20.07.2021 | Redacción | Opinión
Por: Paco Pérez
En el Hogar Santa Rita II, el mayor geriátrico de Tenerife, continúan registrándose irregularidades graves en la actualidad, a pesar del informe elaborado hace siete meses, sí siete meses, por personal del HUNSC sobre deficiencias notorias en la comida que se da a los aproximadamente seiscientos residentes en dicho centro.
Eso lo sabía la máxima responsable del Instituto de Acción Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife, Marián Franquet, que ha ocultado la situación a la corporación insular, lo que representa una absoluta y demostrada indignidad política, por lo que habría que pedirle que dimitiera de su cargo.
A pesar de lo que indican fuentes oficiales de que el problema está solucionado, quien esto les comenta sabe, por el testimonio directo de varios usuarios del Hogar, que las raciones de alimentos que se sirven son incomibles y que los menús parecen no estar supervisados por un especialista en nutrición, porque no se entiende que en una comida se ponga de primer plato lentejas y de segundo judías, como tampoco se entiende que se sirvan sopas con penetrante olor a pescado podrido, por no hablar de otras "especialidades culinarias" de la casa.
Santa Rita II es un Hogar fundado en los años ochenta por el ya fallecido padre Antonio María Hernández y actualmente es de carácter privado, pero la Fundación que la rige debe dar cuentas de lo que sucede al IASS puesto que recibe anualmente una subvención superior a los seis millones de euros y los residentes jubilados aportan, para ayudar a su manutención, el setenta y cinco por ciento del total de su pensión de invalidez o de jubilación.
No hay derecho a lo que está sucediendo en la mayor residencia de ancianos y discapacitados de Tenerife, y el presidente del Cabildo Insular y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias deberían tomar de manera inmediata cartas en este grave asunto, por no citar los casos recientes de sarna y los numerosos contagiados y la veintena de fallecidos en las primeras olas de la pandemia de la covid19, debido a no haber adoptado los responsables del centro las medidas preventivas necesarias.
Creo que es de absoluta justicia atender a estas personas mayores como es debido y, por supuesto, exigir las oportunas responsabilidades a quienes hayan cometido (y sigan cometiendo) estos gravísimos errores, entre otras cosas porque la ciudadanía, a través de sus impuestos, mantiene este centro con nada menos que mil millones de las extintas pesetas al año, una cantidad nada despreciable, dicho sea de paso. Más seriedad, señores dedicados a la política, esto es al servicio de la sociedad.