18.10.2019 | Redacción | Opinión
Por: Paco Pérez
pacopego@hotmail.com
La de este viernes fue, sin duda alguna, una gran manifestación pacífica la celebrada en Barcelona por medio millón de personas partidarias de la independencia de Cataluña, en medio de una jornada de huelga general que fue secundada de forma irregular por la población, porque todos sabemos que en esa región española la fractura social es evidente y hay dos millones a favor de la autodeterminación y otra cantidad de personas similar que no quieren una Cataluña independiente y republicana.
El sistema democrático funciona, pues, porque decenas de millares de seres humanos se han podido manifestar, libre y pacíficamente, contra la sentencia del Tribunal Supremo dictada contras unos los líderes políticos que los ha considerado como autores de un delito de sedición. Hasta ahí todo normal y predecible, dada la complicidad de todo el procès catalanista, alimentado por unos intereses económicos muy concretos de la clase dirigente nacionalista de aquella comunidad, partidaria además de poseer mayores competencias en Justicia, para que muchos de ellos puedan evadir la cárcel por evasión de capitales, corrupción y uso fraudulento de dinero público, que ha sido a todas luces malversado. Y esto nadie lo puede negar.
La solución al problema planteado es muy complicada y pasa por un amplio y profundo diálogo entre el Estado Español y los poderes públicos catalanes, pero desde luego no por la contemplación de hechos lamentables protagonizados por varias decenas de extremistas y guerrilleros callejeros, que están protagonizando incidentes en las principales vías de la capital de aquella región y de otras ciudades, como Tarragona o Gerona.
Son los propios partidarios pacíficos de una pretendida independencia quienes deben denunciar y evitar estos actos de gamberrismo, propiciado por grupos anarquistas y antisistema, incluso formados por "profesionales" llegados de otros países y, particularmente de Italia, Gracia y Francia, no con el fin de colaborar con la autodeterminación de Cataluña, sino para desprestigiarla y, de paso, a España, dando una versión distorsionada de todo este lío. Estos individuos, especialistas en guerrillas urbanas y en desestabilizar la paz ciudadana están sirviendo fielmente a determinados intereses internacionales ocultos, contrarios a la prosperidad de nuestro país.
Y hace muy bien el Gobierno español en no aplicar medidas excepcionales en estos momentos, como les reclaman las fuerzas políticas conservadoras del Partido Popular y Ciudadanos, porque poner en práctica el artículo 155 de nuestra Constitución o encender la mecha de la Ley de Seguridad Ciudadana sería contraproducente, entre otras cosas porque entonces sí tendrían justificación las algaradas y los incidentes callejeros.
Mención aparte merecen unos sinvergüenzas como los "señores" Puigdemont y Torra, unos verdaderos incendiarios y unos irresponsables de mucho cuidado, que terminarán pagando por sus actos, más pronto que tarde. Y, si no, al tiempo.