Tagoror Digital24.11.2018. Santa Cruz de Tenerife
Ya hace 15 años de la entrada en vigor de la Ley Canaria para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 8 años de la Ley Canaria de igualdad entre mujeres y hombres y han pasado 2 años desde que se aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero Canarias, tiene mucho que hacer aún. Pues este mismo año han sido asesinadas en nuestra tierra tres mujeres y tres niñas por violencia machista. Asesinatos que son una muestra de que el cambio está muy lejos de ser suficiente.
Se han producido más de 14.000 llamadas al teléfono de atención a las víctimas en 2017, y más de 4.000 denuncias en el primer semestre de 2018, lo que nos indica que aún perviven numerosas desigualdades por razón de sexo, y una mas que preocupante, incidencia de la violencia de género. Igual de alarmante es la tolerancia juvenil existente, ante los actos de presión y control en las relaciones de pareja, sobre todo, a través de las redes sociales.
La respuesta es aún insuficiente. Tras años en los que han sido impuestas a nuestras administraciones, severas políticas de ajuste, y que se ha ido ampliando desde el año 2015 los recursos para la lucha contra la Violencia de Género, para la prevención, para la atención y recuperación de las víctimas y para la persecución del delito. Aún estamos lejos de llegar a lo que sería deseable. Aún tenemos mucho que hacer en prevención y atención a las distintas formas de Violencia Machista, como es la violencia sexual, que está excluida de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, lo cual deja a las supervivientes o potenciales víctimas, en una situación de indefensión jurídica. A esto se añade que el abordaje de las violencias sexuales no suele tener en cuenta a los grupos más vulnerables como son las niñas, las jóvenes, las mujeres transexuales, las mujeres mayores, las migrantes, las empleadas de hogar, las mujeres con discapacidad, con problemas de drogodependencias o las que han perdido su hogar.
Aún falta mucho que hacer en el ámbito judicial. Los errores en este ámbito pueden producir desprotección para las víctimas y un rechazo social, como ponen de manifiesto las inadecuadas interpretaciones sobre las agresiones sexuales (caso de la Manada) o el tratamiento de la custodia de hijas e hijos en casos de maltrato, así como la denegación de protección en casos de peligro muy conocidos. Y otros cambios que incluyan todas las formas de violencia de género, y no sólo las de pareja en las competencias de los juzgados especializados. De lo contrario, decaerán las denuncias, pues si no se asegura la protección, las mujeres evitarán ponerse en riesgo.
Si bien es cierto que este año se han producido la mayoría de movilizaciones sociales contra las desigualdades entre mujeres y hombres, tal como la huelga feminista del 8M, esto sólo nos da un índice de la aceptación social que los valores igualitarios van teniendo en nuestra comunidad, por ello es que desde Coalición Canaria entendemos que, solamente avanzando en Igualdad, podremos hablar de una sociedad verdaderamente libre, en la que las mujeres y los hombres se relacionen sin dominio ni sumisión.
Debemos adoptar nuevas medidas para reforzar la lucha por la Igualdad y contra la Violencia de Género. Una lucha que debe implicar a todos los partidos, a las organizaciones de la sociedad civil, a las Instituciones y a toda la población. Y que desde luego, debe contar con más recursos y presupuestos públicos. Por eso es que manifestamos nuestra solidaridad con la mujeres afectadas por múltiples desigualdades, sin olvidarnos de las familias de las víctimas mortales.
Desde Coalición Canaria nos comprometemos a colaborar con otras fuerzas políticas y sociales en el trabajo por la mejora de las leyes, planes y acciones en contra de la desigualdad y de la Violencia de género. Trataremos de que estas mejoras sean fruto de la acción conjunta de todos y todas, y que no sean objeto de una lucha partidista. Entre nuestras prioridades, está la lucha por la Igualdad y contra la Violencia de Género, lo que significa que nos esforzaremos por reorientar los recursos públicos para que resulten suficientes y produzcan mejoras significativas en los próximos años.
Se trata de fomentar el diálogo social para que avancen las acciones en pro de la Igualdad y proponer, desde nuestras posibilidades, determinados cambios en la legislación estatal, aplicando, como mínimo, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Por todo esto, tendemos nuestra mano a todas aquellas organizaciones y personas que quieran caminar junto a nosotros y nosotras en el camino hacia una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres. La participación corresponsable de todas las personas, de partidos, de instituciones, de empresas, de sindicatos y de asociaciones con acciones comprometidas por la igualdad, serán imprescindibles en esta lucha.
