Rafael J. Lutzardo Hernández12.03.2018. Redacción | Opinión
Por: Rafael J. Lutzardo Hernández
¿Qué puedo escribir o pensar sobre el futuro de las pensiones en España? Pues sencillamente, que el Gobierno de Mariano Rajoy viene jugando con los sentimientos de millones de pensionistas
¿Qué puedo escribir o pensar sobre el futuro de las pensiones en España? Pues sencillamente, que el Gobierno de Mariano Rajoy viene jugando con los sentimientos de millones de pensionistas. Sinceramente, me cuesta creer las siglas e ideologías de los partidos políticos. También, en la mayoría de los políticos de los diferentes partidos. Es por ello, que en las próximas elecciones, los 7 millones de pensionistas que hay actualmente en España, deberían de pensárselo a la hora de votar.
Un pensionista no es un despojo de la sociedad. Es una persona, un ser humano que a lo largo de muchos años participó con muchos sacrificios en la vida laboral de esta cínica y embustera sociedad. El pensionista dejó toda una juventud en la vida laboral, con el objetivo de poder realizar un proyecto familiar y mantener todos los gastos económicos que conlleva una familia. Muchos de ellos, tras más de 30 años cotizando a la Seguridad Social, se han retirado con una paga mezquina y vergonzosa.
Sin embargo, la clase política se muestra ajena a la reforma de las pensiones públicas que propuso recientemente el Gobierno. Mientras el PSOE quiere retrasar la edad de jubilación a los 67 y rebajar las pensiones, sus señorías disfrutan del privilegio de poder retirarse con la pensión máxima cotizando tan sólo siete años. Es decir, y por si fuera poco, mientras que los ciudadanos deben cotizar durante 35 años para cobrar la totalidad de la pensión a que tienen derecho “a los miembros del Gobierno les basta con jurar el cargo y acumular siete años de ejercicio para poder obtener la pensión máxima de jubilación”.
Pero aún hay más. Tal y como señala el despacho, sus señorías también tienen derecho a percibir una indemnización económica por cese en el cargo, bajo la excusa de que” la dedicación a la actividad política parlamentaria obliga a dejar la ocupación habitual de modo que cuando se produce el cese, la vuelta a dicha ocupación suele acarrear diversas dificultades”. La dificultad más “relevante”, según esta Exposición de Motivos, es la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña cargo parlamentario.
Es decir, un parlamentario que al mes percibe como salario medio unos 4.000 euros al mes (mas dietas), se encuentra con el supuesto problema de que cuando cesa en su cargo carece de prestación por desempleo, de ahí que las Cortes aprobaran una “suculenta indemnización” para este tipo de casos. Además, también perciben una indemnización para afrontar el período de transición que se produce entre la disolución de las Cámaras y la constitución de las mismas tras las elecciones ya que, según explica el reglamento, no es seguro que vayan a continuar en el cargo.
“La indemnización por cese parlamentario será el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales y hasta un límite de 24 mensualidades. Esta indemnización además se abonará mensualmente”.
De Juzgado de Guardia se puede considerar la reciente y vergonzosa subida de las pensiones de un 0, 25%. No merece ser llamada así, ya que supone un aumento de menos de dos euros. Es una vergüenza. Suben los precios y los jubilados están perdiendo continuamente poder adquisitivo. Aunque sea el mínimo de incremento establecido por ley no es suficiente. Los gastos de las familias están aumentando y en muchos casos los jubilados ayudan económicamente a hijos y nietos, por la falta de trabajo y por problemas monetarios derivados del elevado nivel de paro existente en España.
En resumen, los políticos españoles acumulan indemnizaciones por cese de actividad, así como la percepción de pensiones máximas y sueldos de forma simultánea con apenas unos años cotizados. Y, mientras, PP y PSOE negocian para rebajar las pensiones a todos los contribuyentes al tiempo que retrasan la edad de jubilación, aumentando así los años de cotización necesarios para recuperar el dinero que mes a mes les resta de sus sueldos la Seguridad Social.
