Tagoror Digital03.10.2018. Canarias
La Mesa de Concertación Social, reunida en Presidencia del Gobierno de Canarias, aprobó hoy por unanimidad el nuevo modelo de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). No obstante, la nueva PCI no podrá ser efectiva hasta la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma y de la Ley de Servicios Sociales, aún en el Parlamento, de manera que se garantice la incorporación de personal a los servicios sociales municipales y centros directivos de la Comunidad, ya que ambos comparten la gestión de la PCI. Sólo de esta manera se podría responder a la ampliación de la demanda que supondría la nueva PCI, que se estima en unas 40.000 familias.
Este acuerdo para conseguir una cobertura social mejorada para personas en riesgo de exclusión es fruto de los trabajos llevados a cabo como resultado de los VI Acuerdos de Concertación Social con los sindicatos participantes UGT, CC.OO, Confederación Canaria de Empresarios (CCE), expertos del Colegio de Trabajadores Sociales; Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y FECAM.
La nueva PCI ampliaría la ayuda a los solicitantes mayores de 18 y menores de 25 años que estudian y forman parte de unidades convivenciales sin renta alguna; así como a las personas mayores de 65 años que aún no puedan tramitar una pensión. Permanecerán en el sistema, además de los anteriores, las familias con menores a cargo y sin rentas o rentas inferiores al Iprem; y las personas sin hogar. Esto supone un cálculo de 40.000 familias beneficiadas por esta nueva ayuda, fundamental para la lucha contra la exclusión.
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, resaltó que “es importante que la Ley de Servicios Sociales y los presupuestos salgan adelante para que todas estas mejoras puedan ser trasladadas a la población. Confío en que todos los grupos políticos entiendan la apuesta enorme que estamos haciendo por las personas más vulnerables, que son muchas familias que van a ver mejorada su situación”.
Valido explica que se han establecido “unos criterios muy demandados, como que la renovación sea anual y permita suspensiones sin tiempo límite por incorporación a contratos temporales, de tal manera que una persona no se vea obligada a renunciar a un trabajo temporal sólo porque a la finalización del contrato quedaría sin cobertura”. Destaca, asimismo, que esta nueva PCI será una nueva forma de luchar contra la denominada “pobreza infantil, que es realmente una pobreza de las familias”.
Otra de las nuevas características de la nueva PCI, según comentó la consejera, sería “La posibilidad de compatibilizar la PCI con los ingresos en contratos de trabajo parciales por horas y que no alcancen el mínimo del IPREM (media de 650,95 euros según los miembros de la unidad convivencial) o con pensiones de viudedad o de mayores de 65 años no PNC”.
El Gobierno de Canarias calcula que el coste medio de la ayuda sería de 489€ y que el ritmo medio de altas mensuales sería de más de 400 familias.
La aprobación de la inclusión de nuevos perfiles en el sistema de la PCI y el cambio de criterios para su mantenimiento y concesión, significaría ampliar el coste de la misma de 52 a 72 millones de euros en el 2019, llegándose a los 131 millones de euros en el 2023. “Pero”, insiste la consejera, “no podemos empezar a aplicar todas estas mejoras a menos que tengamos presupuestos y el suficiente personal para gestionarlo gracias a la aprobación de la Ley de Servicios Sociales”.
