El Ayuntamiento apuesta por extender los ecocomedores a todos los colegios y rechaza la externalización del servicio de comedores.

30.06.2017. Santa Brígida.

El Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida celebró el jueves 29 una sesión plenaria ordinaria que se desarrolló durante cuatro horas. En primer lugar se planteó la aprobación de las Actas de la sesiones de los plenos ordinario y extraordinario del pasado mes de abril y junio, a lo cual votaron en contra los ediles del PP y de Cambio por Sataute (CxS) al reclamar los primeros que se reflejara literalmente las sesiones y, según los segundos, por no incluirse sus preguntas, a lo que fueron respondidos por la Secretaría Municipal que la normativa no contempla que las actas tengan que ser una reproducción literal de las intervenciones. Acto seguido, tuvo lugar la incorporación al cargo del nuevo concejal de la agrupación electoral ANDO Sataute, Daniel López, en sustitución del dimitido Eduardo Martín.

A continuación se aprobó por unanimidad la adhesión del municipio a la Central de Contratación de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), tras lo cual aprobaron por mayoría una propuesta de modificación presupuestaria de 651.000 euros de remanentes del ejercicio anterior con el rechazo del PP, CxS y la abstención de Ciudadanos (Cs).

La discusión política se produjo en el debate de las mociones de los distintos grupos. El Grupo Municipal Ando Sataute logró la unanimidad en su propuesta de rechazo a la violencia en el Deporte, para lo que solicitarán el apoyo del Cabildo y del Gobierno de Canarias; asimismo, lograron el apoyo de todos los concejales para la instalación de un punto de recarga semi-rápida para vehículos eléctricos que permita situar al municipio en el mapa de la red para este tipo de vehículos en auge. En este sentido, el PP solicitó datos sobre el parque móvil de vehículos eléctricos mientras la portavoz de CxS instó al grupo de Gobierno a que el parque móvil municipal se nutra de vehículos eléctricos. Ante estos planteamientos, los concejales de ANDO Sataute señalaron que están trabajando con “lo que es el futuro del transporte”, con un apoyo claro al consumo de renovables y contra la contaminación, así como en colaboración directa con otras administraciones y asociaciones de usuarios. En cuanto al parque móvil del Ayuntamiento, respondieron que “ojalá tuviéramos dinero para renovarlo”.

El debate comenzó a subir en el punto de la defensa de los comedores escolares, al plantear el portavoz de ANDO Sataute, Melquiades Álvarez, el rechazo a la privatización de estos servicios y propugnar el apoyo al proyecto de ecocomedor del CEIP Juan del Río Ayala y que pueda llevarse a cabo en el CEIP de La Angostura y en el Illera de la Mora, en La Atalaya, con apoyo a la agricultura ecológica y local, en lo que se denomina consumo ‘kilómetro cero’. La réplica le llegó de la portavoz popular, Inmaculada Sáez, quien criticó al grupo que presentaba la moción por tener una tendencia de “izquierda ideológica” que sacaba las cosas de contexto usando términos incorrectos, al señalar que en España no se había privatizado servicios públicos esenciales, sino tan sólo externalizado, señalando que están a favor de la moción pero no contra el Gobierno de España que “está a favor de que los niños coman bien”. Esta intervención fue respondida por el concejal de Cs, Juan José Pons, quien dijo que para solucionar esa controversia se corrigiera en la moción el término privatización del servicio público por “gestión privada del servicio público”, si bien criticó al PP por usar términos diferentes para lo que significa lo mismo. Más duro fue Melquiades Álvarez quien aceptó la propuesta de Cs pero dijo a la concejala popular que “el juego de términos no altera el resultado, o cómo llama usted a sacar de los comedores a los trabajadores públicos” para sustituirlos por un catering.

El Partido Popular también consiguió la unanimidad en su moción para la instalación de pasos de peatones luminosos e inteligentes para el Municipio para mejorar la seguridad vial en un pueblo cuyos principales núcleos de población están atravesados por la carretera del centro. El concejal de Nueva Canarias, José Luis Álamo, se comprometió a trabajar con los ediles del PP en cuanto se incorpore de sus vacaciones, mientras el alcalde, José Armengol recordó que el municipio está trabajando un plan de seguridad vial solicitado por los vecinos en las asambleas de barrio, y la actualización de un estudio sobre la carretera GC 15 que atraviesa el municipio.

El debate más intenso se produjo con la petición de promover beneficios fiscales a favor de los menores hijos de víctimas de violencia de género, ya que la moción del PP fue inmediatamente respondida por la concejala de ANDO Sataute, Rosalía Rodríguez, quien declaró estar “sorprendida e indignada por esta propuesta cuando su partido desmanteló los servicios de apoyo familiar y de atención a las víctimas de violencia de género”. En este momento, Inmaculada Sáez pidió disculpas en nombre de sus siglas por lo sucedido, pero advirtió que esas decisiones recaen “sobre las espaldas de quienes las impulsaron al ser su responsabilidad”, argumentando que “esta propuesta es de quien le habla y de los concejales de mi grupo”, achacando lo sucedido al responsable municipal de aquella decisión que fue el ex alcalde Lucas Bravo de Laguna.

En este punto intervino el concejal socialista y responsable del área de Atención Social, Lucas Tejera, quien calificó la situación de “chota” por “no asumir la responsabilidad del anterior grupo de Gobierno de su partido, cuando usted nos recuerda continuamente que hay que responsabilizarse de lo bueno y de lo malo”, a lo que añadió que muchos días “no puedo dormir gracias a ustedes porque diariamente veo muchísimos casos flagrantes que no podemos atender porque no contamos con un servicio que hoy podríamos haber tenido. Por ello, espero que cuando traigamos al Pleno la creación de estos servicios –que contarán con los informes técnicos en contra- ustedes voten a favor”.

La portavoz del PP reiteró que la intención de su grupo es ayudar a las víctimas indirectas, y sobre las críticas reiteró que “todos los gobiernos tienen aciertos y errores”, para añadir que el acta de concejal “es personal” y que “la gestión recae sobre la persona”, a lo que añadió que si se presentara una propuesta para volver a contar con los servicios suprimidos la apoyarían. En este momento intervino la concejala popular Rosa María Ramírez, quien fuera concejala de Servicios Sociales, para afirmar que “se intentó mantener los servicios pero no pudimos coger la subvención porque no se consiguieron los perfiles y no se podía contratar por el Ayuntamiento”, por lo que “se mancomunó el servicio y no se dejó de atender a las mujeres”, recordando que “yo también me fui con dolores de cabeza a mi casa por este motivo”.

La portavoz de CxS, Guadalupe Cruz del Río, también ex concejala del PP, afirmó que “en mi etapa al frente de la concejalía fue cuando se crearon estos servicios. Mucho daño hizo Lucas Bravo de Laguna a este municipio y al hacer desaparecer estos servicios afectó a los más vulnerables”, y consideró que la decisión se produjo porque “quiso borrar el recuerdo de Guadalupe en la Concejalía” –refiriéndose a ella misma- en una época en la que se produjo el primera asesinato por violencia de género en el municipio, si bien disculpó a la actual portavoz del PP de la situación actual.

También intervino el concejal de Unidos por Gran Canaria, Martín Sosa, quien señaló que “es un tema muy importante y desagradable” por lo que instó a que no caigamos en el ‘y tú más’, recordando que ha participado en la Corporación en los últimos diez años y la eliminación del servicio fue por cuestión de competencias, calificando las manifestaciones de la edil de CxS de “ego subido personal”.

El concejal recién incorporado, Daniel López, se ‘estrenó’ comentando que en los últimos años de recortes se ha reducido de forma destacada la financiación de las políticas contra la violencia de género, indicando los datos que figuran al respecto con una búsqueda en internet, lo cual fue considerado por la portavoz popular como una intervención demagógica.

El alcalde satauteño, José Armengol, intervino para responder a la edil popular que no compartía que las decisiones en el Ayuntamiento fueran personales, sino colegiadas por los partidos que las adoptaban, y aclaró que los reparos de los funcionarios a la contratación de personal para estos servicios responden a las leyes de control de gasto establecidas por el PP. En este sentido, volvió a intervenir Rosalía Rodríguez para aclarar que se trataba de un servicio subvencionado y que en otros ayuntamientos se consolidaron estas oficinas porque el Cabildo apostaba porque cada municipio contara con los servicios.

Inmaculada Sáez insistió en defender su moción aunque “como municipio no tenemos competencia pero sí podemos pedir, solicitar y promover con este acuerdo” y señaló al grupo de Gobierno que “están aquí para mejorar y no para igualar lo malo”, a lo que añadió que “las mociones suelen ser papel mojado” y anunció que traería al Pleno un listado de mociones sin ejecutar, por lo que insistió en que se aprobara la moción sin éxito, ya que fue rechazada por ocho votos contra seis, no sin antes advertir Lucas Tejera (PSOE) que “próximamente vendrá a Pleno la creación de los dos equipos y votaremos a favor aunque los técnicos pongan reparos y entonces veremos si tenemos competencia o no”.

El Grupo Municipal Cambio por Sataute (CxS) presentó una moción sobre denuncia de falta de transparencia del grupo de Gobierno Municipal en la que solicitaban que las mociones aprobadas en Pleno dieran lugar a un expediente de tramitación administrativa; crear una mesa de seguimiento mensual de mociones; un informe trimestral de cumplimiento de las mismas y anular la resolución de Alcaldía que les “amordaza” para recabar información. La propuesta fue respondida por el portavoz de ANDO Sataute, Melquiades Álvarez, quien criticó que “repite la misma propuesta en cada Pleno” afirmando que no hay transparencia cuando “en las comisiones informativas nunca interviene o se abstiene o no asisten. ¡Ya está bien¡”. También intervino el alcalde para explicar que no se le impide acceso a la información o a los expedientes, sino que “a usted se le ha manifestado que no bloquee a la administración” con peticiones “que tienen la finalidad de judicializar la vida política del municipio”. También intervino el concejal de CS, Juan José Pons, para señalar que se abstendría porque “a pesar de que coincido con las tres peticiones, ustedes pierden las formas en la exposición de motivos”. La moción sólo obtuvo los votos favorables del PP, CxS y CCD, por lo que fue rechazada.

Por otra parte, a pesar de discutir las causas y responsabilidades de que no se haya arreglado la carretera del lugar denominado Camino Cruzado, en Pino Santo Alto, se aprobó por unanimidad la moción para solucionar los socavones producidos desde que se realizaron las obras de alcantarillado en el barrio y no se culminara adecuadamente el arreglo de la vía. Un proyecto que está realizado y pendiente de incorporarlo a los planes de obras con el Cabildo de gran Canaria.

Por último, el representante de Ciudadanos (Cs) perteneciente al Grupo Municipal Mixto presentó la moción para la creación de una nueva Comisión Informativa Permanente, denominada “de Metodología de Funcionamiento”, que fue rechazada por no tener encaje en el régimen de funcionamiento de la Corporación, pero se constituirá un grupo de trabajo que facilite la gestión de los concejales y trabaje por la transparencia en la Corporación; asimismo, planteó la creación de una oficina de mediación para la resolución de conflictos vecinales. Propuesta que fue rechazada pero se señaló que existe un convenio pendiente de ratificación por parte de la Mancomunidad de Medianías con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para facilitar la labor de mediación y arbitraje, así como se culmina un proyecto de colaboración con la Viceconsejería de Justica e Interior del Gobierno de Canarias para ver la viabilidad de crear este servicio en el municipio.

En Asuntos de Urgencia se aprobó el convenio de Promoción de Programas de Juventud con el Cabildo de Gran Canaria, tras lo cual se abordaron los ruegos y preguntas.

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