Tagoror Digital21.12.2018. Santa Cruz de Tenerife
El último ultraje contra la razón que ampara al Gobierno de Canarias y a todos sus ciudadanos, es el que el Gobierno de España está provocando con en el incumplimiento reiterado en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, http://www.poderjudicial.es/search_old/documento/TS/8330791/Recurso%20de%20casacion%20contencioso%20administrativo/20180323, que a principios de esta año 2018 dio la razón al Gobierno de Canarias, por los recortes que el Gobierno de España, en aquel entones en manos del PP, realizó entre 2012 y 2017 en las inversiones en carreteras que en justicia le correspondían a la islas, y que supone un pago total de 934 millones de euros, incluidos los intereses.
En los últimos días se ha vuelto a comunicar, como ya había efectuado e incumplido repetidamente meses atrás el portavoz del Gobierno de España, la próxima firma del convenio de carreteras Estado – Canarias, que recoge un total de 1.800 millones, resultado conjunto de la inversión, que legítimamente corresponde para las islas, de 1.200 millones para 8 años, y 600 millones de euros de la sentencia judicial. Pero en esta cifra total anunciada faltan 334 millones de euros, que legalmente pertenecen a todos los canarios; y que el Gobierno del PSOE de España, en la persona de su Presidente Pedro Sánchez, actuando con total desprecio, quiere sustraer, para, con esa cantidad contentar a otros territorios.
Es inconcebible que el Gobierno de España, no sólo incumpla una sentencia judicial, sino que, además, sustraiga lo que reglamentariamente es de Canarias para dárselo a otros. ¿Qué le pasa a quien no acata una sentencia judicial, y además arrebata algo?.
Adicionalmente, el Gobierno de España viene dando largas a la rúbrica de otros convenios pendientes con Canarias, y recogidos en los presupuestos del Estado del año 2018. En todos estos casos, de no firmarse antes del 1 de enero, hacerse las transferencias o una resolución que aclare su uso posterior en el remanente para 2019, esas partidas se perderían, y más si hay nuevo presupuesto estatal y no se contemplan esos conceptos:
- convenio hidráulico, de 2018, por importe de 40 millones de euros.
- convenio para el agua agrícola, por importe de 8 millones de euros.
- convenio de las infraestructuras educativas, por importe de 42 millones de euros
- convenio la lucha contra la para la pobreza en las Islas, por importe de 30 millones de euros.
Esta informalidad del Gobierno de España con el Gobierno de Canarias, provoca, no sólo un atentado a los derechos de todos los ciudadanos de las islas, sino un grave e irreparable daño a la economía y empleo en las islas.
Lamentable es la actuación del Estado, pero también es deplorable el pronunciamiento de los “diputados canarios” de los partidos estatales, que, ante este denunciable comportamiento, no han intervenido de manera activa en la legítima defensa de los ciudadanos que los han elegido, anteponiendo sus propios intereses partidistas al general.
- ¿Qué tendrán que hacernos para que los canarios despertemos y peleemos con todas las consecuencias en la legítima defensa de nuestros derechos?.
- ¿Seguiremos impasibles ante el trato humillante y colonial que el Gobierno de España ejerce con Canarias?.
- ¿Ha llegado el momento de apoyar mayoritariamente y unir a todas las verdaderas fuerzas Nacionalistas en la protección de Canarias?.
Apoyamos unánimemente al Gobierno de Canarias en el proceso que está desarrollando para apremiar al Gobierno de España en el cumplimiento de los acuerdos necesarios en aras a asegurar la protección de los derechos e intereses de todos los ciudadanos de Canarias.
Imagen: Juan Manuel García Ramos, presidente del PNC