Paco Pérez07.11.2017. Redacción / Opinión
Por: Paco Pérez
pacopego@hotmail.com
En algunos organismos públicos oficiales y en muchos departamentos de las Administraciones central y autonómica donde se atiende al ciudadano, los vigilantes de seguridad que controlan los accesos a las respectivas dependencias ejercen funciones que no les corresponden.
Por diversos motivos, en las últimas semanas he tenido que realizar diversas gestiones en varios de esos organismos y me ha sorprendido el hecho de que esos vigilantes, además de su función de control y de seguridad, realicen trabajos para los que en principio no están capacitados, ni tienen por que, ya que no son ni recepcionistas, ni personas formadas para atender al público, ni tampoco para facilitar documentos, impresos e instancias, ni para hacer ningún tipo de recomendación al ciudadano en relación con los trámites que cada contribuyente debe hacer.
Me sorprende más aún que sean las propias administraciones públicas del Estado y del Comunidad Autónoma quienes permitan estas irregularidades laborales y que no exista ninguna organización sindical que las denuncie, porque los vigilantes y guardas jurados están siendo obligados a ejercer trabajos que no les corresponden y, de hecho, con está prácticas están amortizando unos puestos de trabajos de personal laboral público o funcionarial, con lo que bonito ejemplo se está dando desde instancias oficiales.
Como les comento, no es un caso aislado y excepcional. Esto lo he visto con mis propios ojos en la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en la sede de la Plaza del Cristo de La Laguna; en el edificio "Príncipe Felipe" de Santa Cruz, dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias; en la sede de la Inspección Médica de la S.S. en la Avenida Tres de Mayo, y en el Edificio "El Cabo", en la santacrucera calle de Leoncio Rodríguez, donde está el Colegio Oficial de Abogados de esta provincia, así como en varias oficinas del Instituto Canario de Empleo y del INEM, en el área metropolitana, sólo por poner media docena de ejemplos, todos ellos contrastados.
Bastante mal está el mercado laboral, con empleos y contratos basura, para que sean las propias administraciones quienes vean como normales estas prácticas tan irregulares, porque los vigilantes de seguridad y los guardas jurados, que uno sepa, no son precisamente funcionarios públicos. ¡Qué país y qué pena¡
