Tagoror Digital
09.12.2024 | Redacción | Opinión
Por: Óscar Izquierdo
Presidente de FEPECO
Lo que no pasa en España sucede en Venezuela. En vez de avanzar hacia las democracias modernas y europeas, retrocedemos a los regímenes populistas o caudillistas iberoamericanos, llamados también “repúblicas bananeras”. Lo decimos en relación con los resultados del último Congreso Federal del PSOE, celebrado en Sevilla recientemente, en su 41 edición. Como pasa con los ínclitos lideres supremos e intocables, Pedro Sánchez fue reelegido por el 90% de los votos de los afiliados asistentes, nada noticioso, sino más bien esperado, sin sorpresa.
Lo que ha sido una novedad es el anuncio de última hora, sorpresivamente, de la creación de “una gran empresa pública de vivienda”. Que en un principio y también en el final, choca frontalmente con el marco competencial vigente en nuestro país, porque son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, quienes tienen asignada normativamente la regulación del mercado residencial. Además, el presidente remarcó que su sentido era hacer capaz construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. Una quimera, siendo una utopía pura y dura, un equilibrismo malicioso.
Los políticos viven en otra dimensión a la realidad cotidiana de los ciudadanos. El diagnóstico para crear el pretendido engendro público es erróneo de base, porque el problema de la vivienda en España no es que no haya empresas suficientes, eficientes y potentes para construirlas, las hay muy buenas y con la calidad demostrada y verificada, porque somos líderes europeos en construcción residencial. Por lo que una empresa pública dedicada a lo que no sabe hacer, será un estorbo más añadido a la burocracia engorrosa, paralizadora, inservible e inútil. La emergencia habitacional es consecuencia directa de la mala gestión de los distintos gobiernos en los diferentes niveles territoriales, estatal, autonómico, insular o local. Esta es la exactitud.
Lo que se está dilucidando es el origen que ha causado el tremendo desface entre oferta y demanda. Empieza por el intervencionismo en el mercado, queriéndolo acaparar desde posicionamientos políticos y nunca técnicos, financieros, económicos o requerimientos ciudadanos, impidiendo que sea el propio mercado, lo normal en una economía libre, quien equilibre la cuestión debatida Lo que falla es el ordenamiento jurídico que envuelve a todo lo relacionado con la vivienda, a saber, la Ley del Suelo, la Ley de Vivienda y la Ley de Arrendamientos Urbanos. Una tripleta venenosa, que todo lo que llega a tocar lo mortifica más pronto que tarde.
Ni una ideología, si la hay, ni el sanchismo, ni un partido político, ni un líder convencido de su infalibilidad, son capaces de construir viviendas, primero porque no saben, no es su misión, ni tarea encomendada, segundo, porque la historia lo demuestra en cualquier parte del mundo. Cuando los gobiernos se entrometen indebidamente en la política de vivienda, lo que sucede es que se producen reiterados y publicitarios anuncios rimbombantes de construcción de miles de edificaciones, que después nunca se ejecutan. Tiempo al tiempo.
Aquí, lo que está sobre la mesa, siendo lo dramático, es la puesta en marcha de lo que en la Península se llama un chiringuito y en Canarias un guachinche, para colocar a sus acólitos, colegas o seguidores más fieles y seguir engordando un Estado, mantenido con los impuestos de los ciudadanos y empresarios, cada vez más parasitario e inservible, convertido principalmente en una oficina de colocación, donde se gestiona, haciéndolo extrañamente con demasiada eficacia, los sueldos de compadres o burócratas de partido, para tener engrasada toda la maquinaria propagandística, electoral y divulgadora de las excelencias de lo que se dice, pero no se hace. El Guachinche de Pedro servirá mariscadas, pero no construirá viviendas.
