Tagoror Digital
10.02.2023 | Santa Cruz de Tenerife
El Cabildo de Tenerife ha remitido a la Fiscalía un informe relativo a las irregularidades detectadas en la concesión de las llamadas “bajas incentivadas” realizadas en las sociedades de Casino Playa de Las Américas, Casino Taoro y Casino Santa Cruz desde el año 2012 hasta 2019, sin que se tenga constancia de que existiera ningún acuerdo ni autorización expresa de los órganos u organismos competentes.
En concreto, la documentación y los anexos elevados a la fiscalía se refieren a las bajas incentivadas que, según el estudio realizado, “podrían calificarse como despidos disciplinarios falsos y administración desleal” que conllevaron el pago de 1.579.945 euros en concepto de indemnizaciones. Además, se da el caso de que algunos trabajadores llegaron a cobrar “una indemnización superior a su salario anual, excediendo, por tanto, la indemnización por despido objetivo” a través del procedimiento de conciliación y sin que existiera ni siquiera una resolución judicial que obligara a ello.
Desde el momento en que el Cabildo de Tenerife tuvo constancia de este proceder, ha informado a los órganos de gestión de las sociedades de Casinos de todos los pasos que se han dado para aclarar los hechos.
Tal y como se detalla en el informe, en las cartas enviadas a cada uno de los trabajadores afectados, las bajas estaban calificadas como “despidos disciplinarios”, lo que llevó a los trabajadores a recurrir la decisión de las sociedades, acudiendo al Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SEMAC), donde las sociedades reconocieron la improcedencia del despido y ofrecieron una indemnización a los trabajadores que en determinados casos, excedía a la correspondiente a un despido objetivo.
En este sentido, el informe destaca el hecho de que este modus operandi lo repiten varias decenas de trabajadores que fueron despedidos entre 2012-2019, muchos de ellos con edades cercanas a la jubilación que, en ningún caso recurrieron a los juzgados para obtener su indemnización.
El presidente del Cabildo, Pedro Martín, recuerda que ya en las últimas auditorías realizadas de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, el área de Intervención detectó diversas irregularidades en los entes dependientes, que afectaban a la contratación de personal, a los contratos con terceros y a la gestión económica y financiera.
Para contrarrestar esta situación, desde el Cabildo de Tenerife se ha promovido durante este mandato la elaboración de instrucciones y procedimientos internos específicos para garantizar que en los diferentes entes públicos se cumple con normas básicas como son la Ley de Contratos Públicos (CSP), el estatuto Básico del Empleado Público y la ley General de subvenciones.
