Rafael J. Lutzardo Hernández19.05.2019 | Redacción | Opinión
Por: Rafael J. Lutzardo Hernández
El Salto es una propuesta impulsada por el periódico Diagonal y más de 20 proyectos comunicativos de todo el Estado para lanzar un nuevo medio con más recursos y dirigido a un público amplio. En esta ocasión pública un artículo muy interesante sobre la gran mentira de la Constitución española.
Es el texto constitucional más estable de la historia de España. En muy pocas ocasiones ha tenido que ser modificado, la más importante tras el estallido de la crisis para garantizar la superioridad de los derechos de los acreedores (artículo 135) , y solo recientemente se han descubierto algunos de sus artículos punitivisitas: el 155 y el mentado pero no aplicado 116.
La gran mentira en torno a la Constitución del 78 no está en su texto, ni en los artículos que nunca se han hecho efectivos, como el 47 sobre vivienda, el artículo 1 o el 23, sobre soberanía o derechos de participación política. Esas malas interpretaciones u omisiones no dejan de ser consecuencia del día a día legislativo y de la acción política –“ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”, dijo el Conde de Romanones en una proposición que explica la intocabilidad y hasta cierto punto la inutilidad de la Carta Magna–.
Sin embargo, la falsedad en torno a la Constitución es otra y parte de una frase que se repite a menudo, especialmente en los últimos días. La dijo Mariano Rajoy en el Senado durante la votación para la aplicación del artículo 155 y la repite hoy el periodista monárquico Javier Ayuso en El País: “El derecho a decidir no es más que una trampa para socavar los cimientos del Estado de derecho que nos dimos todos los españoles en 1978”.
Ayuso, por supuesto, parte de una verdad: la Constitución salió aprobada por amplia mayoría en 1978. Pero su proposición busca hacer extensiva a todas las épocas ese momento de aprobación de un texto y –aquí radica la falsedad– hacer extensiva a toda la sociedad la participación en ese momento fundacional. Todos votamos la Constitución, señala Ayuso, luego todos estuvimos de acuerdo en establecer una reglas del juego que son las que hay que respetar. Pero ¿usted recuerda haberla votado? Si nació después del año 60 la respuesta es que no puede recordarlo porque nunca lo hizo. No se sienta solo, hay otros 23 millones de personas en su misma situación.
Incompetencias y caos. Se ha escrito mucho y muy bueno sobre el proceso constituyente del periodo 1977-1978. Reservados de restaurante, algún güisquicheli, cartones de Rex, etc. Hubo siete ponentes, los siete varones, y faltó la representación del nacionalismo vasco, que llamó a la abstención en el referéndum de ratificación del 6 de diciembre de 1978.
Aquella consulta tuvo accidentes significativos a la hora de la realización del censo. Un artículo en Vilaweb resume algunas de esas anomalías, fruto seguramente de la falta de músculo democrático tras 40 años sin ejercitarlo. El propio El País denunció la incompetencia y el caos ministerial en un referéndum que puso los cimientos de lo que hoy disfrutamos.
El 6 diciembre de 1978, el 58,97% del censo electoral votaba ‘sí’ a la Constitución elaborada por los siete padres fundacionales. El texto se aprobaba en todas las provincias, aunque en Álava, Guipúzcoa, Lugo, Orense y Vizcaya, la cifra de votantes estaba muy por debajo de la mitad del total de personas con derecho a voto: por diferentes motivos, en esas provincias la abstención barrió.
Partiendo del hecho cierto de que la Constitución fue avalada en aquel día de diciembre del 78, los datos no avalan la posición actual de que una mayoría la aprobó. La primera intencionalidad del error –mentira, por reiteración– es negar el cambio generacional en España, más sencillamente, negar que el tiempo pasa.
Los datos señalan claramente que el tiempo ha pasado desde que la Constitución del 78 sentó las bases de un acuerdo entre las generaciones de la guerra y los nacidos después del año 39. Hoy, más de 23 millones de personas aceptan o tratan de problematizar una Constitución que nunca eligieron.
¿Cuántas personas votaron la Constitución? Sobre un censo de 26.632.180 votaron 17.873.271 personas (hubo un 0,75% de votos nulos). Se abstuvieron 8.758.909 personas (32,89%). De los 17 millones largos que votaron, 1.400.000 votaron no, y otras 600.000 personas votaron en favor.
En la actualidad, el censo electoral es de 36.520.913. Si ninguno de los 15 millones de votantes de la Constitución del 78 hubiera fallecido, estos constituirían el 43% de la población con derecho a voto. Pero eso es imposible: la vida eterna no está asegurada por ninguna Constitución del mundo.
Lo cierto es que actualmente hay 13.328.915 personas que tienen más de 57 años. Dejemos al margen el hecho de que entre las 600.000 que tienen 57 años justos hubo, lógicamente, algunas que no pudieron votar (el censo se amplió hasta los 18 durante la propia campaña). Dejemos incluso al margen el hecho de que de los 13 millones de personas de más de 57 hay una parte significativa que ha pasado a vivir en España con posterioridad a 1978: aquellas personas retornadas de la migración y nuevos ciudadanos que tenían la mayoría de edad en el momento en que se votó la Constitución y que han llegado a España en el período 1978-2017.
Incluso contando con que esos 13 millones de personas hubieran ratificado la Constitución (de hecho, las personas que hacen examen de nacionalidad están obligadas a hacerlo), es lógico trasladar los porcentajes de participación en el referéndum al “censo” actual de personas que pudieron votar entonces.
En 1978 votó un 67,11% de la población. Sobre los 13 millones que tienen más de 57 años, esto supone que votaron casi nueve millones. Si se cuenta con que el 88% votó sí en el referéndum hay que situar la cifra efectiva en 7,9 millones. Es la cifra más aproximada al “todos los españoles” al que se refieren los partidarios del consenso cerrado en 1978 con la aprobación de la carta.
En la actualidad, el censo de población residente es de 46 millones. Descontados los ocho millones largos de personas que tienen menos de 18 años, las personas que pueden corresponder a esos “todos los españoles” son 38, de los cuales 7,9 millones es el 20% justo. Siendo muy generosos, y excluyendo también el hecho de que en 2017 hay cuatro millones de mayores de edad que no tienen reconocido el estatus de ciudadanía en el censo electoral, pese a todas las excepciones que se han especificado, el resultado es que en la actualidad hay menos personas vivas que votaron la Constitución que aquellas que no han podido decidir sobre ella.
Un error repetido. Nadie recuerda los fastos de celebración del décimo aniversario del plebiscito sobre la Constitución Europea de 2005. Nadie los recuerda porque no los hubo. La consulta popular no vinculante sobre el Tratado para la Constitución en Europa fue de tono menor en España, uno de los pocos países que lo aprobó después de consultar con la ciudadanía.
Tras el ‘no’ sonoro de Francia, la oportunidad de encontrar un nuevo marco de convivencia con algo de legitimidad ciudadana desaparecía en favor de un Tratado, el de Lisboa, que ha establecido normas que, como se ha comprobado (a través del artículo 135), se superponen a la Constitución de 1978, esa que votaron (no) todos los españoles.
Incluso los varones de más de 57 años, aquellos que se ven como “padres delegados” de la carta de 1978, admiten la necesidad de modificarla para adecuarla a los nuevos tiempos. Dependerá de todos y todas, de quienes nacieron antes de 1960 y quienes han nacido en el siglo XXI, que esta vez no se diseñe en reservados de restaurantes entre siete varones que escribieron aquella vez el destino de “todos los españoles”.
