El Hierro, ante una nueva presión migratoria: los menores no pueden esperar

01.11.2026 | Redacción | Opinión

Por: Gregorio Gutiérrez

Redacción Tagoror Digital Canarias

Hay situaciones que, por repetirse, corren el riesgo de dejar de sorprendernos. La llegada de cayucos a Canarias es una de ellas. Sin embargo, que una realidad se convierta en habitual no significa que deba aceptarse como inevitable, ni mucho menos que podamos acostumbrarnos a sus consecuencias.

El Hierro vuelve a encontrarse en el centro de una situación que supera ampliamente sus dimensiones territoriales y sus posibilidades asistenciales. Durante la última semana de octubre, la isla recibió un importante número de embarcaciones procedentes de las costas africanas. Miles de kilómetros de océano, travesías peligrosas y personas que, en muchos casos, llegan exhaustas, deshidratadas y necesitadas de atención sanitaria.

Pero hay un aspecto que merece una atención especialmente urgente: la presencia de menores de edad entre quienes desembarcan.

No estamos hablando únicamente de estadísticas migratorias, expedientes administrativos o cifras de ocupación. Estamos hablando de niños y adolescentes que, por circunstancias familiares, económicas, sociales o políticas, han terminado protagonizando una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

El Hierro, una isla pequeña ante un problema de grandes dimensiones

Las cifras conocidas durante los últimos días reflejan la magnitud del desafío. La llegada de 1.539 personas en apenas una semana, a bordo de una veintena de cayucos, constituye un episodio de enorme presión para una isla que apenas supera los 11.000 habitantes.

El problema no reside solamente en el número de personas que llegan, sino en la concentración de desembarcos en periodos muy cortos y en la necesidad de proporcionar una respuesta inmediata.

El puerto de La Restinga se convierte, una vez más, en la primera puerta de entrada de una emergencia humanitaria que requiere la intervención coordinada de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Nacional, servicios sanitarios, Cruz Roja y administraciones públicas.

La solidaridad de los profesionales y voluntarios que trabajan sobre el terreno merece reconocimiento. Son quienes afrontan directamente una realidad que, con frecuencia, se gestiona desde despachos situados a cientos o miles de kilómetros.

Sin embargo, la solidaridad no puede sustituir a la planificación.

El Hierro no puede asumir de manera recurrente una presión asistencial para la que no dispone de infraestructuras ni recursos dimensionados.

Los menores, la verdadera prioridad

La cuestión adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando se analiza la situación de los menores migrantes.

Los datos difundidos por el Gobierno de Canarias el 28 de octubre situaban en 2.622 el número de menores migrantes acogidos en el archipiélago, frente a una capacidad ordinaria de 782 plazas. En El Hierro permanecían entre 120 y 140 niños y adolescentes, después de haber llegado a contabilizarse cerca de 300.

Estas cifras deberían provocar una reflexión profunda en todas las administraciones implicadas.

Un menor no puede recibir el mismo tratamiento que un adulto en un procedimiento migratorio. Necesita protección específica, atención psicológica cuando sea necesaria, asistencia sanitaria, escolarización, acompañamiento educativo y garantías jurídicas.

También resulta imprescindible determinar correctamente su edad, identidad y circunstancias familiares, evitando que los procedimientos administrativos se conviertan en obstáculos para su protección.

Muchos de estos jóvenes llegan solos, sin referentes familiares y sin conocer el idioma ni el funcionamiento de la sociedad a la que han llegado. Algunos pueden tener familiares en España o en otros países europeos. Otros necesitan un entorno seguro desde el primer momento.

La respuesta debe ser humana, pero también organizada y eficaz.

No se trata de abrir un debate entre quienes defienden la solidaridad y quienes reclaman controlar los flujos migratorios. Ambas cuestiones pueden y deben abordarse simultáneamente. Proteger a quienes llegan y gestionar adecuadamente las fronteras no son objetivos incompatibles.

Las administraciones no pueden seguir actuando a golpe de emergencia

Uno de los problemas más evidentes es la falta de previsión ante episodios de concentración de llegadas.

Cada nuevo repunte parece activar el mismo mecanismo: desembarcos, atención inicial, ocupación de instalaciones, preocupación institucional y posterior traslado de personas a otras islas.

Es cierto que se han producido derivaciones hacia Gran Canaria y Tenerife para aliviar la presión sobre los recursos herreños. También se han habilitado dispositivos extraordinarios para atender a los menores.

Pero cabe preguntarse: ¿por qué seguimos dependiendo de soluciones de emergencia cuando conocemos desde hace años la importancia de la ruta atlántica?

El Gobierno de España debe asumir su responsabilidad en la coordinación de las políticas migratorias y en la dotación de medios humanos, materiales y económicos.

El Gobierno de Canarias, por su parte, debe disponer de una planificación realista para la acogida y protección de los menores, sin que la respuesta dependa exclusivamente de la disponibilidad de plazas en cada momento.

Y las comunidades autónomas deben participar en los mecanismos de distribución y acogida con criterios de responsabilidad y solidaridad territorial.

No parece razonable que un territorio insular, con limitaciones evidentes de espacio y recursos, tenga que afrontar en solitario una situación de esta naturaleza.

Una tragedia que no puede quedar reducida a cifras

Detrás de cada embarcación hay historias personales que difícilmente podemos imaginar desde tierra firme.

Las travesías desde Gambia, Senegal o Mauritania pueden prolongarse durante varios días, en embarcaciones precarias y con una ocupación que incrementa considerablemente los riesgos.

La tragedia registrada el pasado 30 de octubre, cuando cuatro personas fallecieron durante una travesía hacia El Hierro y una niña tuvo que ser evacuada en estado grave a Tenerife, vuelve a recordarnos la dimensión humana de esta realidad.

No podemos contemplar estas muertes como un elemento más de la actualidad informativa.

Cada fallecimiento representa un fracaso de las condiciones que empujan a las personas a embarcarse en viajes tan peligrosos y de la incapacidad internacional para ofrecer alternativas seguras y eficaces.

La Unión Europea tampoco puede limitar su actuación a reforzar los controles fronterizos. Necesita una política exterior más efectiva, cooperación con los países de origen y tránsito, lucha contra las redes de tráfico de personas y mecanismos de protección para quienes necesitan ayuda.

¿Qué debería hacerse?

Canarias necesita pasar de la improvisación a una estrategia permanente.

En primer lugar, resulta imprescindible establecer un protocolo de contingencia específico para El Hierro, con recursos sanitarios, policiales y asistenciales suficientes.

En segundo lugar, debe garantizarse una red estable de acogida para menores, con instalaciones adecuadas y personal especializado. La distribución entre comunidades autónomas debe funcionar con mayor agilidad, respetando siempre el interés superior del menor y sus circunstancias familiares.

En tercer lugar, es necesario reforzar la cooperación internacional para combatir las redes que organizan las travesías y actuar sobre las causas económicas, sociales y políticas que alimentan la emigración.

Finalmente, la ciudadanía debe recibir información transparente sobre las llegadas, los recursos empleados, los procedimientos de acogida y los resultados de las medidas adoptadas.

La transparencia contribuye a combatir los rumores, evita la desinformación y permite que el debate público se desarrolle sobre hechos contrastados.

Canarias necesita soluciones, no enfrentamientos políticos

La inmigración seguirá siendo uno de los grandes desafíos del archipiélago. Su posición geográfica convierte a Canarias en una frontera europea en el Atlántico, pero también en un territorio con una realidad demográfica, económica y social que debe ser tenida en cuenta.

Los enfrentamientos entre administraciones, las declaraciones cruzadas y las diferencias partidistas no resuelven el problema de fondo.

El Hierro necesita respuestas inmediatas, pero Canarias necesita una política migratoria de largo recorrido.

Es perfectamente legítimo reclamar más medios, exigir responsabilidades y cuestionar la eficacia de las decisiones políticas. Lo que no resulta aceptable es que los menores se conviertan en víctimas de la lentitud administrativa, de la falta de coordinación o de los desacuerdos institucionales.

La solidaridad no puede ser una obligación exclusiva de quienes viven en las islas que reciben las embarcaciones. Debe ser un compromiso compartido por el conjunto del Estado y de Europa.

La pregunta ya no es cuántos cayucos llegarán mañana a El Hierro, sino si las administraciones estarán preparadas para responder con dignidad, eficacia y responsabilidad.

Porque detrás de cada cifra hay una persona. Y cuando esa persona es un niño, la obligación de protegerlo debería estar por encima de cualquier diferencia política.