Tagoror Digital22.04.2019 | Santa Cruz de Tenerife
El servicio jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentó el pasado miércoles ante la Audiencia Provincial un escrito en el que solicita a este órgano que dicte las diligencias necesarias que impulsen la ejecución de la sentencia sobre Las Teresitas, en particular la responsabilidad civil.
La solicitud se produce tras la instrucción formulada por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, el pasado 29 de marzo, solo un día después de conocerse la resolución del Tribunal Supremo sobre esta causa, y después de que los servicios jurídicos hayan constatado que las aclaraciones solicitadas por algunas de las partes –para lo que disponían de un plazo preceptivo– no tienen afección sobre el ámbito del Ayuntamiento.
La citada instrucción, de la que ahora dimana la petición a la Audiencia, ordenaba a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento a que “continúe con todas aquellas actuaciones necesarias, por sus propios medios o con asistencia técnica de terceros” para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial en relación a la compra del frente de la playa de Las Teresitas, “al objeto de recuperar el dinero público invertido en la compra de los terrenos, así como hacer efectivas las indemnizaciones en favor de esta Entidad local”.
La Corporación da un nuevo paso para la restitución de los perjuicios provocados al patrimonio municipal, en el marco de la estrategia seguida desde hace años por los servicios jurídicos para salvaguardar el interés general.
La instrucción del pasado 29 de marzo reiteraba, además, lo dispuesto en otra, también dictada por el alcalde en abril de 2017, justo el mismo día de notificarse la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el particular.
A raíz de aquélla, la Junta de Gobierno municipal también acordó en mayo de 2017 adherirse a la solicitud de medidas cautelares planteada por el Ministerio Fiscal y asegurar “la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos reconoce la sentencia a favor del Ayuntamiento”.
En esa dirección, el Ministerio Fiscal solicitaba –acción respaldada por el Ayuntamiento– que se requiriera a todos los condenados para que, en el plazo que fije el tribunal, designen “bienes realizables –saldos de cuentas bancarias, depósitos o productos financieros, imposiciones a plazo, fondos de inversión, valores, títulos, acciones, deuda financiera, contenido de cajas de seguridad, participaciones sociales u otros activos financieros, así como bienes muebles o inmuebles– que sean suficientes para garantizar el pago de la totalidad de indemnizaciones a cuyo pago se les condena en la sentencia dictada, acordándose la práctica a tal fin de las valoraciones y/o tasaciones precisas”.
La Fiscalía también propuso en ese momento que subsidiariamente y para el caso de que no se cumpliera el anterior requerimiento, o para el caso de que los bienes designados fueren insuficientes, se acordaran medidas como el bloqueo y retención de activos financieros o el embargo de bienes muebles y/o inmuebles que estuvieran a nombre de los condenados, de forma directa o indirecta.
