Tagoror Digital20.05.2022 | Canarias
El secretario general del Partido Popular de Canarias, Poli Suárez, ha afirmado que el presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, debería “plantarse” ante la Ley de Vivienda que desarrolla el Gobierno central. “No puede permanecer callado ante el ataque a nuestras competencias autonómicas”, aseguró.
“La política de vivienda constituye una materia de titularidad autonómica, por lo que el centro de su regulación y las políticas públicas encaminadas al cumplimiento del derecho del artículo 47 de la Constitución española corresponde a cada una de las comunidades autónomas”, añadió Suárez durante una rueda de prensa celebrada esta mañana para dar a conocer las 85 enmiendas presentadas por el PP a la Ley de Vivienda, en la que estuvo acompañado por la diputada por Santa Cruz de Tenerife y portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ana Zurita.
Durante su intervención, Suárez insistió en que el Estado mantiene algunas competencias genéricas y transversales que incluyen la vivienda, como la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles y la fijación de las bases y coordinación de la planificación de la actividad económica; “pero ello no puede significar que desde el Gobierno se pretenda regular por completo esa materia o duplicar normas vaciando de contenido las competencias de las comunidades autónomas”.
En este sentido, el diputado popular añadió que desde el Estado se pueden fijar bases generales cuando se justifica por la inexistencia de otras normas autonómicas en la materia o cuando coexisten regulaciones distintas que puedan vulnerar el principio de igualdad; para ello, según afirmó Poli Suárez, “se requiere una concreción y justificación que no incluye el anteproyecto y que podría suponer la inconstitucionalidad de la nueva normativa que se pretende aprobar”.
“Cuestiones que se detallan en esta ley, como las reservas de suelo para vivienda destinada a régimen de protección pública de alquiler o la denominada vivienda asequible incentivada, parecen una evidente limitación de las facultades de organización y gestión de las comunidades autónomas atribuida por nuestro texto constitucional, lo que además podría provocar una situación de inseguridad jurídica para los ciudadanos y la propia administración, al decidir la aplicación al caso concreto la norma estatal o la autonómica cuando no coincidan totalmente en su regulación”, comentó el secretario general de los populares canarios.
“Desde el Partido Popular, en reiteradas ocasiones, hemos manifestado nuestro rechazo a esta Ley porque supone un ataque a la propiedad privada, y volvemos a criticar que Torres se mantenga en silencio ante los ataques a nuestra autonomía fiscal o cuando se invaden competencias de nuestra comunidad”. , sentenció.
Por otra parte, la diputada Ana Zurita aseguró que “la Ley posee una gran carga ideológica, que invade las competencias de las comunidades autónomas y que carga la política de vivienda sobre la propiedad privada, generando una gran inseguridad jurídica. Una Ley cuestionada, precisamente, desde el ámbito judicial, donde ha sido calificada como anticonstitucional, puesto que ampara la ocupación y deja desasistidos a los propietarios”.
“Es nociva para Canarias –continuó Zurita- donde existe una emergencia habitacional para familias vulnerables, y donde se han incrementado significativamente los casos de personas sin hogar”, unos datos que define como “muy alarmantes”, ya que “en el Archipiélago no se construye vivienda pública desde 2012, provocando que todo el peso de las soluciones habitacionales en nuestra Comunidad Autónoma recaiga sobre el sector privado, precisamente el sector al que castiga, que no tiene en cuenta que la gran mayoría de los propietarios son personas que tienen sus rentas como un complemento de sus ingresos y su pensión”.
Ana Zurita anunció también que el Partido Popular mantendrá una postura constructiva en este aspecto, por lo que vamos a pedir al Gobierno que reconsidere su forma de hacer las cosas, y que cuente con todos los partidos políticos para la elaboración de un texto alternativo, que no invada competencias ni cercene derechos adquiridos y se respete la propiedad privada”, concluyó.
Imagen: Poli Suárez, secretario general del PP de Canarias | CEDIDA
