Tagoror Digital14.10.2018. Redacción | Opinión
Por: Narvay Quintero Castañeda
Consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias
Cuando en enero de 2018 reunimos en Canarias a los ministros de Agricultura de Francia, España y Portugal, conocíamos la trascendencia de ese encuentro en el futuro. Gobierno y sector primario planteamos a los tres estados, como lo habíamos hecho en diferentes foros con anterioridad, los principales retos a los que se enfrenta la agricultura, ganadería y pesca de las regiones ultraperiféricas, principalmente: debilidad respecto a los acuerdos comerciales con terceros países y necesidad de garantizar la libre competencia, lo que conlleva mantener y mejorar las ayudas que tienen como objetivo, precisamente, compensar los sobrecostes que la lejanía, insularidad y fragmentación territorial provocan en las regiones ultraperiféricas europeas.
Meses después, en junio, nos trasladamos a Bruselas para lanzar el mensaje unánime: la propuesta de recorte del POSEI y de las políticas incluidas en el llamado Pilar II de la Política Agrícola Común (PAC) es un ataque directo al sector primario de las regiones ultraperiféricas, un golpe que provocaría un frenazo al desarrollo experimentado en los últimos años, con consecuencias además muy negativas en estos territorios tan frágiles y singulares.
El descenso de las ayudas POSEI supondría una reducción en la producción y el peligro de abandono de explotaciones, dadas las dificultades de los productores de las RUP para alcanzar un nivel de competitividad similar al de la agricultura de la Europa continental. El propio Parlamento europeo, pues ya lo ha hecho en diferentes ocasiones, se ha mostrado en contra de esta propuesta a la baja de la Política Agraria Común europea. No solo durante nuestra visita de junio de 2018, sino en diferentes resoluciones anteriores como el informe de evaluación del POSEI de diciembre de 2016; la apuesta por financiar al 100% las ayudas para flotas pesqueras de las RUP, de abril de 2017; la resolución sobre aplicación del artículo 349 (el que reconoce el régimen especial de las RUP) del Tratado de Funcionamiento; o la propia Comisión Europea, en octubre de 2017, entre muchos otros ejemplos.
En el mismo mes, el presidente de la Comisión Europea, Phil Hogan, indicó, tal y como había hecho algún miembro de su gabinete con anterioridad, que si los tres Estados afectados (España, Francia y Portugal) le trasladaban un mensaje unánime en este sentido, la Comisión se replantearía su propuesta inicial.
Pues bien, junto a los productores de plátano de Canarias, Asprocan, y europeos, APEB, hemos logrado arrancar esta semana un compromiso formal, trasladado a una carta que remitiremos a Hogan, en la que los tres estados solicitamos a la UE que desista de sus intenciones de plantear recortes tanto a las políticas de promoción de la producción, como a aquellas que tienen como objetivo aspectos tan universales como la promoción de la mujer en el sector primario, la implantación de métodos más respetuosos con el medio natural, el relevo generacional, la modernización y una mayor eficacia en la gestión de los recursos.
Todas estas políticas se verían muy afectadas si finalmente la Comisión se sale con la suya, aunque nuestro trabajo seguirá consistiendo en recabar apoyos, como ya tenemos de los propios Estados y del Parlamento, cimentando nuestra más que evidente posición contraria a ese recorte para que, llegado el momento de tomar decisiones definitivas, todos en la Unión Europea asuman la necesidad de garantizar el futuro del sector primario de las regiones ultraperiféricas. Dejaremos muy claro que no cabe otro escenario.
