Tagoror Digital17.03.2022 | Madrid
La portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, logró hoy un acuerdo mayoritario para que el Congreso inste al Gobierno a revisar de oficio todos y cada uno de los expedientes rechazados antes de las tres modificaciones del Ingreso Mínimo Vital con la abstención del PSOE. La diputada concitó el acuerdo de la mayoría de la Cámara baja en cinco de los nueve puntos defendidos en la moción a consecuencia de la interpelación al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá, para corregir “las trabas” que impiden a miles de ciudadanos y ciudadanas acceder al Ingreso Mínimo Vital.
Oramas, aseguró durante el debate de la iniciativa “no entender cómo un Gobierno que asegura “no dejar a ninguna persona atrás precisamente está dejando en el camino a los más vulnerables, impidiéndoles acceder a una renta que ellos mismos impulsaron y cuya gestión es uno de los fracasos más flagrantes del PSOE”.
La iniciativa, defendida por la portavoz de los nacionalistas canarios, perseguía en primer lugar, recuperar de oficio todos los expedientes rechazados en la primera criba de acceso a esta renta, de modo que, “el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comunique a todos los solicitantes a los que se les denegó el Ingreso Mínimo Vital y que fueron salvadas tras las tres modificaciones que pueden acceder a dicha prestación”, medida que fue aprobada con la abstención del PSOE.
La diputada consiguió, además, que el Congreso inste al Estado a que “no se vuelva a exigir presentar toda la documentación a los demandantes que ya la entregaron en su momento y que se apruebe la concesión de oficio y se comunique a los beneficiarios en aquellos casos en los que la aplicación automática de la nueva norma queda acreditado su derecho a percibirlo y que la gestión telemática sea una alternativa y no la única vía posible de acceso”, medida, como todas las citadas anteriormente que contaron con la abstención del PSOE.
Asimismo, Oramas reprochó el rechazo de los socialistas a que “en los casos en que haya sentencia del juzgado de lo social favorable al demandante, no se recurra a los tribunales superiores de justicia y de forma inmediata pasen a percibir la prestación”, una situación que “retrasa durante meses la percepción de la renta en ciudadanos y ciudadanas que la necesitan”.
No obstante, la diputada se mostró sorprendida de que los socialistas rechazaran también todas las medidas dirigidas a reforzar las plantillas del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Canarias, “rechazando así el acuerdo unánime del Parlamento de Canarias que el pasado mes de junio aprobaba una proposición no de ley en la que instaba al Estado a cubrir el déficit de la plantilla en las Islas y negando la realidad de las oficinas del INSS en las Islas y las largas colas desde las 5 de la madrugada para tramitar una prestación”.
Entre las medidas rechazadas por el PSOE este jueves, en contra de lo aprobado por el PSOE en Canarias y por el resto de grupos con representación parlamentaria, figura la necesidad de que el Ministerio “realice la reserva de plazas suficiente para compensar el déficit de plantilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que en el caso de Canarias tiene un déficit de en torno al 30 % menos de media respecto al resto de territorios de España, con el fin de impulsar la gestión de citas y la atención presencial de los demandantes”.
Asimismo, Ana Oramas también exigió “arbitrar con carácter de urgencia las medidas necesarias para la cobertura de las plazas autorizando la contratación de personal interino, hasta se haga efectiva la oferta del Estado y atendiendo a la situación de Canarias; promover el desarrollo normativo reglamentario que permita la reserva de plazas para las comunidades autónomas con mayor déficit y la creación de una bolsa de empleo”.
La diputada recordó que las estimaciones del Gobierno del Estado cuando aprobó el Ingreso Mínimo Vital en mayo de 2020 “era de beneficiar a 850.000 hogares y a 2.300.000 personas, de las que un millón estarían en situación de extrema pobreza”. Sin embargo, argumentó, en septiembre de 2021 “solo lo habían recibido el 35 % de los previstos inicialmente, en total 315.913 hogares de los 850.000 previstos inicialmente”.
Ana Oramas insistió en que la gestión de una de las medidas estrella del Gobierno de España “ha sido y es un fracaso al no llegar a sus legítimos destinatarios”. Asimismo, evidenció entre los motivos de este fracaso, “la precipitación con la que se quiso implementar esta ayuda, con una serie de requisitos y burocracia que han hecho imposible optar por ella a los beneficiarios, viéndose obligado el Gobierno a adaptar la prestación a las situaciones reales a través de tres correcciones”.
Otra de las causas es “la obligatoriedad de la tramitación telemática para una población que carece de los conocimientos mínimos digitales para poder realizarla” y que afecta especialmente a los mayores de 65 años y a los hogares en exclusión social, que tal y como, recoge el informe de Foessa en torno a la mitad de estos hogares -1.800.000- están en esta situación.
Asimismo, señaló a la escasez de funcionarios habilitados para la gestión de esta renta, al cambio de los criterios de acceso al IMV sin avisar a los demandantes que han sido rechazados con anterioridad y exigiendo a quienes quieren volver a solicitarlo a presentar toda la documentación actualizada y a las trabas que han puesto a los solicitantes que han decidido demandar judicialmente la prestación tras ser rechazadas sus solicitudes y a los que se les aboca a un procedimiento de recursos, una situación que calificó de “un sin sentido más del Gobierno” que, confió, sean corregidos en su mayoría tras el mandato que trasladará el Congreso al Gobierno a raíz de la iniciativa de los nacionalistas canarios.
Imagen de archivo: Ana Oramas, en el Congreso de los Diputados