Tagoror Digital04.11.2019 | Redacción | Opinión
Por: Óscar Izquierdo
Presidente de FEPECO
Cuesta escribir en positivo cuando lo que se encuentra por delante es palabrearía hueca, demagogia repetida y discursos populistas. Un responsable público de alto nivel, como es un Consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, tiene la obligación de servicio público y eso significa gobernar para todos, porque sus opiniones en el cargo son institucionales, no personales. Sorprenden, por su inconsistencia y por los conocimientos que se le suponen del sector de la construcción, las declaraciones del inefable consejero, que un día sí y otro también, machaconamente, señala que debe dejar de plantearse la construcción de grandes infraestructuras que se han demostrado que no son imperiosas, poniendo como argumento que “si una infraestructura lleva 20 años esperando y se ha demostrado que hemos podido vivir sin ella tal vez sea porque no es necesaria”. Además, ahora arremete contra la construcción del Puerto de Fonsalía, diciendo que si por él fuera no autorizaría su construcción, poniéndose la vestimenta del más genuino noista, especie endémica de la isla y que tanto daño ha producido a su crecimiento económico.
Lo mejor para todos y buscando una clarificación esperada, es que mantuviera una amplia reunión con el Secretario General de su partido en Tenerife y presidente del Cabildo Pedro Martín, sobre todo para definir la postura del PSOE en cuanto a esta infraestructura fundamental y ya de paso, que llamara al presidente del Cabildo de La Gomera Casimiro Curbelo, coaligado de su Gobierno, para saber si es de su misma opinión. Se olvida que el hecho de que una obra pública se retrase no es porque no sea necesaria, sino generalmente, por la ineptitud de los responsables públicos, que son incapaces de acometer la ejecución de obras estructurales, en el tiempo y en la forma establecida o adecuada. La demanda del sistema económico y de la propia ciudadanía son las verdaderas impulsoras de las infraestructuras. En algunos casos, son los políticos los que impiden su establecimiento, no por cuestiones objetivas, sino por la subjetividad ideológica que imprimen a su gobernanza.
Desatender la demanda, tanto en la creación de nuevas infraestructuras, así como en el mantenimiento y mejora de las ya establecidas, afectará severamente al crecimiento de Canarias. No podemos olvidar la capacidad potencial, con efecto multiplicador, sobre la iniciativa privada y el dinamismo económico y la innovación, que supone contar con las infraestructuras indispensables, sobre la que se sustenta una economía moderna con segura capacidad expansiva. Las distintas administraciones públicas, tienen la obligación de equipar y conservar infraestructuras que beneficien al conjunto de la sociedad. Porque significan verdadero motor estratégico de desarrollo y un retorno importante de recaudación para la hacienda pública, ya que tanto se habla de fiscalidad ambiental. Invirtiendo en infraestructuras se crea empleo y riqueza, aumentando la recaudación del erario. Por el contrario, la subvención es puro gasto, que dará votos, pero no tiene retorno social, sólo subida de impuestos.
Asegurar el futuro de las nuevas generaciones se consigue con obras, no con meras declaraciones retrógradas y retóricas. Cuando se gobierna desde la ideología, aparece el sectarismo, acompañado de paternalismo. Seguir insistiendo en consideraciones peyorativas sobre las carreteras y los puertos, es incierto e imprudente. Son mensajes rancios, que duelen en una isla coma la de Tenerife, que vive constantemente, atascada, colapsada e inmovilizada, por no contar con una red viaria adecuada, ni una conectividad marítima o aérea suficiente. Cambia la perspectiva cuando de lo que se trata es de tener infraestructuras integradas y coordinadas, es decir, no es cuestión de hacer más, sino de hacerlas mejores.
