Tagoror Digital26.10.2020 | Redacción | Opinión
Por: Óscar Izquierdo
Presidente de FEPECO
La crisis sanitaria del COVID-19 se agrava por momentos en todo el continente europeo y a nivel global, las consecuencias personales son dramáticas, con una repercusión económica catastrófica. Sin querer ser pesimista, desde luego se avecina una grave crisis social, a la que hay que responder con prontitud y medidas eficaces y eficientes. Retrasar cualquier actuación, significaría ahondar en la problemática colectiva. Es el momento de tomar decisiones valientes, arriesgadas en muchos casos y por supuesto contundentes. Hay que dejar atrás, olvidándolo, el titubeo, las medias tintas o la parsimonia. Lo que hay que hacer se hace, porque sencillamente no es el momento para divagar. Estamos acostumbrados a que los políticos pierdan el tiempo en asuntos que sólo les interesa a ellos, su vanidad, intereses partidistas o visiones ideológicas sesgadas o excluyentes. Se preocupan de lo que precisamente no le preocupa a la gente, adentrándose en temas o asuntos alejados de la inquietud cotidiana, vivida por la mayoría de los ciudadanos. Están instalados en una burbuja de lujo, donde no escuchan el sentir y los sufrimientos de los gobernados.
La solución pasa por saber ordenar, utilizar o gestionar los medios con los que se cuenta, con la mayor garantía de oportunidad. Hay que hacerles llegar el mensaje de que lo que se tiene es insuficiente, retrógrado e inmovilista. La administración pública está impidiendo canalizar las exigencias del momento, no porque no haya grandes profesionales, que si los hay mayoritariamente y que no pueden ser marcados por unos pocos aprovechados, que no hacen casi nada, desprestigiando injustamente al conjunto. El problema es estructural, porque si no se tienen los medios humanos, técnicos y materiales suficientes en cada departamento, sobre todo, en aquellos que provocan inversión privada, poco se puede sacar de provecho. Una de las posibles soluciones es despejar los obstáculos que impiden una pronta incorporación de profesionales, sobre todo, en la oficinas técnicas municipales o gerencias de urbanismo, que posibiliten la resolución de los expedientes y licencias de obra en tiempo y forma.
Por mucha legislación o nueva normativa que se incorpore, con la buena intención de agilizar o simplificar los procedimientos, si después no se es capaz de aplicarla al caso concreto, al final todo sigue igual, que es lo mismo que peor. Como en la lucha canaria, hay que bregar en el terrero, no en las gradas, desde allí se ve bien pero así nunca se gana. Por lo tanto, más que en legislar, la salida está en saber organizar los medios humanos con los que se cuentan e incorporar los que faltan. Esto es lo difícil, el reto a conseguir. La queja unánime de los alcaldes o alcaldesas, con plena razón, es la carencia en sus ayuntamientos, del personal técnico imprescindible para sacar adelante todos los proyectos, permisos, autorizaciones, documentos, expedientes, certificaciones, licencias o recursos, ajustándose a los tiempos establecidos por la propia administración, que precisamente, es la mayor incumplidora al respecto. Además, también escasean los medios materiales, sobre todo, la plena digitalización, ya que, en muchos departamentos administrativos, no están operativos los sistemas informáticos adecuados, convirtiéndose los ordenadores en meros floreros encima de las mesas que, a lo sumo, sirven para visionar el periódico a primera hora de la mañana.
No se trata de apostar por agrandar la administración, sería un error todavía peor, ya que actualmente es un monstruo difícil de digerir, lento y obstruccionista. Se trata de modernizar, distribuyendo e incorporando racionalmente los efectivos humanos de manera productiva, para que donde haya más necesidad se aumente proporcionalmente de acuerdo con la carga de trabajo a soportar. Cuanto mejor funcione la administración, más trabajo y empleo será capaz de producir la iniciativa privada, que es lo que se requiere ahora imperiosamente.
