Tagoror Digital05.12.2017. Madrid.
El senador de la Agrupación Herreña Independiente (CC-AHI), Pablo Rodríguez Cejas, defendió en el Senado a los trabajadores de las empresas adjudicatarias de concursos públicos insolventes y solicitó el establecimiento de garantías para la percepción de sus salarios en los reglamentos que desarrollarán la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
En una moción presentada en la Comisión de Hacienda y Función Pública, y apoyada también por el Grupo Socialista, el senador consideró inadmisible el estado de indefensión de estos trabajadores, “que se ven abocados a una situación alarmante por la negligencia, irresponsabilidad y hasta de capacidad o voluntad que muchos empresarios muestran a la hora de cumplir sus obligaciones”.
Rodríguez Cejas lamentó el rechazo del PP a la moción y señaló que el argumento utilizado por esta formación en el sentido de que la demanda está ya recogida en la propia Ley es débil.
“Aunque la Ley lo recoja, lo hace de manera muy genérica, por lo que el desarrollo reglamentario de la misma exige mucha mayor concreción, como añadir, por ejemplo, un plazo máximo para la resolución del contrato en caso de impago a los trabajadores o articular de forma clara el papel que juega la Administración Pública en cada caso”, señaló.
Precisamente, la moción presentada por el senador nacionalista aspiraba a que los reglamentos de la Ley recogiesen “la protección de los trabajadores frente al posible impago de sus salarios por parte de la empresa adjudicataria desde el primer mes en que este se produzca”.
La propuesta también incluía “dotar a las Administraciones Públicas contratantes de capacidad jurídica suficiente y ágil, que permita bloquear o detraer de las cantidades a abonar a la empresa el importe necesario para satisfacer el pago de los salarios de los trabajadores desde el primer mes de producirse el impago, así como las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF de esos trabajadores”.
En su intervención ante la Comisión, Rodríguez Cejas subrayó que “desde todas las instancias públicas se debe garantizar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a percibir su salario correspondiente, máxime cuando se trata de contrataciones realizadas con fondos públicos”.
El senador señaló a este respecto que la nueva Ley de Contratos del Sector Público solo viene a satisfacer en parte esa reclamación, puesto que la disposición adicional octava de la norma únicamente faculta al Gobierno a “dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta Ley”.
En cambio, la concreción reglamentaria de tales disposiciones contribuiría “a la defensa de los trabajadores y de su dignidad, y a evitar el enorme despilfarro de dinero público que se ha producido por este asunto, dinero que, en muchos casos, no sabemos muy bien a dónde ha ido a parar; desde luego, no al bolsillo de los trabajadores en estos casos que les mencionaba”. dijo.
La iniciativa del senador se produce tras la petición formulada por un grupo de trabajadores del sector de la seguridad privada en la isla de El Hierro, pero que afecta igualmente a miles de trabajadores de toda España en diferentes sectores.
