¿Qué España recibiría un Gobierno del PP y Vox? La herencia de Sánchez, entre los avances económicos y las asignaturas pendientes
A pocos días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, España se encuentra ante una posible alternancia política. Si finalmente las urnas y los acuerdos parlamentarios permiten que el Partido Popular y Vox formen Gobierno, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal no llegarían a La Moncloa para empezar desde cero

22.11.2026 | Redacción | Opinión
Por: Gregorio Gutiérrez
Tagoror Digital Canarias
A pocos días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, España se encuentra ante una posible alternancia política. Si finalmente las urnas y los acuerdos parlamentarios permiten que el Partido Popular y Vox formen Gobierno, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal no llegarían a La Moncloa para empezar desde cero. Recibirían un país con luces y sombras, con avances que sería injusto ignorar y problemas que sería imposible esconder.
La pregunta es inevitable: ¿qué herencia deja Pedro Sánchez y a qué realidad tendría que enfrentarse un nuevo Ejecutivo?
La respuesta no puede limitarse a los discursos de campaña. Hay que mirar las cifras, analizar la situación de las instituciones y, sobre todo, comprobar cómo vive la ciudadanía.
Una economía que crece, pero con problemas de fondo
Uno de los argumentos que el Gobierno de Sánchez puede presentar como balance de gestión es el comportamiento de la economía española. Según el avance de la Contabilidad Nacional del INE, el PIB creció un 0,6 % en el tercer trimestre de 2026 respecto al anterior y un 2,7 % en términos interanuales.
También ha aumentado el empleo. La Encuesta de Población Activa del tercer trimestre contabilizó 22,85 millones de personas ocupadas, aunque el paro se situó en 2,59 millones y la tasa de desempleo alcanzó el 10,18 %.
Son datos que muestran una economía en expansión y una creación de puestos de trabajo que no se puede atribuir exclusivamente a una decisión gubernamental: también intervienen la actividad empresarial, el consumo, la inversión y el contexto internacional.
Pero el crecimiento macroeconómico no siempre llega con la misma intensidad a los hogares. Para muchas familias, la realidad sigue marcada por el coste de la cesta de la compra, los alquileres, las hipotecas y la dificultad de llegar a final de mes.
El nuevo Gobierno heredaría, por tanto, una economía que crece, pero con una pregunta pendiente: cómo convertir ese crecimiento en una mejora perceptible de la calidad de vida.
La deuda pública: una factura que seguirá presente
La situación de las cuentas públicas será uno de los grandes desafíos. El Banco de España situó la deuda de las administraciones públicas en septiembre de 2026 en 1,767 billones de euros, equivalente al 100,3 % del PIB.
Es cierto que la proporción sobre el PIB ha bajado respecto al 103 % registrado un año antes. Sin embargo, el volumen de deuda continúa siendo muy elevado y limita el margen presupuestario de cualquier Ejecutivo.
El problema no consiste únicamente en cuánto se debe, sino en cuánto cuesta financiar esa deuda y qué capacidad queda para atender nuevas necesidades: sanidad, educación, pensiones, infraestructuras, seguridad o políticas sociales.
Un Gobierno del PP y Vox tendría que explicar cómo pretende reducir el endeudamiento sin trasladar el ajuste a los ciudadanos mediante recortes, mayores impuestos o una reducción de inversiones. La responsabilidad fiscal no puede convertirse en una consigna: debe traducirse en decisiones concretas y explicadas.
Vivienda: el problema que no admite más aplazamientos
Si existe una cuestión capaz de poner de acuerdo a generaciones muy distintas es la dificultad para acceder a una vivienda.
Jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler y trabajadores que no encuentran alojamiento asequible en las zonas donde tienen su empleo dibujan una realidad que se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del país.
La Comisión Europea ha advertido de los problemas de oferta, de la lentitud administrativa y de la escasez de vivienda social en España, cuyo parque representa menos del 2 % del total, frente a una media europea cercana al 7 %.
El Gobierno saliente deja, por tanto, una asignatura pendiente de enorme dimensión. Pero el eventual Ejecutivo entrante tampoco podrá resolverla únicamente derogando leyes o modificando regulaciones.
Necesitará suelo disponible, colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, seguridad jurídica, inversión pública y privada, más vivienda protegida y procedimientos administrativos eficaces.
La ciudadanía no espera una batalla ideológica sobre la vivienda. Espera poder vivir en ella.
Empleo, pensiones y servicios públicos
El mercado laboral presenta una evolución positiva en términos de ocupación, pero el desempleo continúa siendo un problema, especialmente entre determinados colectivos y territorios. La calidad del empleo, los salarios, la productividad y la estabilidad laboral seguirán siendo cuestiones centrales.
También está sobre la mesa la sostenibilidad del sistema de pensiones. El aumento de las cotizaciones y los ingresos de la Seguridad Social es un elemento favorable, pero el envejecimiento de la población y el incremento del gasto obligan a planificar a largo plazo.
En sanidad, educación y dependencia, el nuevo Ejecutivo heredaría competencias compartidas con las comunidades autónomas. Por eso, no sería riguroso atribuir todos los problemas al Gobierno central. Las listas de espera, la falta de profesionales, las dificultades de financiación y las diferencias territoriales exigen coordinación entre administraciones.
La cuestión será comprobar si el cambio político se traduce en una mejora real de los servicios o si termina siendo, simplemente, un cambio de prioridades presupuestarias.
Los fondos europeos: una oportunidad que debe llegar a la economía real
Otro elemento importante de la herencia será el Plan de Recuperación financiado con fondos europeos Next Generation.
El Ejecutivo de Sánchez presentó en septiembre la séptima y última solicitud de desembolso, por valor de 25.861 millones de euros. El plan contempla una asignación total de 101.300 millones.
Pero hay un matiz fundamental: presentar una solicitud no significa que todo el dinero esté definitivamente aprobado, cobrado y convertido en inversiones útiles. La evaluación europea de los hitos y objetivos pendientes será determinante.
El futuro Gobierno tendrá que garantizar que los proyectos no se paralicen, que los recursos lleguen a empresas, autónomos y administraciones y que las inversiones produzcan resultados medibles. Sería un error convertir una herramienta de modernización en un nuevo campo de enfrentamiento partidista.
Una herencia política e institucional compleja
Más allá de la economía, el nuevo Ejecutivo recibiría un escenario político marcado por la fragmentación parlamentaria, las tensiones territoriales y las dificultades para construir acuerdos estables.
La relación con los partidos independentistas, el debate sobre la financiación autonómica, la política territorial y las diferencias sobre la organización del Estado han sido elementos centrales de la legislatura.
Un Gobierno formado por PP y Vox tendría que gestionar esas mismas tensiones, aunque desde posiciones ideológicas distintas. También tendría que concretar sus diferencias en asuntos como inmigración, memoria democrática, políticas de igualdad, modelo autonómico y relación con las instituciones europeas.
La coalición, si se produce, no estaría exenta de dificultades. PP y Vox comparten determinadas posiciones, pero no necesariamente todas sus prioridades ni sus soluciones. Gobernar exige algo más que coincidir en la crítica al adversario: exige presupuestos, acuerdos, legislación y capacidad para gestionar las consecuencias de cada decisión.
Canarias: una realidad que no puede quedar al margen
Para Canarias, el cambio de Gobierno tendría una importancia especial. La comunidad autónoma afronta desafíos propios: dependencia del transporte aéreo y marítimo, coste de la insularidad, presión turística, dificultades de acceso a la vivienda, salarios y productividad, conectividad, financiación de servicios públicos y gestión de la inmigración.
La llegada de personas migrantes por vía marítima, especialmente a las islas orientales y a El Hierro, exige una respuesta coordinada, recursos suficientes y mecanismos de solidaridad entre territorios. No basta con convertir la inmigración en un argumento de confrontación política.
Un eventual Gobierno de PP y Vox tendría que aclarar cómo piensa abordar la distribución de menores no acompañados, la cooperación con los países de origen y tránsito y la protección de las fronteras, sin olvidar las obligaciones humanitarias y legales de España.
Canarias necesita soluciones estables, no compromisos que cambien con cada ciclo electoral.
La verdadera prueba comienza después de las elecciones
Si PP y Vox llegan al Gobierno, recibirán una España con una economía que mantiene el crecimiento, un mercado laboral con más ocupación que en años anteriores y una importante oportunidad de inversión europea. Pero también encontrarán una deuda pública superior al billón y medio de euros, un problema de vivienda de difícil solución, desempleo todavía elevado y servicios públicos sometidos a una demanda creciente.
No sería justo presentar toda la herencia como un desastre, del mismo modo que tampoco sería riguroso describirla como un balance sin problemas.
Pedro Sánchez dejará una etapa política marcada por decisiones económicas y sociales que tendrán continuidad, revisión o derogación, según las mayorías parlamentarias. Algunas medidas podrán ser modificadas, pero los problemas estructurales no desaparecerán con un cambio de presidente.
Y aquí estará la verdadera prueba para Feijóo y Abascal: demostrar que sus propuestas pueden convertirse en políticas eficaces, que sus compromisos son compatibles con las cuentas públicas y que las diferencias entre ambos partidos no terminan condicionando la estabilidad del país.
La ciudadanía no necesita que el nuevo Gobierno dedique sus primeros meses a explicar lo mal que lo hizo el anterior. Necesita respuestas sobre cuánto costará vivir, cómo acceder a una vivienda, qué futuro tendrán las pensiones, cómo mejorará la sanidad y qué oportunidades encontrarán los jóvenes.
La herencia de Sánchez será, en definitiva, una combinación de avances y problemas pendientes. El eventual Gobierno de PP y Vox podrá señalar las responsabilidades del Ejecutivo saliente, pero desde el momento en que asuma el poder también asumirá las suyas.
Porque ganar unas elecciones permite llegar al Gobierno. Lo verdaderamente difícil es gobernar para todos y mejorar la vida de quienes esperan resultados, no nuevas promesas.



