30.09.2026 | Canarias

La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Esther González reclamó hoy al Gobierno de CC y el PP, en comisión, la paralización de la macrogranja de lubinas en la costa de La Aldea. La diputada del grupo nacionalista puso sobre la mesa el rechazo unánime del Ayuntamiento, del Cabildo de Gran Canaria, las 12.195 firmas contrarias a la instalación, los grupos ecologistas y las cofradías de pescadores

Esther González exigió al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, que transparentara la posición del Ejecutivo de las dos derechas canarias.

La parlamentaria nacionalista defendió el amplio rechazo social, institucional y pesquero al proyecto. Citó los pronunciamientos unánimes en contra del Ayuntamiento, cuya Alcaldía es responsabilidad de Pedro Suárez, y del Cabildo de Gran Canaria; así como de las cofradías de pescadores, las organizaciones ecologistas y otros colectivos sociales.

Advirtió de que afecta a un entorno de especial valor ambiental, la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y próximo a espacios marinos protegidos de la Red Natura 2000. Apeló González a la relevancia de evaluar adecuadamente las repercusiones sobre el medio marino y las especies en la zona, como el angelote, catalogado en peligro crítico de extinción.

Esther González informó que el Ayuntamiento de La Aldea presentó, el pasado 17 de septiembre, las alegaciones al estudio de impacto ambiental, acompañadas de dos informes técnicos, uno externo y otro elaborado por los propios servicios municipales. Según expuso, ambos documentos cuestionan que el estudio cumpla las exigencias de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, y señalan deficiencias relacionadas con la incidencia sobre la pesca artesanal, el medio marino, el paisaje, el patrimonio y los riesgos asociados a la instalación.

Hizo hincapié en que la concesión administrativa aún no se ha otorgado y reclamó al consejero que aclarara si el Ejecutivo considera autorizar la macrogranja en este emplazamiento. Recordó que la plataforma ciudadana contraria a la citada instalación había entregado a la consejería 12.195 firmas de rechazo. Para Esther González, esta movilización, junto con los acuerdos institucionales y la negativa de las cofradías y grupos ecologistas son argumentos suficientes como para que el Ejecutivo tome una decisión.

Precisó que NC-BC no se opone a la acuicultura en Gran Canaria, una actividad que consideró compatible con el desarrollo económico de la isla, siempre que las instalaciones se ubiquen en lugares adecuados y se garantice la protección del entorno.

«No cualquier instalación es apta para ubicarse en cualquier sitio y, más concretamente en las costas de La Aldea que no son las adecuadas para esta macrogranja», defendió González. Mantuvo además que en la zona existe una actividad pesquera tradicional que lleva años desarrollándose.

Insistió en que la inclusión de la zona de ubicación del proyecto en la planificación acuícola “no significa que haya que autorizar la concesión”. En su opinión, corresponde al Gobierno presidido por Fernando Clavijo tomar una resolución. La misma, añadió, debe tener en cuenta “todo lo que se ha puesto encima de la mesa”, y no solo el cumplimiento de los trámites administrativos, como defendió el consejero.

Esther González advirtió de que, si el Ejecutivo opta finalmente por otorgar la concesión, deberá explicar “cómo compatibilizar” esa instalación con la protección de la pesca artesanal, el paisaje y el medio marino. También que, como agregó, se tomará “ignorando” la negativa unánime de la institución municipal e insular, los colectivos pesqueros, las vecinas y los vecinos y la población de la zona norte de Gran Canaria, en general.

La parlamentaria de NC-BC pidió a Quintero que estudie las fórmulas administrativas oportunas para paralizar la tramitación del proyecto en el emplazamiento previsto.