Hablemos claro

23.06.2024 | Redacción | Opinión

Por: Casimiro Curbelo

Presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias

Un estado democrático que persigue la justicia social y la redistribución de la riqueza, como es España, se asienta sobre un gran pilar que es un sistema fiscal progresivo: un sistema en el que quienes más ganan están obligados a pagar proporcionalmente más. Es importante decir que son las personas y las empresas las que pagan, no los territorios. Hablar de regiones ricas y pobres no es impropio, porque algunas zonas generan, a través de su población y su economía, mucha más riqueza que otras. Pero la fiscalidad se aplica a los ciudadanos. 

El Sistema de Financiación Autonómico, firmado en el año 2009, lleva ya bastante tiempo vencido perpetuando el maltrato que sufren algunas comunidades, especialmente Canarias, que no fue bien tratada en la fórmula de reparto acordada en su día y que ha visto recortada o aminorada su financiación extraordinaria. Pasó con el convenio de carreteras, judicializado, y ha pasado con todos los gobiernos de España, de todas las tendencias ideológicas, que han incumplido la norma que establece que la inversión media del Estado en las islas no puede estar por debajo de la media de la inversión estatal. Eso entre otros muchos incumplimientos. 

Que se hable hoy de una revisión de la financiación de las autonomías no es, por lo tanto, nada extraño. Lo anómalo es que esa revisión sea el telón de fondo de una primera negociación que es la revisión de la financiación de Cataluña que algunos partidos políticos consideran insuficiente. Me parece un grave error que un problema que afecta a todos, que es una dotación suficiente de recursos para la prestación de servicios públicos esenciales, pueda plantearse en el marco de una discusión bilateral entre un Gobierno de España y una de sus comunidades autónomas.

La Constitución de 1978 reconoció el hecho singular del País Vasco y Navarra y su régimen foral, que es, en sí mismo, un hecho excepcional en el sistema fiscal del Estado. Y también lo hizo con el Régimen Fiscal Especial de las Islas Canarias, en su disposición adicional cuarta, reconocido más tarde en leyes orgánicas como el nuevo Estatuto y el nuevo REF. Un sistema fiscal especial reconocido y protegido también por la Unión Europea en sus tratados. Es perfectamente legítimo que una comunidad autónoma, como pudiera ser el caso de Cataluña, quiera negociar un régimen económico y fiscal diferenciado. Pero eso no podría hacerse sin tocar la Constitución del 78 y sin que exista un amplio consenso, porque significaría retocar de forma estructural el sistema que todos nos hemos dado. 

Bajando el balón, como dicen en el fútbol, el problema de fondo es el principio de justicia social. No puede existir redistribución de la riqueza si los ricos se niegan a pagar lo que les corresponde porque no podría existir el trasvase de recursos de unos ciudadanos a otros, más necesitados. Si el argumento de una Comunidad cualquiera, para justificar un cambio en las reglas de juego, es que aporta más de lo que recibe, sería el mismo planteamiento de un contribuyente que alega que lo que paga en impuestos es muchísimo más que el valor de los servicios que recibe del Estado. Por supuesto que es así. Porque la cohesión social se consigue trasvasando la riqueza y derivándola, a través de la prestación de servicios públicos e instrumentos de desarrollo, hacia los menos favorecidos.

Tengo la sensación que estamos justamente en eso. En que hay comunidades con un enorme potencial económico y una indudable riqueza que quieren cambiar las reglas del juego porque piensan que están contribuyendo demasiado al erario común del Estado. Pero darle carta de naturaleza a esa reclamación es un extraordinario disolvente para cualquier proyecto de justicia social en nuestro país. Todo lo contrario: lo que en puridad debería promoverse en una reforma del sistema de financiación es un mayor esfuerzo para redistribuir más fondos públicos en aquellos territorios donde los indicadores de pobreza y exclusión social demandan una mayor implicación de los poderes públicos. 

No soy partidario de radicalizar el debate político, donde todo el mundo tiene derecho a sostener sus propias opiniones. Ni creo que se deba demonizar a nadie por querer mejorar la vida de sus ciudadanos, como supongo que es el caso de los políticos de Cataluña. Sería llamativo que desearan otra cosa. Pero, hablemos claro, no debemos llamarnos a engaño: el verdadero Estado es el Estado fiscal. Y si desaparece uno, se esfuma el otro. La única manera de conseguir una sociedad más justa es a través de la redistribución de las rentas que lleva una parte de la riqueza al auxilio y al sostén de los más necesitados, a tener una educación y unos servicios de salud dignos y al alcance de todos.