29.12.2018. Redacción | Opinión
Por: Paco Pérez
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Ya lo que nos faltaba por ver en las íntimas relaciones entre determinados empresarios y dirigentes políticos de Coalición Canaria. El señor Plasencia Santos, don Antonio, fue condenado este año a pagar una multa multimillonaria, superior a los 75 millones de euros, por los delitos cometidos contra el medio ambiente y la protección del territorio, al extraer ilegalmente miles de hectómetros cúbicos de áridos --para la construcción de edificios-- en el Valle de Güímar.
Ahora, sorpresivamente, el Cabildo de Tenerife (gobernado por CC) va a adquirir un edificio construido por la Promotora Punta Larga, propiedad de la familia Plasencia, situado en la zona de Cabo-Llanos, en Santa Cruz, por un importe de veintitrés millones de euros, casi la mitad de la cantidad total que el empresario gomero-venezolano ha de pagar según la sentencia. Y su uso será sociosanitario, al parecer.
Asimismo, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias (de CC) va a comprarle a Plasencia el extenso solar anexo al Hospital de la Candelaria, para construir en él un aparcamiento subterráneo para el personal y los visitantes del HUNSC, terrenos que el señor Plasencia los había cedido desde hace muchos años al Servicio Canario de Salud para su uso. La operación se va a realizar con la celeridad necesaria para que el constructor, afín a los nacionalistas, pueda tener suficiente dinero en efectivo para pagar la millonaria sanción impuesta por los Tribunales de Justicia.
A mí me parece muy lícito que el señor Plasencia Santos venda propiedades que son suyas al mejor postor. Lo que no es tan normal es que esas propiedades las compren ahora instituciones públicas, queriendo justificar un fin social. Por favor, señores de CC, que podremos hacer la vista gorda, pero sepan que tontos no somos. Y eso. No tienen vergüenza algunos de los políticos tinerfeños.
Imagen de archivo: diariodeavisos.com | CEDIDA