Paco Pérez13.01.2019. Redacción | Opinión
Por: Paco Pérez
pacopego@hotmail.com
He sido el primer periodista de esta Isla que denunció públicamente, hace ya días, en este mismo sitio, la insólita pretensión del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de comprar un edificio de oficinas construido por el empresario Antonio Plasencia en Cabo-Llanos para destinarlo a su uso provisional como centro hospitalario sustitutivo temporal del centro "Febles Campos" en la capital de esta provincia.
Después de unas semanas parece haber explotado este pretendido y tremendo escándalo inmobiliario, por entre otras muchas, las siguientes razones, que debería impedir que una institución pública adquirir dicho inmueble, cuya construcción se terminó en 2012.
1) El señor Plasencia no tiene supuestamente inscrita esa construcción en el Catastro Urbano, por lo que la finca figura como un terreno sin edificaciones, por lo que este promotor paga 11.000 euros anuales, cuando en realidad debería abonar, en concepto de Impuesto de Bienes Inmueble, unos 60.000 euros, lo que significaría que, en la actualidad debe a Hacienda unos 300.000 euros, por presunta ocultación de datos, más los intereses legales devengados desde hace seis años.
2) Ningún organismo público debe o puede adquirir bienes inmuebles a una persona con personalidad jurídica propia que haya sido condenado por la Justicia por corrupción y que, encima, parece no haber pagado las multas de las condenas respectivas por los turbios asuntos de la compra venta de terrenos en la Playa de Las Teresitas ni por las extracciones ilegales de áridos en el Valle de Güímar.
3) Don Antonio Plasencia es, al parecer el mayor deudor a las Administraciones Públicas que hay actualmente en todo el Archipiélago, por lo de que bienes deberían ser embargados de manera urgente y efectiva. Su deuda global podría superar los 150 millones de euros al erario de todos.
4) Ahora se ha sabido que la tasación oficial del inmueble de Cabo-Llanos y la incoación del expediente de adquisición del mismo port parte del Cabildo se empezó a tramitar con sigilo, antes e que Carlos Alonso hiciera pública su intención de comprarlo. Increíble, aunque parece que es absolutamente cierto.
5) El Cabildo de Tenerife, si pretende buscar un edificio para sustituir el hospital "Febles Campos" mientras este se reconstruye en el futuro, debería convocar un concurso público de ofertas, porque otros empresarios podrían estar interesados en presentar en tiempo y forma sus proposiciones al respecto.
6) Sospechosamente, el edificio de Cabo-Llanos fue vendido en subasta por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que al desembolsar, en el año 2000, 52 millones por el frente de playa de Las Teresitas, se endeudó demasiado y puso a la venta parcelas públicas, para usos comunitarios, que luego recalificó. Por "casualidad" el terreno fue adjudicado en la subasta al empresario Plasencia Santos, dueño de promotora "Punta Larga". Esa parcela tenía una finalidad de uso: oficinas, garajes y locales comerciales, en la planta baja, según las normas urbanísticas de la zona.
7) Aunque tarde, los grupos popular (PP) y socialista (PSOE) del Cabildo se han dado cuenta de este feo asunto y parece que no van a apoyar esta rara operación de compra-venta, porque está llena de irregularidades administrativas, y su adquisición podría representar un caso de corrupción política. La aprobación del expediente podría significar, incluso, un posible delito de prevaricación administrativa y de alzamiento de bienes.
8) Hacienda tendría que exigir inmediatamente la inscripción del inmueble de Cabo Llanos en el Registro de la Propiedad y en el Catastro Urbano, porque en la actualidad se trata de un edificio "fantasma", y con posterioridad, la torre edificada por el señor Plasencia debería ser embargada por las autoridades judiciales, para pagar las deudas de este anciano empresario natural der La Gomera y criado y ensolerado en la querida República de Venezuela, donde hizo grandes negocios..
9) Por la gravedad que representa toda esta escandalosa operación inmobiliaria, sería conveniente que en este asunto interviniese la Oficina del Fiscal Anticorrupción, para investigar todas las posibles irregularidades y los presuntos delitos.
Y termino. En esta Isla estamos asistiendo a un proceso de degeneración político-económica insufrible por la ciudadanía y entre todos tenemos que colaborar en la medida de nuestras posibilidades, a restaurar unos valores fundamentales del ser humano, como la decencia, la honradez, la transparencia en la gestión y hacer que desaparezcan este tipo de presuntos delitos de prevaricación y de relaciones endogámicas entre la clase parte de la clase política que nos gobierna y determinados empresarios.
El día que se destapen otros turbios asuntos que han tenido lugar en estas rocas atlánticas en los últimos años, no vamos a salir de nuestro asombro. Los ciudadanos de Tenerife no merecemos estas canalladas. ¡Ya está bien, por Dios¡
Imagen de archivo: laopinion.es | CEDIDA
