Tagoror Digital31.01.2020 | Madrid
El senador autonómico, Fernando Clavijo, registró hoy, junto al senador balear Vicenç Vidal Matas (Mes Per Mallorca), un escrito en la cámara, respaldado por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal y el Grupo Nacionalista del Senado para modificar el reglamento de la Cámara Alta y permitir la creación de una Comisión No Legislativa de Insularidad.
Esta propuesta responde a la negativa del PSOE de incorporar los asuntos relacionado con la insularidad en la Comisión sobre Reto Demográfico y relegar los asuntos relacionados con la insularidad a una Ponencia con fecha de caducidad y sin la entidad necesaria para abordar un asunto que no se despacha en varios meses. Por ello, ambos senadores ha iniciado una ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios con el fin de obtener la mayoría suficiente en la próxima sesión plenaria y lograr así la creación de esta “necesaria” Comisión en el Senado.
Fernando Clavijo, defiende en su escrito la necesidad de que se cree esta comisión para poder así “abordar las problemáticas inherentes que viven las Illes Balears y las Islas Canarias”. Al tiempo que recuerda que “las desventajas de la insularidad deben ser corregidas mediante la acción de los diferentes poderes legislativos y ejecutivos” y añade que “estas medidas en ningún caso deben interpretarse como privilegios sino como acciones de justicia y reparación de situaciones que el marco económico y administrativo común con otros territorios continentales ha convertido en anómalas”.
El escrito recuerda que la insularidad – y la pluriinsularidad- tiene importantes consecuencias, tanto directas como indirectas, sobre el coste de la vida y los costes que soportan las empresas y la administración pública en su tarea de suministrar bienes y servicios públicos. La insularidad, además, “es persistente e inmutable, y por ello da lugar a rasgos diferenciados de estos territorios respecto de otros” como puede ser los recursos limitados, las características poblacionales, la lejanía, la vulnerabilidad ante los desastres naturales o ante crisis económicas externas, la excesiva dependencia del comercio internacional o la mayor fragilidad del medio ambiente”. Asimismo, las consecuencias directas más destacadas de los territorios insulares son la mayor carestía de la vida, mayores costos de producción y de inversión en bienes de equipo o la alta dependencia de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias, entre otras.
A estos hechos se suma la infrafinanciación de los territorios insulares que, en el caso concreto de Canarias “no llegan a cubrir el gasto medio por habitante en servicios públicos”.
Clavijo apunta además que es necesario que el Estado reconozca la contribución económica enorme que realizan las Islas Canarias y las Illes Balears, que suman el 22% del total del PIB turístico de España y haga frente a sus problemáticas derivadas como son la masificación, la incidencia de la actividad turística en el medio ambiente y el territorio, la necesidad de regular el alquilar turístico, la demanda de cambios legislativos para reconocer enfermedades profesionales de diferentes colectivos del sector turístico, la reclamación al estado de la adaptación de la ley para anticipar la edad de jubilación para profesionales con grandes cargas físicas en el trabajo de hostelería, la problemática en relación con la vivienda, la urgencia de diversificar la economía y avanzar hacia un modelo turístico sostenible y de calidad, la reivindicación de la cogestión aeroportuaria y la oposición a las prospecciones petrolíferas o su especial vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.
De ahí la necesidad de crear una Comisión Específica que pueda tratar estos asuntos con el rango y el calendario de reuniones que permite una Comisión a fin de avanzar en soluciones y propuestas reales para ambos archipiélagos.
