Convendría cambiar el sistema electoral

03.11.2018. Redacción | Opinión

Por: Paco Pérez

pacopego@hotmail.com

Algunos motivos y razonamientos

A punto de cumplirse el cuadragésimo aniversario de la vigente Constitución Española (sancionada por el rey Juan Carlos el 6 de diciembre de 1978), lo que representa el más largo período democrático en la historia de este país tan surrealista como sorprendente, cabría preguntarse si no sería conveniente --a la vista de lo que está sucediendo en muchas instituciones-- revisar y cambiar los sistemas electorales de cara a unos futuros comicios, tanto en el ámbito del Estado como de esta región ultraperiférica en la que vivimos, llamada Canarias.

Pueden ser todo lo lícitos que quieran, pero en cualquier otra democracia que se precie, como las que existen en la vieja Europa, no sería comprensible que diversas instituciones fueran gobernadas por minorías tan escuálidas como ocurre ahora en nuestro país, sin el suficiente apoyo popular.

Me refiero, por ejemplo, al propio Gobierno de España, cuyo partido en el poder únicamente cuenta con garantías de apoyo parlamentario del grupo socialista, que tiene sólo 84 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados, si bien nadie debe cuestionar la elección del ahora presidente del Ejecutivo, porque en buena lid obtuvo los votos necesarios, aunque como prometió el propio Pedro Sánchez en la Cámara Baja, una vez elegido debió convocar de manera inmediata elecciones legislativas, para que los ciudadanos tuvieran, en todo caso, la última palabra.

No se entiende tampoco (o por lo menos, uno no lo comprende, por ilógico y ciertamente no representativo) cómo el actual Gobierno de Canarias de CC siga al frente del poder ejecutivo del Archipiélago, con 16 de los 60 deputados del Parlamento y Fernando Clavijo, por ejemplo, no se haya sometido a una cuestión de confianza en toda la actual legislatura.

Y no hablemos de determinadas corporaciones locales, como el gallinero en que se ha convertido desde hace algún tiempo el Ayuntamiento de La Laguna, cuyo alcalde no piensa dimitir aunque solo tenga en la actualidad el apoyo del grupo municipal de Coalición Canaria, que cuenta con siete de un total de veintisiete concejales que tiene el pleno corporativo, lo que quiere decir, sencillamente que el prime edil lagunero, José Alberto Díaz no cuenta ahora mismo con el suficiente apoyo popular ni de los restantes grupos políticos municipales, por lo que parece indigno que siga teniendo en su poder el simbólico bastón de mando en la tercera ciudad más importante del Archipiélago.

Por todos estos ejemplos, que se repiten en muchos períodos de la historia reciente de nuestro país, convendría revisar nuestros sistemas electorales tanto en los ámbitos estatal y autonómico, como en el insular y local.

En principio, parecería recomendable establecer que gobernase siempre el candidato de la lista más votada y no estaría mal tampoco que, como ocurre en muchos otros países de amplia y demostrada tradición democrática, se celebrasen comicios a doble vuelta, con los dos aspirantes más votados sometidos a la voluntad popular en la segunda ronda, siempre que uno de los candidatos no obtuviera al menos el cincuenta por ciento de los votos en la primera cita con las urnas, lo que le daría automáticamente la mayoría absoluta.

Por otro lado, en lo que respecta a nuestro Archipiélago, parece que es una necesidad imperiosa rebajar los topes electorales tanto en los que se refiere a las circunscripciones insulares como al escrutinio regional, por cuanto es del todo inexplicable que un partido político como Ciudadanos, quedase en las elecciones de 2015 sin representación parlamentaria, a pesar de haber obtenido más de sesenta mil votos en las Islas y, sensu contrario, la Asociación Socialista Gomera, con menos de la cuarta parte de los sufragios que el partido naranja, obtuviese nada menos que tres escaños a la Cámara regional, lo que representa sin duda alguna una tremenda injusticia que desvirtúa ,además, cualquier sistema electoral democrático, porque se desprecia a unos determinados ciudadanos cuya decisión no se tiene en cuenta.

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