Tagoror Digital
29.03.2023 | San Cristóbal de La Laguna
El candidato a la Alcaldía lagunera y portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna, Jonathan Domínguez, ha manifestado que el anuncio de incoación de diligencias previas por presunto delito de prevaricación contra el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, conocido tras la denuncia por el nombramiento “a dedo” del ex senador del PSOE Julio Cruz como director del área de Presidencia y Planificación “es una crónica de algo que ya habíamos predicho, un acto ilegal mantenido en el tiempo por la arrogancia de este Gobierno, que acabará siendo resuelto en los juzgados”.
“Es gravísimo conocer esta noticia cuando le advertimos que era un nombramiento ilegal y los actos que haya ejecutado Cruz son nulos de pleno derecho; se rieron de nosotros; éstas son las consecuencias y el resultado de la prepotencia y actitud arrogante del actual Gobierno”, apunta y “algo habrá visto la jueza cuando ha decidido ese auto de incoación de diligencias previas”.
Domínguez recuerda que en el mes de diciembre CC advirtió en rueda de prensa de la “ilegalidad” del nombramiento del funcionario y socialista Julio Cruz Hernández, como alto funcionario del Ayuntamiento de La Laguna y se expresó que se habían “incumplido los procedimientos legales de transparencia y concurrencia establecidos”, tal y como había recogido el secretario general del Pleno en un informe.
El candidato a la Alcaldía lagunera indica que este Gobierno con su actitud, “ha puesto en juego los salarios de todos los trabajadores del Ayuntamiento, todos los complementos y las plazas de oposiciones que pudieran salir al permitir que una persona, con un informe que dice que su nombramiento es nulo de pleno derecho, estuviera firmando y decidiendo sobre millones y millones de euros de contratos públicos”.
Jonathan Domínguez recuerda además el bochornoso papel del Gobierno cuando ha llevado a pleno, hace unos días, la aprobación de las Cuentas municipales sin corregir ese error y se les dijo que el Capítulo I se podía impugnar ante la justicia y que cualquier funcionario o persona que se sintiera agraviada por la ejecución de este presupuesto en el próximo mes y medio, podía presentar un contencioso administrativo contra el presupuesto y tumbarlo.
