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Santa Cruz refuerza su política de vivienda con más de 112 millones en actuaciones

El Ayuntamiento impulsa 4.290 actuaciones sobre vivienda, que incluyen la construcción de 343 nuevas y la rehabilitación y mantenimiento de otras 3.947, mientras las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) han destinado más de 4,5 millones de euros a alquiler e hipoteca en 2025 y lo que va de 2026

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Redacción Tagoror Digital · 6 min de lectura
Santa Cruz refuerza su política de vivienda con más de 112 millones en actuaciones
Rehabilitación viviendas de Añaza | CEDIDA

30.09.2026 | Santa Cruz de Tenerife

 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantiene una estrategia integral en materia de vivienda que combina el incremento del parque público, la rehabilitación de edificios y barrios, el mantenimiento de las viviendas municipales y la atención directa a las familias que atraviesan dificultades para mantener su vivienda habitual.

En este marco, el área de Vivienda desarrolla actualmente diferentes programas que, en conjunto, contemplan 4.290 actuaciones y una inversión superior a 112,2 millones de euros. De ellas, 343 corresponden a vivienda nueva, mientras que otras 3.947 actuaciones están vinculadas a la rehabilitación y mantenimiento del parque residencial.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, señala que “la política de vivienda no puede limitarse únicamente a construir nuevas casas, sino que tiene que ofrecer una respuesta completa a las distintas realidades de las familias. Por eso estamos actuando simultáneamente en la creación de vivienda pública, en la rehabilitación de barrios y edificios y, junto al área de Políticas Sociales, en ayudar a las personas que tienen dificultades para hacer frente al alquiler o a su hipoteca”.

Bermúdez añade que “el objetivo es que ninguna familia se quede sola ante una situación de vulnerabilidad habitacional y que, al mismo tiempo, Santa Cruz siga aumentando su capacidad para ofrecer vivienda pública y mejorar las condiciones de los hogares existentes”.

“Santa Cruz lleva años entendiendo que ante una situación de vulnerabilidad habitacional no basta con mirar hacia otro lado. En 2012 ya defendimos que las administraciones públicas tenían que implicarse y buscar soluciones para las familias que estaban en riesgo de perder su vivienda, y hoy seguimos trabajando con esa misma convicción”, afirma el regidor municipal.

Más vivienda pública y rehabilitación de barrios

Dentro del Programa de Incremento del Parque Público de Vivienda, el Ayuntamiento participa junto al Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife en la promoción de 263 viviendas protegidas destinadas al alquiler, correspondientes a las actuaciones de 226 VPP en Cuevas Blancas y 37 VPP en María Jiménez, con una inversión conjunta prevista de 41,7 millones de euros. El Ayuntamiento asume, además, los costes del suelo y de urbanización asociados a estas actuaciones.

A estas actuaciones se suma el Programa Insular Activa Vivienda, que contempla la adquisición de una promoción finalizada de 20 viviendas y 32 garajes en Valleseco, con un valor estimado de contrato de 3,47 millones de euros.

La estrategia municipal también contempla la rehabilitación de edificios y espacios públicos a través de los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP). En concreto, las actuaciones previstas en Añaza, Añaza II y el barrio de Los Gladiolos afectan a 813 viviendas y movilizan alrededor de 27,7 millones de euros financiado a través de fondos europeos.

Asimismo, en el Distrito Suroeste, se trabaja en un nuevo proyecto de construcción de vivienda pública sobre terrenos de titularidad municipal, enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), que también cuenta con financiación europea. La actuación tiene como objetivo facilitar el acceso a viviendas asequibles y adecuadas, especialmente para colectivos vulnerables, e incorpora criterios de accesibilidad, eficiencia energética y sostenibilidad. El proyecto contempla la construcción de entre 50 y 60 viviendas, con espacios destinados a favorecer la cohesión social y posibles equipamientos comunitarios. La actuación afecta a una población estimada de 38.877 personas.

Por su parte, los programas de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) contemplan actuaciones sobre 1.568 viviendas en García Escámez, La Victoria, Los Gladiolos, Miramar, Ofra, Santa María del Mar o La Salud, entre otros, con una inversión global de 28,8 millones de euros, a través del Plan de Vivienda Estatal, orientadas a mejorar los tejidos residenciales, la eficiencia energética, la accesibilidad y los entornos urbanos. 

La concejala de Vivienda, Ana Belén Mesa, destaca que “estamos trabajando para que la política de vivienda tenga una doble dimensión: aumentar la oferta pública disponible y mejorar las viviendas y los barrios que ya existen. Son actuaciones que requieren planificación y continuidad, pero que permiten avanzar hacia un parque residencial más accesible, eficiente y adaptado a las necesidades de la ciudadanía”.

En paralelo, Viviendas Municipales mantiene actuaciones de reparación, conservación y mejora del Parque Municipal de Viviendas, que cuenta con 1.566 viviendas de alquiler social, y que lo convierten en el mayor de Canarias. Estas viviendas se localizan en puntos como San Pío, Barrio de la Alegría, Cuesta Piedra y Valleseco, y supone una inversión en mantenimiento de 1 millón de euros.

Más de 4,5 millones de euros en ayudas para alquiler e hipoteca

Esta política de vivienda se complementa con la intervención de Políticas Sociales, especialmente a través de las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) destinadas a atender situaciones de necesidad relacionadas con el alquiler y la vivienda.

Durante 2025 se abonaron 2.128 PEAS de alquiler e hipoteca, por un importe de 3.979.925,59 euros. En lo que va de 2026, y con datos contabilizados hasta el 29 de septiembre, se han abonado 271 prestaciones por un importe de 586.581,61 euros.

En conjunto, entre ambos periodos se han abonado 2.399 prestaciones de alquiler e hipoteca por un importe de 4.566.507,20 euros. Los datos de 2026 corresponden al ejercicio en curso y, por tanto, no son comparables todavía con el ejercicio completo de 2025.

La concejala de Políticas Sociales, Charín González, explica que “la vivienda es uno de los principales factores que condicionan la estabilidad de una familia y, cuando existen dificultades económicas, nuestra responsabilidad es actuar antes de que el problema se convierta en una situación irreversible”.

“Las PEAS nos permiten intervenir de manera directa para ayudar a las familias a mantener su vivienda, pero también trabajamos en coordinación con Vivienda y con los juzgados cuando existe una situación de especial vulnerabilidad. La prioridad es acompañar a las personas y buscar soluciones antes de que se produzca una pérdida de vivienda”, añade González.

Coordinación con los juzgados ante situaciones de vulnerabilidad

Dentro de esta actuación preventiva, los Servicios Sociales municipales han remitido a los juzgados 234 informes de vulnerabilidad durante 2025 y otros 220 en lo que va de 2026, con el objetivo de poner en conocimiento de la autoridad judicial las circunstancias sociales y económicas de las personas afectadas por procedimientos de lanzamiento.

De esta manera, el Ayuntamiento articula la respuesta desde diferentes ámbitos: mientras Vivienda trabaja en aumentar la disponibilidad de vivienda pública y en mejorar el parque residencial existente, Políticas Sociales interviene directamente con las familias que presentan dificultades económicas o situaciones de vulnerabilidad.

El alcalde subraya que “estos datos reflejan que estamos hablando de una política transversal. Construir vivienda pública es fundamental, pero también lo es rehabilitar los barrios, mantener nuestro parque municipal y disponer de recursos sociales para ayudar a una familia que hoy tiene dificultades para pagar su alquiler o su hipoteca”.

“Santa Cruz está haciendo un esfuerzo sostenido para actuar tanto sobre las causas estructurales del problema de la vivienda como sobre las situaciones concretas que afectan a las familias. Queremos seguir avanzando en ambas líneas porque una ciudad que crece también tiene que garantizar que sus vecinos puedan desarrollar su proyecto de vida en ella”, concluye Bermúdez.