Una administración pública fallida

10.02.2020 | Redacción | Opinión

Por: Óscar Izquierdo

Presidente de FEPECO

La administración, con su radical ineficacia y torpeza congénita, que es común en sus distintos ámbitos territoriales, estatal, autonómico, insular y local, está en el origen de gran parte de los problemas que sufren los empresarios y padecen los ciudadanos. Los retrasos son la norma, la rapidez es lo ocasional. Cualquier gestión por realizar, desde la concesión de licencias de obra, pasando por los procedimientos de apertura de negocios o la autorización de un simple vado, lleva implícita pérdida de tiempo, inversión paralizada, daño económico y enfado asegurado.

El laberinto burocrático por el que se hace pasar a las empresas y la lentitud de la administración, colapsada en la mayoría de los servicios o departamentos, está abocando a la paralización de la actividad económica, al aumento del desempleo, pérdida de productividad y poniendo en peligro la propia supervivencia del ya por sí maltrecho tejido empresarial. Los expedientes se alargan sin medida y fuera de los tiempos contemplados por la normativa vigente, haciendo caso omiso a la legislado al respecto y todo ello sin asumir responsabilidades por parte de la administración correspondiente. Mientras tanto, los empresarios o los ciudadanos tienen que cumplir escrupulosamente con los plazos determinados y si no es así, inmediatamente tienen la correspondiente sanción con su respectivo recargo.

Es un problema endémico, estructural, que está secuestrando la potencialidad del tejido empresarial, imposibilitando su desarrollo normalizado e impidiendo un crecimiento económico estable y seguro, principalmente por la inseguridad jurídica que acarrea. Los inversores se van horrorizados, escapando de la calmosa actitud burocrática, incapaz de trabajar con más agilidad. Tiempos perdidos, trabas por doquier y falta de empatía. Hace falta dotar a los distintos departamentos y servicios administrativos de medios técnicos y humanos para hacer frente a la carga de trabajo que soportan. Además de mostrar respeto y consideración hacia el empresario, creador de riqueza social y que en muchos casos es tratado con deliberada desconsideración, cuando no tenido o mirado como si fuera un delincuente potencial. El escritor español Pio Baroja ya señaló en su día que “la burocracia en los países latinos parece que se ha establecido para vejar al público”.

En la sociedad digital y de la inmediatez donde vivimos, la administración todavía tiene métodos, procedimientos y tiempos de resolución demasiado lentos o desquiciantes, no respondiendo a la agilidad que requiere nuestra sociedad moderna y cada vez más exigente. La resolución de los expedientes ocupa espacios demasiado largos, que parece ser que ningún responsable público es capaz de solucionar. No se quiere o no se puede, pero las consecuencias las pagamos los empresarios y los ciudadanos, perdiendo oportunidades de negocio, estabilidad empresarial e incapacidad de creación de empleo.  Sufrimos una administración poco proactiva, con escaso espíritu innovador, envejecida, con falta de personal cualificado, falta de talento joven y con un excesivo peso de inercias paralizantes, cultura de funcionamiento anticuada, demasiado corporativa y excesivamente jerarquizada. Es un mal que está haciendo mucho daño, que todos sabemos que existe, pero que nadie es capaz de poner la vacuna que lo cure. La medicina pasa por más profesionalización, mejor digitalización, exigencia de productividad, normas de funcionamiento precisas, reciclaje continuo y obligatorio, responsabilidad personal en el incumplimiento de plazos, pero, sobre todo, un adelgazamiento del marco normativo que atenaza y que no significa desregulación, pero si reduciéndolo a lo meramente imprescindible para dar seguridad jurídica. Lo simple es más efectivo que lo complicado y eso pasa por una administración pública resolutiva.

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