Tagoror Digital12.05.2020 | Canarias
Las aportaciones de Nueva Canarias (NC) al documento base del Gobierno sobre el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias estima que se precisan movilizar más de 18.547 millones de euros públicos y privados. Las propuestas de los nacionalistas progresistas sustentan su viabilidad en la autorización del uso del superávit y el endeudamiento a largo plazo de los ayuntamientos, los cabildos y el Ejecutivo canario, herramientas que servirán de contrapeso a la relevante pérdida de los ingresos tributarios y para evitar la política austericida de los recortes de 2008. Los planteamientos de NC proyectan un futuro para las islas posterior a la crisis de la pandemia del coronavirus basado en el desarrollo sostenible, donde los tres niveles públicos institucionales reordenen sus estructuras en base a los principios de la simplificación y la coordinación administrativa y el fortalecimiento del autogobierno asentado en los singulares derechos históricos y más recientes del Régimen Económico y Fiscal (REF), el Estatuto de Autonomía y el reconocimiento jurídico de Región Ultraperiférica de la Unión Europea (UE).
El documento de NC define cinco prioridades. La primera es una apuesta clara por los servicios públicos fundamentales como son la sanidad, la educación y los derechos sociales, incluida la dependencia y la vivienda. La segunda refuerza las capacidades sanitarias y sociosanitarias y la tercera se centra en la atención y apoyo a las personas más vulnerables.
En cuarto lugar se definen las políticas y los planes para la recuperación del empleo y la quinta prioridad se centra en el impulso de la actividad económica para las empresas y los autónomos y las sectoriales turística, comercial, industrial, la construcción, el sector primario y el transporte.
La estimación de las aportaciones de las instituciones públicas y las entidades sociales y económicas se eleva a la cifra de 18.547 millones de euros, de los que el Gobierno de Canarias aportará 8.372 millones de euros, la Administración estatal otros 5.541 millones de euros y los ayuntamientos, 2.273 millones de euros. Los fondos de los cabildos se cifran en 1.960 millones de euros y 400 millones de euros, los privados.
Para ello se ha tenido en cuenta la resolución del contencioso judicial con Madrid sobre los 1.000 millones de euros en materia de carreteras, las dotaciones presupuestarias estatales, incluidas los programas sectoriales del REF y la aplicación de un trato “diferencial” con transferencias adicionales por la “singular” estructura productiva y “mayor incidencia” de la crisis en las islas.
Los fondos del Ejecutivo canario, los cabildos y los ayuntamientos se han contabilizado casi en su integridad, es decir, sin descontar la pérdida de ingresos tributarios que debe ser equilibrada mediante la autorización, por parte del Gobierno estatal, del uso de superávit y los remanentes junto con el endeudamiento a largo plazo.
Madrid, según refiere el documento, “ha de asumir con urgencia nuestra reclamación” ya que es preciso contar con “liquidez” para seguir prestando servicios, garantizar la inversión y articular medidas de estímulo y de respuesta social a esta crisis.
Para afrontar este desafío, NC sostiene que se impone un compromiso “firme y prolongado” en el tiempo del conjunto de la sociedad. Las circunstancias actuales, para este partido político, deben servir para abordar tareas “siempre planteadas en los discursos y nunca realizadas en todos sus términos”. Se trata de la diversificación económica, el desarrollo de las energías renovables, la movilidad sostenible, la lucha contra el cambio climático, el fortalecimiento del sector primario y del sector cultural.
Los nacionalistas progresistas destierran la repetición de los errores de la crisis de 2008, de los recortes brutales de los servicios públicos esenciales, que son “claves de la equidad” en una sociedad con muchas desigualdades. Las “personas deben ser el eje” de todas las actuaciones políticas, como este pacto, según el documento de Nueva Canarias.
Las secuelas del Covid-19, en opinión de esta formación política, debe servir para fortalecer el autogobierno en base a los derechos históricos y otros más recientes, como el REF, el EA y la condición de RUP. También para, de una vez por todas, afrontar uno de los principales retos pendientes, la simplificación del entramado y los procedimientos administrativos para responder con eficacia a las medidas del posterior plan de reactivación.
