Paco Pérez14.07.2018. Redacción | Opinión
Por: Paco Pérez
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Los últimos años de gestión municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna, la tercera ciudad en importancia del Archipiélago, pasarán a la triste historia política de las Islas como una etapa llena de escándalos, el más reciente denunciado por todos los grupos de la oposición, incluido el Partido Popular, que hasta ahora se mostraba muy remiso a la hora de apoyar una moción de censura contra uno de los peores alcaldes que ha tenido la histórica ciudad, un tal José Alberto Díaz, conocido popularmente con el apodo de "cochino negro".
Los dirigentes locales de Coalición Canaria, desde los tiempos de la alcaldesa Ana Oramas --ahora diputada nacionalista en Madrid-- han actuado siempre como si el Ayuntamiento fuera una finca de su propiedad y han pretendido hacer lo que les ha venido en gana, con múltiples y supuestas irregularidades que en nada tienen que ver con una conducta democrática y de respeto a la ciudadanía.
El último escándalo ha sido denunciado por todos los ediles del Consistorio, excepto por el propio grupo gobernante y por las dos concejales que aún quedan del PSOE en la Corporación, por cuanto estas dos fuerzas han acaparado la contratación de todo el personal de confianza, que cuesta la bonita cifra de un millón de euros cada año, como ha afirmado públicamente la portavoz de Ciudadanos, Teresa Berástegui, y ha repetido hasta la saciedad el líder de Socialistas por Tenerife, Santiago Pérez.
La de José Alberto Díaz ha sido la etapa más negra de toda la historia de la política municipal lagunera, una corporación que se gasta ingentes cantidades de dinero en festejos y en campañas publicitarias, sin el más mínimo sonrojo por parte de los dirigentes de CC, ante la indignación del resto de concejales, la mayoría partidarios de desalojar de la Alcaldía al autodenominado grupo nacionalista, que gobierna con el apoyo de dos ediles del PSOE. Partido que al principio de la legislatura contaba con cinco concejales y que se vio obligado a firmar una coalición de gobierno, por el pacto en cascada acordado entre Fernando Clavijo y Patricia Hernández para conformar el Ejecutivo autonómico, roto al año de su ratificación.
La Laguna vive nuevos momentos de convulsión política, por culpa de una inestable situación institucional, porque sus gobernantes quieren seguir haciendo lo que les da la gana, aprovechándose de la disgregación ideológica del resto de los grupos, que abarca desde el PP hasta concejales afines a Podemos. Confiemos en que estos dislates políticos acaben algún día no muy lejano.
