Tagoror Digital15.04.2018. Santa Cruz de Tenerife
El Cabildo de Tenerife financió durante el primer trimestre del año la atención a 170 personas para evitar situaciones de exclusión social gracias al proyecto Base 25, una idea gestada en la Corporación insular que ejecuta Caritas Diocesana de Tenerife. La financiación de este proyecto parte de las áreas de Acción Social y de Vivienda y tiene como ejes principales el acceso a una vivienda y el proceso de acompañamiento e intervención que facilita la inclusión social de los beneficiarios.
El consejero insular de Vivienda, Aurelio Abreu, destaca que “dada la buena experiencia con este proyecto, estamos trabajando en otro más específico para mujeres en situación de especial vulnerabilidad. Este es un perfil que nos preocupa muchísimo y que se repite entre los casos con los que estamos trabajando”.
Por su parte, la directora insular de Inclusión Social, Juana de la Rosa, informó que a lo largo del desarrollo del proyecto se está acompañando a familias con distintas problemáticas y dificultades. En términos generales, se trata de unidades familiares de varios miembros, que cuentan con algún tipo de prestación social, en desempleo o con empleos temporales o parciales.
Según el informe elaborado por Caritas, Base 25 ha atendido a 170 personas, 61 nuevas unidades familiares, en situación de exclusión residencial y sin alternativa habitacional durante el primer trimestre de 2018. Del total de atenciones, 68 eran menores de edad. En relación a los datos contabilizados el pasado año, se ha producido un incremento del número de desahucios por impagos del alquiler, así como el aumento de atenciones a personas procedentes de Venezuela.
Desde que se pusiera en marcha hace cerca de un año y medio, el proyecto Base 25 ha atendido la situación habitacional de 209 familias, de las cuales 124 mantienen todavía abierto su proceso de intervención. En esta línea, un 19% de las familias se encuentran en situación de ocupación, siendo esta de propiedad bancaria, de vivienda privada o de situaciones sobrevenidas. Además, un 12% de los casos se encuentran en viviendas de las que carecen de titularidad y, aunque no han entrado de manera irregular, tampoco tienen cómo vincularse a las mismas o han perdido el derecho al uso de ellas. Por último, existen casos que se encuentran en situaciones de impago de hipoteca o acogidos temporalmente.
Desde Cáritas Diocesana de Tenerife se indica que las prestaciones sociales son muy bajas y están todas por debajo del salario mínimo interprofesional, por lo que no dan para la cobertura de las necesidades mínimas ni tampoco como ingresos justificables para acceder una vivienda. Otras personas están con empleos inestables, parciales o con una sucesión de contratos por días, semanas o meses que no permiten estabilizar a la familia ni demostrar capacidad de pago. Cáritas recalca que “además del daño emocional que padecen las familias afectadas por el riesgo de perder su vivienda, sufren un desgaste muy importante, puesto que se arriesgan a perder su principal fuente de estabilidad, que es un lugar para vivir”.
Perfiles de las personas atendidas
En cuanto a los perfiles, prevalecen los participantes de entre 26 y 45 años, con menores a su cargo. Respecto a la procedencia, la mayor parte de las personas atendidas son españolas, aunque en los últimos meses se ha incrementado notablemente la cifra de venezolanos que han llegado a la Isla debido a la compleja situación del país y que no están encontrando respuesta a la cobertura mínima de sus necesidades.
En este sentido, las derivaciones al proyecto se producen por diferentes vías, siendo la principal las familias que llegan desde los Servicios Sociales municipales, bien a través de las trabajadoras sociales de base o derivados por las técnicas de los equipos especializados de mujer o menores. También hay muchas personas que llegan a Base 25 por iniciativa propia o desde las parroquias, especialmente de la zona Sur de Tenerife, donde más se está dejando notar esta problemática.
Desde Cáritas Diocesana de Tenerife insisten en que “hay barreras significativas que han impedido que muchas familias puedan acceder a viviendas, a pesar de la intervención y de la implicación de las mismas”. “Incluso cuando los ingresos económicos podrían ser suficientes para cubrir el alquiler. Estas barreras están impidiendo dar respuesta a las familias que más lo necesitan”, subrayan las mismas fuentes de la institución, quienes destacan, entre otras, los complejos requisitos de acceso a la vivienda, que exigen ingresos altos y estables, así como avales; el aumento de los precios del alquiler, el alquiler vacacional o las elevadas fianzas que se les imponen a las familias, imposibles de asumir en la mayor parte de los casos. Todo ello, junto a la ausencia de una política real de vivienda pública, está impidiendo a las personas tener acceso a una vivienda digna y adecuada que es un derecho humano y constitucional.
El objetivo del proyecto Base 25 es evitar situaciones de sinhogarismo nuevas o recurrentes en la Isla, para lo que se cuenta con un equipo multidisciplinar que trabaja en varias líneas de actuación, como asesorar, intervenir o intermediar en casos que puedan llevar al lanzamiento de la vivienda, a la par que facilitar la inclusión social de las personasbeneficiarias. Así, entre las actuaciones que se han llevado a cabo,destacan entre otras, el acompañamiento jurídico a familias,la concesión de ayudas de alquiler, la obtención de moratorias, la mediación en conflictos con el arrendador, la suspensión de procesos judiciales, la paralización de más de una treintena de lanzamientos con fecha fijada,e incluso el descubrimiento y la denuncia de un caso de estafa que recaía sobre una vivienda familiar.
