Casimiro Curbelo11.11.2018. Redacción | Opinión
Por: Casimiro Curbelo
Presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias
A lo largo de esta semana hemos vivido una situación deplorable. Los efectos de una sentencia del Tribunal Supremo han provocado una crisis en la imagen de la Justicia ante la sociedad y han encendido la indignación en muchos ciudadanos. Nuestra Constitución establece que el poder político emana del pueblo. También el judicial. Y constituye un grave quebranto para la democracia que ese pueblo soberano pierda la confianza en sus instituciones. Pero hay que decir que no ha sido un problema de mala praxis sino de imagen.Y que la presión de los medios de comunicación también ha tenido su parte en el clima que se ha generado.
Los jueces han interpretado de forma distinta una norma confusa: la que regula el sujeto pasivo —el que paga— en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Para unos era obligación del que solicita una hipoteca. Para otros magistrado es obligación del banco que la concede. Este debate se ha convertido en una bomba de relojería que obligó al Supremo a celebrar un pleno de la sala de lo Contencioso y a adoptar una decisión que grava el bolsillo de los ciudadanos.
El comportamiento de la banca en nuestro país deja mucho que desear. Los bancos españoles, que siguen haciendo enormes beneficios, hacen buena esa frase que dice que los bancos son esas entidades que te dan un paraguas cuando hace un buen día y te lo quitan cuando llueve. Durante la época de la crisis muchas personas perdieron sus viviendas y fueron desahuciadas por el impago de hipotecas. Muchas pequeñas empresas se ahogaron sin que su entidad bancaria le echara una mano. Las familias se las vieron y las desearon para poder sobrevivir en las peores condiciones y las entidades de crédito no nos tiraron ningún salvavidas.
La “modernización bancaria” ha eliminado miles de puestos de trabajo del sector. Y el futuro parece pasar porque tendremos que relacionarnos con nuestros bancos a través de un ordenador. Dejamos en depósito nuestro dinero a un interés muy bajo y ellos se lo prestan a nuestro vecino a un interés muy alto. Un negocio perfecto. No digo que los bancos no cumplan una función importantísima, digo que en muchísimas ocasiones los consumidores están indefensos ante ciertas prácticas, como pudimos comprobar en las famosas cláusulas suelo y en las preferentes.
La sentencia del Supremo establece que son los clientes los que deben pagar el impuesto sobre las hipotecas. Y el Gobierno del PSOE, en un acto de sensibilidad que hay que aplaudir, ha dicho que va a cambiar la ley para que no haya lugar a dudas: para que lo paguen los bancos. Eso es lo que tal vez se tendría que haber hecho hace tiempo. Pero nunca es tarde, si el fin el bueno. Todos los partidos debemos apoyar la decisión del Gobierno socialista. Pero además debemos pedirle que a través de las instituciones encargadas de velar por la protección del consumidor se vigile que las entidades bancarias no trasladen a los ciudadanos que pidan un crédito los costes de ese impuesto.
Vivimos en un país donde hecha la ley, hecha la trampa. Y no se debería consentir que en este caso, los bancos simplemente encarezcan sus productos crediticios para absorber el costo del pago del impuesto de las hipotecas. Que lo absorban de sus beneficios y no lo carguen sobre el bolsillo de las familias que piden un crédito.
Habrá que estar vigilantes. Pero en este caso la política ha dado un paso adelante para solucionar un problema que afecta a miles de ciudadanos. La única pena que me da es que casos como este, en el que se produce la noticia de que se actúa a favor de los más débiles, son la excepción que confirma una triste regla: la de que los más débiles son los que siempre acaban perdiendo.
