Tagoror Digital02.12.2018. Redacción | Opinión
Por: Santiago Sesé
Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife
Esta semana se han cumplido trece años del paso por Canarias de la tormenta tropical Delta, que durante dos días sumió nuestra región en el caos, provocó siete víctimas mortales, originó cuantiosos daños en infraestructuras y explotaciones agrícolas y nos hizo conscientes de lo frágiles que podemos llegar a ser cuando nos asaltan circunstancias que no podemos controlar. Menos de tres años después, otra tormenta removió los cimientos del Archipiélago: la crisis económica destruyó miles de empresas, elevó las cifras de paro a niveles que poco antes nos parecían inimaginables, puso en peligro nuestra cohesión social y dio lugar a incontables dramas personales y familiares.
Hoy, el edificio económico y social en el que vivimos los canarios está en reconstrucción. El volumen de personas con trabajo es más alto que nunca, el número de empresas supera los registros de 2008 y el PIB autonómico crece a ritmos que sobrepasan la media nacional. Los datos indican que la economía marcha bien, y así es. Sin embargo, la recuperación no será completa si seguimos a merced de los ciclos y las coyunturas, si no somos capaces de marcar el rumbo hacia la mejora económica y nos limitamos a aprovechar más que nadie los buenos momentos, pero también a padecer más que nadie los malos. Mientras las cosas continúen siendo así, una pequeña sombra en el horizonte -por ejemplo, el ligero retroceso de las llegadas de turistas- puede comprometer la marcha de nuestra economía y la creación de empleo necesaria para rebajar nuestra todavía demasiado elevada tasa de paro.
Pero tenemos herramientas para que la recuperación sea completa; no solo para reparar los desperfectos que la crisis causó en ese edificio, sino para que permanezca en pie y resista, aunque retornen las adversidades. La reciente reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y del Régimen Económico y Fiscal en sus aspectos económicos prevé medidas que pueden dar solidez a nuestra economía y contribuir a reducir ese desempleo estructural que explica que los índices de paro de nuestra comunidad autónoma prácticamente no hayan bajado nunca del 10%.
Los convenios con el Estado constituyen otra de esas herramientas. Tras un retraso de difícil explicación, estos acuerdos parecen empezar a tomar forma. La tercera semana de diciembre debe firmarse el más esperado de ellos, el de carreteras, con el que se atiende una deuda con Canarias -reconocida incluso por el Tribunal Supremo a través de varias sentencias- y se ponen las bases para acometer la imprescindible mejora de la red viaria del Archipiélago. Nuestras carreteras son canales de comunicación y también instrumentos de desarrollo económico y robustecimiento social. Son “nuestros trenes”, como se ha dicho, con propiedad, utilizando un símil que destaca su condición de infraestructuras de interés general.
Tanto este como el resto de convenios -el de infraestructuras turísticas, ya firmado, el de obras hidráulicas, para el que solo está prevista la suscripción de un protocolo general, y el de infraestructuras educativas, todavía sin fecha- deben ponerse en marcha de la forma más inmediata posible para que comiencen a surtir sus efectos. De ello dependen proyectos estratégicos para la comunidad autónoma y también miles de empleos.
Al margen de la urgencia de que se rubriquen estos acuerdos y se desarrollen las actuaciones contempladas en ellos, conviene reflexionar sobre la conveniencia de establecer sistemas de financiación de mayor estabilidad que no estén sujetos a la negociación con los gobiernos de turno y a los intereses políticos, sistemas de financiación que asignen a Canarias los recursos que precisa para colocarse en la senda del progreso, afianzar su recuperación y situarse en pie de igualdad con otros territorios del Estado. Nuestro futuro depende de nuestras propias capacidades, pero también de que el trato que recibamos no esté por debajo de nuestras necesidades y merecimientos.
