Rafael J. Lutzardo Hernández24.11.2018. Redacción | Opinión
Por: Rafael J. Lutzardo Hernández
La labor humanitaria de muchas ONGs en el mundo son encomiables y dignas de ser valoradas, respetadas y admiradas por su dedicación altruistas en la luchas de colaboración solidaria en los países más pobres del planeta tierra. Sin embargo, no todo lo que reluce en muchas de ellas es precisamente oro, pues por desgracias algunas de esas ONGs han caído en el pozo de la corrupción. Ni que decir tiene, que muchas personas dudan de la transparencia de algunas ONGs, sobre todo porque no han sido transparentes en sus respectivos proyectos y cuyos dineros subvencionados no ha sido justificado con proyectos consolidados. ¿Controla el Gobierno las subvenciones de las ONGs y los proyectos que han sido admitidos y aprobados? Esa es una pregunta que está en la calle y que muchas personas mantienen serias dudas al respecto. De la misma manera, una gran parte de la sociedad se pregunta por qué muchas ONGs no publican en los medios de comunicación las entradas y salidas del dinero que han recibido de las subvenciones de las instituciones gubernamentales, empresas privadas y personas voluntarias.
Sinceramente, creo que el Gobierno estatal como el de las autonomías, deberían de ser más exigentes, responsables y meticulosos con las subvenciones que dan a muchas ONGs, pero también comprobar si los proyectos que dicen llevar a cabo algunas ONGs se están realizando y consolidando. No es la primera vez que una ONG o asociación no cumple con la transparencia que conlleva una organización humanitaria, pues una cosa es lo que se sustenta en el papel de un proyecto y otra es la que se lleve a cabo en la realidad. Es por ello, en la génesis de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la encontramos en la Constitución española de 1978, que garantiza en sus artículos 23 y 105.b el derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos, y al acceso a los archivos y registros administrativos. Una apreciable producción normativa y jurisprudencial ha dado contenido y desarrollado estos derechos. De igual modo, los pactos y acuerdos de derecho internacional suscritos por España reconocen activa y expresamente estos derechos: en concreto, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ampara “la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas”; o el derecho de participación ciudadana recogido en el artículo 21.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 25.a del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Es decir, los ciudadanos, tanto los que han donado en metálico como los que no lo han hecho, tienen el derecho de ser informados de donde provienen las subvenciones y en que proyectos se han invertidos. Eso sería lo que se denomina como una ONG transparente con sus proyectos de ayuda humanitaria y la ciudadanía. De la misma manera, Hacienda, a través de sus inspectores, debería de indagar más en las ONGs y asociaciones, pues cada vez hay más dudas de sus transparencias. De igual manera, ese seguimiento y control lo tienen que hacer los responsables que aprueban las financiaciones o subvenciones de la Unión Europea. Lo negativo de todo ello, es que por culpa de esas ONGs corruptas, pagan las que son honradas y transparentes. Una lista infinita de ONGs que se gastan el dinero de las subvenciones en marketing y sueldos, entre otras cosas; en lugar de invertirlos íntegramente a las causas más desfavorecidas. Pero también estas esos sindicatos mayoritarios que están a la caza de esas indefensas subvenciones.
