Tagoror Digital02.01.2021 | Santa Cruz de Tenerife
La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha comunicado a los Colegios de Abogados de Canarias su decisión de modificar unilateralmente los criterios de abono de las actuaciones profesionales a los abogados de oficio que asisten a los migrantes que están llegando a las islas a través de cayucos y pateras.
La comunicación, recibida por los Colegios de Abogados, pone en su conocimiento que la Consejería no abonará las prestaciones de servicios que estos profesionales han venido realizando hasta ahora en defensa de estos ciudadanos extranjeros, modificando el status quo de lo que se venía haciendo conforme a lo acordado en anteriores reuniones entre Consejería y Colegios en las que, entre otras cosas, ante la llegada masiva de migrantes a nuestras costas, se acordó que cada abogado de oficio asistiera a unos 6 o 7 migrantes en las guardias de extranjería, lo que supone una cantidad de alrededor de 50 euros a abonar por cada asistido.
El cambio que realiza ahora la Consejería consiste en que, sin abonar ninguna otra cantidad, el abogado deba llevar todo tipo de asesoramiento posterior a los migrantes, incluyendo asistencias y recursos, tanto administrativos como contencioso-administrativos, lo que supone establecer una asistencia jurídica distinta a la que se presta a otras personas, y conlleva una clara vulneración del derecho de asistencia jurídica gratuita, así como una vulneración de los derechos que estas personas tienen de disponer de un servicio en las mismas condiciones que cualquier otra persona con independencia de su raza, religión, sexo o procedencia.
Ante esta nueva situación, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, en reunión mantenida entre los abogados que prestan el servicio, y mientras se estudian otras posibles medidas, acordó elaborar una nueva lista de abogados del Turno de Extranjería, en la que podrán inscribirse los letrados que deseen prestar el servicio con estas nuevas condiciones, abriendo un periodo de urgencia para proceder a la inscripción hasta el día 11 de enero de 2021, no disponiendo de abogados que lo realicen hasta la elaboración de la nueva lista.
No se puede olvidar que la situación de cada migrante es diferente y que cada uno necesita de una asistencia personalizada, al objeto de poder detectar cualquier situación que permita solicitar el asilo o la protección internacional, entre otras, con las consiguientes actuaciones profesionales que esas situaciones conllevan y que son los abogados de oficio los que las han de llevar a cabo.
En opinión del Colegio de Abogados, “esta decisión de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias se contradice con el anuncio de la Comisión Europea, realizado el pasado día 10 de diciembre, de destinar un fondo de 43,2 millones de euros para hacer frente a las necesidades de las Islas Canarias derivadas del elevado número de personas que llegan a sus costas de forma irregular porque, entre las necesidades básicas de los migrantes a las que se destina esta subvención, está también la de su asistencia jurídica”.
Imagen: La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias | CEDIDA