la prostitución como profesión, o que se deshiciese de la carga peyorativa y el desprecio social con los que hoy cuenta. ¿Desde qué atalaya moral podemos penalizar la venta del propio cuerpo? ¿Por qué la combinación de sexo y retribución resulta inadmisible? Si nos acercásemos de forma desapegada a la pregunta de si se debe legalizar la prostitución y lo hiciésemos, por un momento, con una mirada libre de principios morales, ideológicos y religiosos, aparcando nuestros prejuicios, en la medida de lo posible, y utilizando tan sólo como instrumentos de análisis la RAE, la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos podríamos llegar a concertar una conclusión razonable e incluso, con un poco de buena voluntad, transformadora. Ateniéndonos a las herramientas convenidas para responder a la pregunta inicial podríamos asumir con propiedad que: la prostitución es una actividad que se realiza a cambio de dinero, y como actividad que requiere de habilidades concretas es un oficio, y que al realizarse como actividad habitual remunerada se trata de una profesión, y que toda ocupación retribuida es un trabajo, y que todo trabajo es ejercido por un trabajador. Y que todo trabajador tiene sus derechos. Si podemos concluir, a modo de silogismo, que la prostitución la ejerce un trabajador y que todo trabajador tiene sus derechos ¿no es obligación del Estado velar por que los trabajadores tengan derecho a: elegir su profesión u oficio libremente; no ser discriminados por razones de sexo, estado civil, origen, etc... su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene? Más allá de la condición de trabajador, la Declaración de Derechos Humanos contempla que toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad. Que Nadie será objeto de interferencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra ni a su reputación. Y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales interferencias o ataques. ¿Y no estaremos acaso nosotros, al menos parte de la sociedad y algunos gobiernos, faltando a la honra y a la dignidad de las personas que se dedican a la prostitución juzgándoles a ellos y su actividad hasta el punto de creernos autorizados a negarles sus derechos más básicos? ¿No sería lícito que estos trabajadores exigiesen que dejásemos de velar por su conciencia, y nos dedicásemos a cumplir con nuestra obligación garantizando sus más elementales derechos humanos? Porque incluso antes que el derecho a la educación, a un mundo justo y libre a la comida y el alojamiento, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos hemos comprometido a defender primero que todos somos libres e iguales y, segundo, a no discriminar. ¿No estaremos discriminando de la peor manera posible al estigmatizar a todos los trabajadores de una profesión negándoles la más mínima autonomía, y victimizándoles hasta el punto de considerarles incapaces de elegir libremente su profesión? ¿Desde qué atalaya moral podemos penalizar la venta del propio cuerpo? O mejor dicho la venta del sexo, porque vender nuestro cuerpo para la publicidad, vender nuestra fuerza física, nuestro tiempo, nuestra energía o nuestras ideas no lo consideramos punible. Tampoco castigamos en nuestra sociedad la práctica del sexo, ni el hecho de ganar dinero con nuestro trabajo nos parece denigrante, aunque se podría disertar largamente sobre si el trabajo, entendido como ocupación retribuida nos hace libres o esclavos o si como fin en sí mismo puede darnos la felicidad, pero volviendo a lo que nos ocupa: ¿Por qué la combinación de sexo y retribución resulta inadmisible? Las mujeres estamos “autorizadas” socialmente a prestar servicios sexuales puntualmente si lo que obtenemos con ello es afecto, seguridad, familia, posición social e incluso profesional. Según algunas teorías, como por ejemplo las que plantean Mamen Briz y Cristina Garaizabal en su libro 'La prostituición a debate. Por los derechos de las prostitutas' (Madrid; Talasa, 2007), lo que verdaderamente castiga el estigma de puta es la autonomía femenina, y bueno, no podemos olvidar que vivimos en una sociedad patriarcal. No he hecho más que plantear preguntas tratando de responder una, pero espero haber facilitado algo el camino para que podamos sacar alguna conclusión con un denominador común, y el que se me ocurre es que tendremos que acordar es que en occidente no podemos permitir que hayan trabajadores sin derechos. Para aquellos que aleguen que no todas las personas que trabajan en la prostitución quieren hacerlo podríamos señalar que tampoco todas las personas que trabajan en los cajeros de un supermercado lo han elegido como mejor opción, pero no por ello deberíamos desposeerles de sus derechos como trabajadores. Si hemos llegado de acuerdo hasta este punto, quizás sería el momento de ir algo más allá y plantear que, en lugar de dividir entre buenos y malos, castos e impuros, en lugar de tratar de salvar de sí mismos a los que viven de la prostitución, deberíamos escuchar qué tienen que decirnos y no sólo acerca de sus necesidades sino también, e igualmente importante, acerca de sus saberes, que son muchos, a pesar de que en ocasiones pueda interesar silenciarlos. Por último quiero aclarar que este artículo hace referencia únicamente a la prostitución, en ningún caso hemos querido reflexionar aquí sobre la trata de blancas, la esclavitud o las mafias, delitos y delincuentes que pareciera más fácil de combatir si se tiene claramente delimitado y tipificado qué es un crimen y qué un oficio.

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"Chaupadi" la maldición de la mujer nepalí

Por: Rafael J. Lutzardo Hernández Es por ello, que esta situación coloca a la mujer de Nepal en un estatus inferior. El acceso a la educación rara vez se puede ver en las mujeres nepalís y, por consiguiente, más del 80% de las mujeres con 15 años de Nepal nunca ha ido a la escuela y solamente el 4% logra acceder a la enseñanza secundaria. Por otro lado, La división de castas también es determinante para que la mujer pueda o no recibir una educación. Las familias de las castas más altas tienen mucho mayor acceso a las escuelas e incluso varias de las niñas de familias adineradas han logrado acceso a algunos puestos en el Gobierno o el sector privado. Cuando una mujer contrae matrimonio en Nepal, su papel pasa a ser el de servir a la familia del marido. No tienen ni voz ni voto. No puede opinar. En muchos casos, las mujeres de Nepal desean tener un hijo varón para que en un futuro traiga a la familia a otra mujer y deje de recaer todo el peso de la casa sobre la madre. A pesar de que la Constitución ofrece a las mujeres una igualdad de oportunidades, lo cierto es que esta igualdad se basa en las creencias y en la situación económica y social de cada grupo étnico. Dependiendo de cada etnia, las mujeres de Nepal cuentan con más o menos libertad. A pesar de todo esto, el papel de la mujer en Nepal es trascendental para el desarrollo del país. Las mujeres nepalís se caracterizan por ser mujeres muy trabajadoras que luchan cada día por sacar a su familia adelante. Las mujeres de Nepal no están escondidas ni recluidas en sus casas como ocurre en otros países sino que es típico verlas charlando y riendo entre ellas por las calles de Nepal. La contribución económica que supone la mujer es imprescindible para el desarrollo del país, a pesar de que su salario es un 25% inferior al de los hombres. En las zonas rurales, las mujeres son las encargadas de la siembra y la cosecha. Otras de las maldiciones para la mujer de Nepal son las menstruaciones, que tiene por nombre `Chaupadi`, basada en las supersticiones hindú. En Nepal las mujeres son 'desterradas' por sus familias una vez al mes, cuando menstrúan. Esta tradición hindú tiene por nombre 'Chaupadi' y es muy seguida en el oeste del país, donde según Naciones Unidas un 95% aceptan la expulsión durante los días en que son "impuras". La costumbre se ha cobrado algunas víctimas. Por ejemplo, Roshani Tiruwa, una joven de 15, murió asfixiada por el humo de la lumbre que hizo para aguantar el frío del cobertizo donde la habían metido para pasar los días de castigo, según recoge The Objective. Según el padre de la niña aseguró que tenía agua y comida para pasar el día. Pero para el frío de la noche no había solución. Ante la falta de algo con lo que taparse -la tradición prohíbe el uso de mantas calientes y permite, como mucho, algo similar a una alfombra- Tiruwa optó por encender una hoguera pero la mala combustión acabó con su vida en la cabaña del destierro. No es la primera muerte durante el 'Chaupadi'. La duración del castigo es de hasta 11 días con el primer periodo y de entre cuatro y siete jornadas los meses posteriores. También se practica a las mujeres tras un parto. Durante ese tiempo marginadas, las mujeres no pueden entrar en sus casas, asearse, ir a la escuela o tocar a los hombres. También tienen prohibido consumir algunos alimentos ricos en nutrientes como leche, carne o mantequilla. Si toca un árbol, éste morirá; si bebe leche, la vaca dejará de darla... Esta tradición se basa en la creencia en los dioses y en la superstición y establece que serán castigadas todas las actividades que hagan mientras son impuras. Así son las castas y supersticiones hindú. Un mundo, donde la mujer no tiene derechos, pero si obligaciones, motivando ser obligadas y condenadas a los trabajos más primarios de la vida. Ojalá, en un futuro no muy lejano, esas mujeres nepalíes encuentren el lugar que les corresponden, especialmente en una sociedad referenciada por las castas, pudiendo conseguir el reconocimiento de una Constitución democrática de sus derechos, igualdad y libertades.

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La crisis de las industrias farmacéuticas en Venezuela

Por: Rafael J. Lutzardo Hernández Venezuela llora; se marchita, muere lentamente ante una dictadura chavista cruel y sin precedente en la historia del país caribeño. La corrupción; la inseguridad, la falta de alimentos, medicinas, motivan entre otras tantas cosas, una Venezuela bella y hermosa se vea despojada de sus importantes recursos de materias primas y de sus paisajes bellos. Una tierra agradecida, donde miles de personas vivieron en otra época con ilusión, esfuerzo y trabajo. Un país que abrió sus puertas a muchos emigrantes de distintos puntos de mundo, especialmente canarios y gallegos. Po otro lado, y en lo que respecta a la grave crisis sanitaria que en estos momentos atraviesas los ciudadanos del país caribeño, Daniel Lozano, en el periódico digital La Patilla, lo describe de la siguiente manera. Los venezolanos juegan desde hace años una especie de ruleta rusa con su vida. ¿Culpable? El desabastecimiento del 85% en farmacias y hospitales: de cada diez medicinas que se buscan, sólo se encuentran una y media. Las redes sociales se han convertido en la principal farmacia del país, donde se rastrea lo que no se encuentra en la calle y en donde manda la solidaridad. Estas son las claves de cómo Venezuela ha llegado a semejante crisis humanitaria: Así lo reseña elmundo.es Control de cambios. Las empresas farmacéuticas venezolanas no fabrican materia prima, ésta se importa, se procesa y se convierte en medicamentos. La dependencia de la importación es absoluta y por lo tanto también del esquema montado por el gobierno para adjudicar las divisas a los importadores. Un mecanismo contaminado por la corrupción, que según Jorge Giordani, vicepresidente económico de Hugo Chávez, provocó el desfalcó de 400.000 millones de dólares. Estalla la crisis económica. En 2012 el Estado comienza a acumular impagos con aerolíneas extranjeras, comerciantes, empresarios y también las empresas farmacéuticas, a las que otorga el mismo trato que a las demás. La deuda de las empresas nacionales y también de las transnacionales con sus proveedores en el exterior va creciendo con este sector tan básico hasta alcanzar la cifra de 5.700 millones. El desabastecimiento irrumpe en farmacias y hospitales. Precios regulados. El artículo 8 de la ley de regulación de precios incluye a las “moléculas” (principios activos) en el grupo de productos de precios congelados. Así una caja de ocho pastillas del conocido protector gástrico Omeprazol costaba dos centavos de dólar, lo mismo que los 30 comprimidos de Glucofage contra la diabetes. La imposición gubernamental sitúa a la industria contra las cuerdas y ante las pérdidas (fabricar estos medicamentos es más caro que su precio de venta) reduce al mínimo la fabricación de estos remedios. Se dispara la escasez. En 2014 se alcanza el 60% y en 2016 ya llega al 85%, tanto en medicinas de uso común como en tratamientos de alto costo. Se acabó el dinero. En septiembre de 2016 se paralizan todos los pagos al exterior. Si no se paga la materia prima: ¿cómo se pueden fabricar las medicinas? Alarma roja entre enfermos crónicos. En 2016 el Estado reduce la lista de las medicinas prioritarias y dejan fuera condiciones de salud crónicas más complejas: cáncer de mamas, esclerosis múltiples, condiciones psiquiátricas, artritis, hemofilia, transplantados, diálisis, VIH, paliativos… “Frenazo por completo de la llegada de productos”, recuerda Feliciano Reyna, fundador de Codevida. Cierre de farmacéuticas. Las deudas e impagos golpean duramente a la industria: de las 56 plantas farmacéuticas existentes, sólo sobreviven 15, tras la expropiación y cierre por contaminación de SM Pharma, creada por emigrantes españoles y considerado uno de las farmacéuticas más competentes del país. Solución a la cubana. El gobierno otorga la licitación de medicamentos a militares, que conforman compañías cercanas al poder que realizan compras internacionales a precios desorbitados. Los precios se multiplican en las farmacias, lo que se une a la escasez tan palpable. Del contrabando de la frontera, que incluía medicinas a precios irrisorios, se pasa a la triangulación: se vende muy barato al exterior y se recompra mucho más caro. Consecuencias. Los enfermos se convierten en los grandes perdedores del huracán bolivariano. Las víctimas directas del desastre son 140.000 enfermos de cáncer, más de 300.000 con dolencias cardiológicas, 300.000 enfermos crónicos, como Parkinson y hemofilia y 79.000 con VIH. Dejan de recibir tratamiento desde 2016 o lo reciben de forma intermitente, con todo lo que ello conlleva para el agravamiento de su salud. La “dieta” es tan severa que algunos se han visto obligados a recurrir a medicamentos veterinarios.

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La falsa publicidad de guachinche desparecerá de los restaurantes, casas de comidas, bodegones y tascas

Por: Rafael J. Lutzardo Hernández Poco a poco, y tras años de lucha por defender a los guachinches y a sus viticultores, comienzo a ver más luz en todo este negocio del mundo de la gastronomía en Canarias. Ni que decir tiene, que ni Gobierno de Canarias; Cabildo Insular de Tenerife y propios ayuntamientos, han sabido gestionar el complejo problema de los guachinches, motivando dilatarse en el tiempo para que muchos establecimientos se aprovecharan del nombre de guachinche como carnada para los clientes. No descubro nada nuevo si digo que cientos de locales aprovecharon el gran tirón de la denominación “guachinche” para hacer caja y poder atraer clientes a sus negocios, llegando incluso a denominar a estos nuevos locales “guachinches modernos” falseando deliberamente la tradición canaria que rodea a esta denominación. Guachinche es un local propio de la isla de Tenerife, bastante arraigado a la isla, en el que se ofrece comida casera tradicional, como acompañamiento al vino de cosecha propia o de la zona. Así mismo, esto locales tradicionales tienen que tener bien visible el distintivo de G (Guachinche). Anteriormente era una V. Es por ello, y tras presentarse el pasado año una moción ante la Comisión Plenaria Permanente de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Política Territorial, Agricultura, Pesca y Aguas en la que se debatió el día 20, sobre la actualización y mejora de la regulación de los guachinches, por Francisco Déniz, diputado del Grupo Parlamentario Podemos Canarias, donde se aprobó por mayoría. Dicha moción venía a decir: El Parlamento pide blindar el término 'guachinche' y ampliar el periodo de apertura hasta los seis meses. Esta iniciativa fue llevada a cabo por Paco Déniz y Fernando Sabater, portavoz del partido en la corporación insular, a petición de Rafael Lutzardo y Anghel Morales; cuya propuesta estuvo referenciada para la regulación de estos establecimientos tradicionales de comida como medio para impulsar el sostenimiento de la producción local y el paisaje rural. Señalar, que el de Decreto del Gobierno de Canarias 83/2013, de 1 de agosto, por el que se regula la actividad de comercialización temporal de vinos y los establecimientos donde se desarrolla, no se está cumpliendo y precisa de modificaciones, por lo que estima conveniente que el Gobierno de Canarias evalúe las consecuencias, porque a su juicio, necesitan una reforma adaptada a la situación actual. Del mismo modo, Déniz apuntó que existen varios problemas que están atacando a este sector. Por un lado, “el incumplimiento de determinados locales de la normativa”, en referencia a la oferta de un mayor número de platos de los permitidos, la venta de postres y bebidas que no cumplen lo establecido, y por otro, “el uso ilegal del término guachinche debido a la apropiación de cada vez más restaurantes y bodegas que lo utilizan como gancho”, a fin de obtener mayor popularidad. Un problema que Déniz señala como “uso fraudulento y publicidad engañosa” del término guachinche, que a su vez genera una competencia desleal. En alusión a este hecho, el diputado expuso que las cifras da la Comisión Turística del Cabildo no se corresponden con la realidad: unos 37 guachinches registrados frente a las recogidas por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa del Valle de La Orotava (Apymevo), que habla de entre 500 y 1.000 guachinches. Unas cifras desproporcionadas que se explican con el asentamiento de estos establecimientos en núcleos urbanos. Déniz indica que “la actividad de los guachinches genera cohesión municipal” asimismo destacó que además de ser una actividad económica, cultural y de ocio, también es “ejemplo de emprendimiento local” que genera empleo y sinergias con otros establecimientos del entorno, motivo por el que insta su necesaria regulación y distinción. A su vez, Fernando Sabater, insistió en que “el objetivo principal es sacar a los guachinches de este limbo legal e instar a los servicios jurídicos para recuperar el término”. Entre las propuestas que presentó el portavoz de Podemos en el Cabildo están flexibilizar el plazo de apertura establecido -4 meses- ampliando dos más; otra sería que la uva no solo proceda del titular sino también de sus familiares y otros allegados, “siempre del entorno inmediato, como una manera de proteger la producción”. También se habló de modificar el actual modelo de rótulo identificativo de los guachinches y el establecimiento de la administración pública de una página Web que recoja la información disponible en tiempo real de los guachinches registrados. Sabater indicó que una vez el Gobierno de Canarias “reconozca legalmente la denominación guachinche” le corresponderá al conjunto de las autoridades públicas “proceder a una labor de control” en la que se garantice el uso no fraudulento de los guachinches y se retiré esta denominación de aquellos establecimientos de restauración que no cumplen los requisitos pautados. Como es sabido, fue en Tenerife (al inicio en la comarca de Acentejo, desde donde se extendió luego a otras zonas del Norte y del resto de la Isla) donde se consolidó en la segunda mitad del siglo XX una modalidad de establecimientos que comercializan el vino de su propia cosecha como medio para dar salida a los excedentes del producto. Conocidos a partir de un momento como Guachinches, a la venta del vino en estos locales se agregó la oferta de algunos platos de la cocina tradicional, concebidos en origen como el acompañamiento necesario para que los compradores pudieran probar los caldos de las diferentes barricas hasta decidir cuál adquirían. A partir de ahí se fueron consolidando una actividad y unos establecimientos que terminaron por arraigar en la cultura vitivinícola y popular de una parte significativa de la población isleña, y que desde hace tiempo contribuye a complementar la oferta gastronómica, y hasta turística, existente en el medio rural. Antes de seguir adelante conviene detenerse en reconocer en los guachinches un ejemplo extraordinario de emprendimiento (en una época donde tanto se usa –y abusa– de este concepto) surgido desde la base sin apoyo institucional, desde la propia iniciativa de personas y familias del medio rural insular; una manifestación de la capacidad creativa orientada a sostener la rentabilidad de la actividad agrícola, desplegada durante un largo periodo (sobre todo a partir de los años sesenta y setenta) en que la economía y la cultura rurales iniciaron un lento –y, hasta ahora, inexorable– declive, en paralelo a la creciente desagrarización y terciarización de la sociedad canaria. En definitiva, un caso digno de elogio de resistencia; se podría hablar incluso de re-existencia, entendida como capacidad de adaptación y actualización creativa para seguir existiendo y proyectando hacia el futuro una actividad económica y cultural que, como la del vino, hunde sus raíces en el tiempo. Por otra parte, se pueden reseñar también algunos aspectos del efecto de arrastre de los guachinches, como su capacidad de generación de empleo local, más allá del trabajo en el campo, durante varios meses al año a personas del ámbito familiar y vecinal; su complementariedad positiva, cuando los guachinches se desempeñan como tales, con otros establecimientos de restauración del entorno, donde la gente acude después a disfrutar del postre, tomar café o una copa. Hay que observar, también, que durante los años más duros que siguieron al 'pinchazo de la burbuja inmobiliaria' a partir de 2007, para muchas personas y familias que quedaron en paro debido a la crisis de la construcción y la hostelería, cultivar la tierra recuperando huertas abandonadas, abrir nuevos guachinches adaptando una parte de su vivienda, o emplearse en los ya existentes, constituyó una oportunidad de sostenimiento económico familiar determinante. Por otro lado, los guachinches representan una oferta gastronómica y de ocio más asequible, aunque fuera ocasional, para muchas familias y personas afectadas por la crisis (y que difícilmente hubieran podido acudir a otro tipo de establecimientos). La Disposición adicional novena del Decreto 90/2010, de 22 de julio, reguló la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla, siendo luego modificado por el Decreto 29/2013, de 31 de enero. Aquel decreto ya había contemplado la actividad de comercialización al por menor y por tiempo determinado de vino de cosecha propia, procedente de viñedos pertenecientes o explotados por quien la ejerce y desarrollada en establecimientos o locales en los que, además, se pueda servir comida –en resumen, los Guachinches–, como actividad turística complementaria, sujetándola a su propia normativa. Sin embargo, y desde diferentes ámbitos, se vio pronto la necesidad de proceder a una regulación más precisa de esta actividad, que ya presentaba problemas de mixtificación y alejamiento de su sentido original. En efecto, se hacía creciente el riesgo de confrontación, que podía llegar hasta instancias judiciales, con los establecimientos convencionales de restauración (bares, restaurantes, tascas y bodegones), que acusaban a los guachinches de competencia desleal al beneficiarse de una situación fiscal mucho más favorable, pese a desenvolverse en algunos casos en la práctica casi como un restaurante más. El decreto del Gobierno de Canarias 83/2013, de 1 de agosto, por el que se regulan la actividad de comercialización temporal de vino de cosecha propia y los establecimientos donde se desarrolla, surgió, pues, como resultado del esfuerzo conjunto entre una parte significativa del propio sector vitivinícola local, personas promotoras de la cultura gastronómica insular y la administración pública. Se había identificado de manera correcta la necesidad de disponer de una normativa concebida especialmente para una actividad surgida de las propias comunidades rurales, pero que hasta entonces se desenvolvía en un limbo legal que, de prolongarse en el tiempo, podría llegar a ser muy problemático. En tal sentido, se reconocía de manera explícita que “La falta de regulación específica de esta actividad ha hecho proliferar una serie de establecimientos que no reúnen los requisitos propios, definitorios y originales de las bodegas y bodegones familiares, las ventas de vino, los guachinches, bochinches o buachinches, como se les denomina, pugnando en el mercado, de forma desleal, con la actividad propia de los restaurantes y bares-cafeterías. Son en definitiva, establecimientos en los que no se comercializa vino de la cosecha propia de su titular, la apertura no se vincula con la existencia del vino cosechado y producido, u ofrecen una carta amplia de comidas y bebidas y, por todo ello, no van a resultar amparados por el presente Decreto, debiendo cumplir, en consecuencia, las disposiciones aplicables a los establecimientos turísticos de restauración.” (Boletín Oficial de Canarias 2013/153. Viernes 9 de agosto de 2013). Sintetizando sus aspectos esenciales, el Decreto 83/2013 vino a plantear que: Se debe garantizar que el vino comercializado en los guachinches proceda de viñedos pertenecientes o explotados por la persona que ejerza la actividad y esté elaborado por ella misma (debiendo figurar la bodega inscrita en el Registro de Industrias Agrarias y en el Registro de envasadores de vino); El periodo de apertura del establecimiento concluirá en el momento en que se agote el vino de cosecha propia, no superando en ningún caso los cuatro meses al año; La oferta de bebidas se debe limitar a vino de cosecha propia y agua, pudiéndose ofertar, como acompañamiento, un máximo de tres platos diferentes de elaboración culinaria (así como encurtidos, frutos secos y fruta cultivada por la persona titular de la actividad o producidos en la zona); La comida anterior deberá estar basada en platos arraigados en la tradición culinaria local y elaborados con productos propios de la zona; con respecto a los locales, la norma señala que deben formar parte de la vivienda, bodega o cualquier otra construcción vinculada a labores agrarias, ubicada en la propia explotación o afecta a la misma, reuniendo las condiciones y adaptaciones necesarias para servir comida en los términos señalados más arriba. Aunque en general se pueden considerar razonables las anteriores especificaciones, lo cierto es que también se identifican algunos problemas en el desenvolvimiento actual del fenómeno de los guachinches. Tales problemas se pueden agrupar en dos: por un lado, el incumplimiento por parte de determinados locales de algunos aspectos de la normativa (con frecuencia, la oferta de mayor número de platos del establecido, así como la venta de postres o algunas bebidas distintas a lo estipulado). Pero esto se puede considerar, en cualquier caso, un asunto menor en comparación con el otro problema mucho más grave: la desvirtuación del término –y, más allá, del propio concepto– de guachinche, cuando éste se mixtifica y aparece como denominación de un número creciente de bodegones y restaurantes que en absoluto lo son (ni tienen intención de serlo, salvo para utilizar el 'gancho' de la denominación y su carga de popularidad positiva), puesto que ni son propiedad de personas que cosechan uva, ni elaboran vino, ni abren sólo durante el periodo en que se dispone de caldo de producción propia, amén de ofertar una carta muy alejada de la que corresponde a los guachinches. En efecto, estamos viendo cómo aparecen establecimientos con la denominación de ‘guachinche’ fuera de su ámbito original, alejados de las áreas de producción del viñedo y rurales en general, muchas veces en medio del callejero urbano y, hasta en ciertos casos, en pleno cogollo de algunas urbanizaciones turísticas. Se trata ahora de un caso de competencia desleal a la inversa, que podría recibir la calificación delictiva de publicidad engañosa. A lo anterior se suman algunos otros detalles y aspectos mejorables que la experiencia transcurrida desde la aprobación del decreto 83/2013 permite señalar. Se pueden plantear, por tanto, un conjunto de cuestiones que harán posible desarrollar una política proactiva de apoyo a la consolidación de los guachinches como instrumento positivo para sostener la economía, el paisaje y la cultura rurales, y por extensión, la conservación del medio ambiente insular a través del mantenimiento de usos agrarios del suelo (frente a riesgos como la erosión y los incendios, entre otros). Varias de las ideas que a continuación se proponen pueden nutrir también una puesta al día de la regulación en vigor que, reconociendo sus aspectos positivos, la actualice y mejore. Los siete puntos críticos que hemos identificado son los siguientes: (Que además del primero es el más importante). Se debe recuperar desde la Administración Pública, como garante del interés general, el registro y control de la denominación ‘guachinche’, garantizando que su uso se ciñe a los usos y costumbres que se construyeron socialmente, y han quedado correctamente recogidos en la normativa. Para ello, la administración pública canaria debe registrar la marca comercial ‘Guachinche’. Y, en el caso de que estuviera ya registrada por algún particular, iniciar con toda la legitimidad y el arropamiento jurídico necesario, los trámites judiciales para su recuperación, en el bien entendido de que una denominación genérica de esas características no puede ser en ningún caso objeto de privatización. A partir del momento en que se recuperen el sentido y el control público de esta marca, se perseguirá su mal uso, instando en un plazo razonable a todos los establecimientos de restauración que lo están utilizando de forma incorrecta a que lo sustituyan, y aplicando las sanciones correspondientes a quienes no lo hagan. Se debe estudiar la posibilidad de que el plazo máximo actualmente establecido de 4 meses de apertura de los guachinches se pueda ampliar por un periodo adicional (nunca superior a 2 meses más), en aquellos casos en que la persona titular de la explotación agraria pueda demostrar de manera fehaciente –mediante comprobación, si es preciso, por parte de los servicios de Extensión Agraria del Cabildo– que el volumen de uva cosechada en la propia explotación y de vino elaborado requiere la ampliación del plazo señalado para posibilitar su efectiva venta. Esta idea se justifica en la evolución socioeconómica real que ha conocido una parte de las explotaciones agrícolas que, dentro de su proceso de adaptación y modernización (de re-existencia, como se señaló más arriba), se esforzaron en aumentar la superficie cultivada mediante la compra o arriendo de tierras colindantes (o en otros ámbitos), así como en aumentar los rendimientos, introduciendo nuevas técnicas o mejoras productivas. La razón que ha alentado tales prácticas se vincula a la necesidad de alcanzar la escala productiva suficiente para amortizar las inversiones en la mejora de la bodega familiar (nuevos envases metálicos de mayor tamaño, sistemas de fermentación en frío, etcétera) que se requieren para obtener una producción vinícola rentable y de calidad. Otro tipo de situación problemática se da entre quienes, manteniendo la producción de viñedo, y deseando sostener la modalidad de comercialización principal del vino obtenido de su propia uva a través de un guachinche, les resulta más conveniente en la actualidad fermentarla en una bodega mayor o más tecnificada de un tercero (o, incluso, en alguna de las bodegas comarcales, que fueron precisamente promovidas en las pasadas décadas por este Cabildo Insular), de las que recibe el vino en garrafones que certifican tanto la pertenencia al Consejo Regulador correspondiente a su zona como la garantía del origen de la explotación agraria que aportó la uva. Es decir, que asegurando siempre que la persona titular del guachinche sea quien cosecha la uva (y contribuye con ello a la conservación del suelo y el paisaje agrario insular), se desvincule la obligatoriedad de que sea también la encargada de elaborar el vino. De este modo es más fácil también obtener plenas garantías de lo que hoy se entiende por calidad organoléptica de los vinos, al producirse en bodegas dotadas de mejores medios técnicos, incluido el asesoramiento enológico profesional. Otro aspecto a considerar es la regulación, como ya sucede en el caso de los Mercados y Mercadillos de venta directa de agricultoras y agricultores, de que la uva que se transforma en vino comercializado en el guachinche pueda proceder también de explotaciones agrícolas cuyos titulares sean personas parientes y/o vecinas del titular de éste. Reglamentando con precisión que deben proceder de fincas situadas en la misma zona, con una delimitación espacial concreta. De este modo (como en parte viene sucediendo ya, aunque de forma alegal –por no decir irregular–), los guachinches pueden consolidar su potencial como factor de desarrollo de un ámbito local y comunitario más amplio que el del núcleo familiar restringido. Como en otros casos, correspondería a los servicios de Extensión Agraria la comprobación y, en su caso, certificación, del origen local y comunitario de esa uva. Resulta muy conveniente modificar el actual modelo de rótulo identificativo de los guachinches. Señala el decreto 83/2013, regulador de los guachinches, que “en el exterior, junto a la entrada principal del establecimiento y en sitio visible, será obligatoria la exhibición de una placa-distintivo” (art. 6); y que “se faculta a la persona titular del departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con competencias en materia turística para dictar las disposiciones precisas en desarrollo y ejecución del presente Decreto, en especial para fijar el formato y las características de la placa-distintivo” (Disposición Final Primera). En la actualidad, esa determinación se ha resuelto optando por el logotipo de una 'V' (suponemos que por derivación de la inicial de 'vino' o 'viña'). Pero esta opción aleja a la placa-distintivo de la percepción común de un nombre tan arraigado y popular como el de Guachinche. Además, en el presente, opción oficial puede provocar confusión con los rótulos que identifican otra actividad económica en pleno auge, como es la del Alquiler Vacacional (con sus ventajas, pero también todos sus problemas asociados), y cuyo emblema gráfico es: 'Vv'. Por las razones anteriores, parece pertinente sustituir el logotipo actual por una 'G' mayúscula, que identifique y diferencie con claridad a los guachinches. Una vez implementados los puntos anteriores, y de forma particular el señalado en primer lugar, El gobierno de Canarias y las administraciones competentes, los servicios de inspección de la Policía Turística del Cabildo de Tenerife, en estrecha colaboración con los de Extensión Agraria y Desarrollo Rural del propio Cabildo, y con los Ayuntamientos de las zonas rurales concernidas, habrán ganado la legitimidad precisa para acometer una política de inspección, control y exigencia de cumplimiento de la normativa sobre los guachinches, en los dos sentidos mencionados: que los guachinches que lo son, lo sean de verdad cumpliendo con todas sus determinaciones; y que los establecimientos de restauración de naturaleza diferente, y que también desarrollan –obvio es decirlo– una función económica, social, cultural y turística fundamentales, se abstengan de utilizar en ningún caso la denominación 'guachinche'. Por todas las razones expuestas, el Parlamento de Canarias adopta los siguientes acuerdos: Instar al Gobierno de Canarias a que, como garante del interés general en este ámbito para el conjunto del Archipiélago Canario y administración competente en su regulación, proceda a registrar la denominación comercial 'guachinche', como paso previo indispensable para garantizar que su utilización se ajusta a los usos y costumbres construidos socialmente, y reflejados en la normativa en vigor. En el caso de que esa marca estuviera ya registrada por algún particular, instar a que los Servicios Jurídicos del gobierno de Canarias inicien con presteza los trámites judiciales necesarios para su recuperación, en el bien entendido de que una denominación genérica de esas características no puede ser en ningún caso objeto de privatización. Instar al gobierno de Canarias a la modificación de la normativa recogida en el decreto 83/2013 de 1 de Agosto, que regula la actividad de comercialización temporal de vino de cosecha propia y los establecimientos donde se desarrolla (Guachinches); para que, atendiendo a los cambios en la realidad productiva de este subsector, el plazo máximo actualmente establecido de 4 meses de apertura se pueda ampliar por un periodo adicional (nunca superior a 2 meses más), en aquellos casos en que la persona titular de la explotación agraria pueda demostrar de manera fehaciente –mediante comprobación, si es preciso, por parte de los servicios de Extensión Agraria de los Cabildo Insulares– que el volumen de uva cosechada en la propia explotación y de vino elaborado en la misma requiere la ampliación del plazo señalado para posibilitar su efectiva venta. Instar también al gobierno de Canarias a la modificación de la normativa reguladora de los Guachinches en su artículo 2.1.a, para regular de forma adecuada la posibilidad de que la uva que se transforma en vino comercializado en un establecimiento de esta naturaleza pueda proceder también de explotaciones agrícolas del entorno inmediato al guachinche; reglamentando con precisión la delimitación espacial permitida, y apoyándose en los servicios de Extensión Agraria de los Cabildos Insulares para la comprobación y, en su caso, certificación, del origen local y comunitario de esa uva. Instar igualmente al gobierno de Canarias a la modificación de la normativa reguladora de los Guachinches para que se admita la posibilidad de que el vino comercializado en estos establecimientos pueda haberse producido en bodega propiedad de un tercera persona física o jurídica, siempre y cuando quede convenientemente acreditado que la uva transformada en vino procede de explotación adscrita a la persona titular del guachinche. Instar al gobierno de Canarias para que, en la actualización y modificación legal del decreto 83/2013 de 1 de Agosto, ceda la autorización definitiva de apertura de los guachinches a los Ayuntamientos, de manera que estos también puedan ejercer un control sobre los mismos en atención a la normativa vigente. El Parlamento de Canarias promoverá la modificación de la placa-distintivo actual que identifica a los establecimientos dedicados a la comercialización temporal de vino de cosecha propia (Guachinches); sustituyendo el logotipo actual por otro consistente en una 'G' mayúscula, que identifique y diferencie con claridad a los guachinches de cualquier otro tipo de actividad comercial o de restauración. Control: ver de qué manera tenemos competencias en ello también La Policía Turística del Cabildo de Tenerife, en estrecha colaboración con los servicios de Extensión Agraria y Desarrollo Rural del propio Cabildo, y con los Ayuntamientos de las zonas rurales con presencia de guachinches, una vez implementados los acuerdos anteriores y de forma particular el señalado en primer lugar, acometerán una política mucho más activa de inspección, control y exigencia de cumplimiento de la normativa sobre los guachinches, en los dos sentidos mencionados en la parte expositiva de esta Moción: que los guachinches que lo son cumplan de manera efectiva todas las determinaciones recogidas en la normativa sectorial que los regula; y que los establecimientos de restauración que no lo sean no utilicen en ningún caso la expresión ‘guachinche’ en su denominación.

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Los robots del futuro contra la mano laboral del hombre

Por: Rafael J. Lutzardo No hay dudas de que el avance tecnológico del comienzo del siglo XXI avanza a velocidad de crucero. Una tecnología que se interpone entre el ser humano y la rebótica como medio de divulgación científica y tecnológica. Al igual que sucediera en la segunda parte del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX; tuvo lugar un periodo que quedó en la historia como Revolución Industrial, motivando grandes transformaciones y donde la máquina como herramienta industrial y científica sustituyó la mano del hombre. Hay que recordar, que con la Revolución Industrial, nacida en el epicentro de Inglaterra, motivó que la industria y las actividades manufacturadas sustituyeran al trabajo manual. Esto supuso la mecanización de múltiples procesos productivos y la eliminación de miles de puestos de trabajo, ya que dichas tareas pasaron a ser realizadas por máquinas. Algo parecido esta ocurriendo en la actualidad de este comienzo del siglo XXI, donde los robots se hacen fuertes en el mundo laboral y están revolucionando los entornos de trabajo. Es por ello, que el objetivo de esta revolución mecanizada es adelantarse a un futuro con puestos totalmente automatizados, sobre la mesa del Parlamento Europeo descansa una propuesta, conocida como Informe sobre Personas Electrónicas, que pretende que las máquinas inteligentes paguen impuestos y coticen a la Seguridad Social. Ante esta nueva revolución industrial robótica, un informe augura que el 34% de los empleos actuales estarán en peligro en 2030 en España por lo que la automatización hace revivir un debate que ya afrontó en parte el Parlamento Europeo hace un año. Sin embrago, ya no es cosa del futuro. Los robots sustituyen progresivamente a los trabajadores y eso implica cada vez menos ingresos para la Seguridad Social. De ahí, la preocupación del sindicato UGT, el cual propone "que los beneficios que producen las nuevas tecnologías a costa de los puestos de trabajo se repartan". Del mismo modo, el Foro de Davos prevé que hasta 2020 se destruyan más de cinco millones de puestos de trabajo por la robotización. Según la OCDE, España será el tercer país más afectado tras Austria y Alemania. Aquí está en peligro el 12% del empleo, el equivalente a dos millones de trabajadores. La idea de que los robots paguen impuestos no es nueva; en mayo, los progresistas la llevaron al Parlamento Europeo. Las empresas del futuro ya comienzan a planificar estrategias laborales de cara al rendimiento y costes que les pueden suponer un robot y un ser humano en el mundo labora. Es decir, los robots nunca están enfermos, no se quejan ni se cansan, tampoco se marchan de vacaciones o pierden el tiempo con llamadas telefónica. Son 'casi' un sueño para muchos responsables de recursos humanos: más baratos y eficaces. Cada vez más tareas, antes reservadas a los humanos, las desempeñan ordenadores y robots. Asistimos a una nueva revolución que no contribuirá al restablecimiento del pleno empleo en ningún país, pero puede potenciar las cualidades individuales de cualquier trabajador. Así pues, y ante este nuevo fenómeno industrial tecnológico en el mundo laboral, la Unión Europea apuesta sobre la necesidad de que los robots coticen y paguen impuestos como cualquier trabajador para mantener el estado de bienestar. El proyecto abre el debate sobre la posibilidad de crear una bolsa común para todo tipo de máquinas inteligentes o crear un impuesto individualizado en función de categorías. Otra duda que se plantea es a quién se debería gravar, si al propietario del robot, a quien lo fabrica o a quien lo emplea en sus instalaciones. E, incluso, con qué periodicidad. En España, la ley que regula el IRPF no permite la posibilidad de que se establezca un impuesto a las máquinas, ya que sólo prevé que se aplique a las personas físicas. Esta idea también exigiría revisar el Impuesto de Sociedades, ya que éste sólo hace referencia a las personas jurídicas, pero no incluye a las electrónicas (robots). La ley de la Seguridad Social necesitaría una actualización, porque de lo contario, al gravar a los robots, éstos también tendrían derecho a las prestaciones sociales.

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Simón Díaz; el hombre de las libertades que unió a gobernantes y opositores

Por: Rafael J. Lutzardo Hernández ¿Qué diría el gran músico y compositor venezolano, Simón Díaz, si estuviese vivo, de la actual Venezuela que le vio nacer y crecer como persona y profesional de la música; pidiendo a gritos de desesperación el derrocamiento dictatorial del Gobierno de Nicolás Maduro? ¿Qué canción hubiese compuesto Simón Díaz de esa Venezuela que se marchita entre el hambre, la miseria y lágrimas de dolor? Un artista que supo granjearse el respeto, la simpatía y admiración de toda América Latina. El hombre que unió a gobernantes y opositores, aunque fuera por unas horas. Como escribe en el periódico La Nación, el periodista Luis Gregorich, en pleno desarrollo de la crisis venezolana, el pasado 19 de febrero, mientras las manifestaciones oficialistas y opositoras asolaban Caracas y otras ciudades, hubo un viejo cantor y compositor que con su muerte física pudo reunir a los dos bandos, excepcionalmente, en su homenaje. El presidente Maduro se dio su tiempo para encabezar las honras fúnebres de esta figura de la cultura y el mundo civil; el líder opositor Leopoldo López también lo despidió con emoción. Simón Díaz era, quizás, el mayor exponente vivo de la tradición folklórica de su país, y en especial de aquella música llanera que representa a su manera - tan diferente y sin embargo con algunos rasgos comunes con nuestra expresión pampeana- la vida de las planicies venezolanas y los cantos de trabajo y de fiesta de sus pobladores. Había nacido en Barbacoas, Urdaneta (estado de Aragua), el 8 de agosto de 1928. Aprendió muy joven a tocar el cuatro, la pequeña y expresiva guitarra de su tierra. A partir de 1940 vivió en San Juan de los Morros (Guárico) y más tarde se radicó en Caracas, donde completó su formación musical. En la década de 1950 se hizo conocer y consolidó su popularidad con un programa radial, El llanero , que más tarde sería sucedido por éxitos aun mayores en apariciones televisivas, en especial una dedicada al público infantil, Contesta por tío Simón . En adelante sería el Tío Simón para los chicos venezolanos. Trabajó también como actor en varias películas. Al mismo tiempo, una fecunda asociación con el compositor y productor Hugo Blanco le permitió iniciar su larga carrera discográfica, con especial consagración a la canción llanera, y sobre todo al rescate de la tonada, a la que enriqueció con decenas de títulos. Simón Díaz también tuvo (y mantiene) su canción insignia: "Caballo viejo", a la que hay que agregar, entre muchos otros títulos, "El becerrito", la "Tonada del cabrestero", "Sabana", la "Tonada de luna llena" (Almodóvar la incluyó, cantada por Caetano Veloso, en su película La flor de mi secreto ) y "Mi querencia". Se ha dicho de "Caballo viejo" que, junto a la clásica "Alma llanera" de Pedro Elías Gutiérrez (que cumple un siglo en este año), es el emblema de la canción popular venezolana; en todo caso, es la más grabada, con más de 350 versiones en 12 idiomas y por intérpretes como Julio Iglesias, María Dolores Pradera, Rubén Blades, Opus Cuatro, Armando Manzanero, Martirio y Plácido Domingo. ¿Cuál es el valor de este viejo cantautor que, muriéndose, consiguió reunir, al menos por un instante, a gobernantes y opositores separados por un duro tumulto político? Tal vez, haber sido, junto a creadores como Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra o Chabuca Granda, constructor de una nueva escena musical, a pesar de sus orígenes y de influencias llegadas de Europa y África. Somos distintos. Y Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar (los padres de los Simones que siguieron), lo sostuvo, allá por 1840, al referirse a nuestro continente: "La lengua, los tribunales, los templos y las guitarras engañan al viajero... Se habla, se pleitea, se reza y se tañe a la española, pero no como en España". Por último, Simón Díaz murió el 19 de febrero de 2014, pero su legado como persona y profesional de la música siguen siendo referencias en toda Venezuela y en América Latina. Un hombre que fue exponente de la creatividad y de sus cánticos de la Venezuela hermosa, bella y romántica. En cada una de sus composiciones había un mensaje; una historia real de una determinada familia. Yo pude escuchar algunas de sus canciones en CD cuando estuve en Venezuela. Me cautivó y a partir de ahí Simón Díaz fue unos de mis ídolos preferidos de la América Latina. De esa bella Venezuela que en la actualidad llora al ser despojada de sus derechos y libertades.

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