Paco Pérez08.08.2018. Redacción | Opinión
Por: Paco Pérez
pacopego@hotmail.com
Este país es un auténtico cachondeo hasta en la asignación de sueldos para los políticos (hay demasiados, más que en ninguna otra nación), hasta el punto de que, en la mayoría de los casos, son los propios protagonistas quienes establecen sus salarios, sin la menor vergüenza.
Los casos más llamativos son los del presidente y consejeros de la llamada Generalidad de Cataluña, esto es, del Gobierno de aquella comunidad autónoma, en la que el señor Torra cobra un sueldo escandaloso, muy superior al del presidente del Gobierno de España, lo que es un auténtico descaro y un robo a mano armada al erario público. Cosa nada extraña, porque el perseguido delincuente Puigdemont, que anda a su libre albedrío por Europa, sigue cobrando de las arcas catalanas, de donde sacó los cientos de millones de euros que le dio la gana para financiar el ilegal referendum del independencia del pasado 1-O. Pero eso es harina de otro costal y el vergonzoso caso ya está en manos de la Justicia, que es la que tendrá que condenarlo, cuando los burócratas de la Unión Europa dejen.
Surrealismo, que ya hubiera querido André Bretón para él.
Vayamos a lo que íbamos, porque estos catalanistas del tres a cuarto me tienen hablando solo y me desvían del asunto que quiero comentarles y que no es otro que pienso que se debería aprobar una normativa muy rígida sobre los sueldos de todos los cargos públicos que ejerce su correspondiente función en toda España, porque disparar con pólvora ajena a estos individuos (con sus honrosas excepciones) les gusta más que a un niño un helado de chocolate.
Creo que debería establecer por ley un tope salarial para todos estos "salvadores de la Patria" e impedir además que se subieran sus emolumentos cada vez que les apetece, además de subir los sueldos anualmente en el mismo porcentaje que aumentan, por ejemplo, las pensiones de los jubilados, millones de personas que han visto cómo su nivel de poder adquisitivo en los últimos años ha descendido notablemente.
No es de recibo, pongamos por caso, que los propios diputados del Parlamento de Canarias, hayan aprobado recientemente, antes de irse de vacaciones estivales, un incremento de sus haberes del 1,75 por ciento, como si ellos fueran funcionarios de las distintas Administraciones del Estado, que ciertamente no lo son.
Asimismo, parecería razonable que todos los alcaldes tuvieran sueldos homogéneos entre sí, en función del número de habitantes de cada municipio, por tramos de población, como curre a la hora de designar determinadas subvenciones estatales a los ayuntamientos del país.
Hay que acabar con este libertinaje que se ha instalado respecto a la asignación de sueldos por parte de los demasiados cargos políticos públicos que hay en España, más que en ningún otro Estado de la Unión Europea y que dicho de paso, en muchos casos, no están sujetos a tributación de Hacienda. ¡Tienen una cara que se la pisan¡
