Paco Pérez27.04.2017. Redacción / Opinión.
Por: Paco Pérez.
Como ustedes saben sobradamente, en las últimas horas se ha hecho pública la tan esperada sentencia judicial sobre el llamado caso de Las Teresitas, después de un larguíusimo proceso judicial que se inicio hace la friolera de quince años y que viene a demostrar, según la Sala correspondiente de la Audiencia Provincial tinerfeña, que la compra-venta del frente de la playa y de determinadas pareclas de La Huertas constituyeron un auténtico pelotazo urbanístico.
Eso lo sospechábamos muchos de nosostros, pero nunca quise pronunciarme sobre el asunto hasta que no existiese una sentencia judicial que aclarara definitivamente el caso, entre otras cosas porque en estas irregularidades estaban implicadas conocidas personas dedicadas a la política local y algunos empresarios importantes y, en un Estado de Derecho, hay que defender siempre la presunción de inocencia hasta que el poder judicial se pronuncia.
Siempre pensé que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña había desembolsado una cantidad de dinero desorbitada por los terrenos del frente de la tan llevada y traida playa, pero como en teoría lo que quería el alcalde y la Corporación municipal --toda ella, que conste-- era preservar el uso público de Las teresitas, para uso y disfrute de los ciudadanos normales y corrientes, se justificaba de alguna forma la operación.
Pero claro, aparte del carísimo coste, hubo quien se dio cuenta de algunas irregularidades en esta gran operación económica y ese fue el abogado Santiago Pérez, por entonces secretario insular del Partido Socialista Canario (PSOE), que puso en conocimiento de la Justicia unos indicios sospechosos de preseunta prevaricación, decisión del líder lagunero que acabó con una profunda división de su propia fuerza política y con su salida del Partido Socialista, como consecuencia de las enormes presiones de grupos económicos poderosos interesados en que se tapara el asunto.
Una vez conocida la sentencia, que conlleva penas de prisión para, entre otros, los principales imputados, estos es los políticos Zerolo (alcalde) y Parejo (concejal de Urbanismo) y los conocidos empresarios Plasencia y González Martín, además de algunos funcionarios municipales, les puedo decir que no me alegro nada por este penoso caso, excepto por el hecho de que la resolución de la Sala de la Audiencia Provincial viene a representar un ejemplo de higiene democrática y que se demuestra la indepencia de los jueces de otros poderes estatales.
Por lo demás, parece más que razonable y hasta plausible que este grupo de magistrados obliguen a los autores de los delitos correspondientes a devolver más de sesenta y un millones de euros, más los intereses devengados durante estos últimos tres lustros, a las arcas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Como he comentado hoy mismo con algunos amigos, en esta tierra aún queda mucha mierda por salir de las alcantarillas del poder político y económico, como supuestamente se supone de los conciertos de la Sanidad pública con las clínicas y centros hospitalarios privados de estas Islas, o que se investiguen a fondo los contratos y el dinero público invertido inútilmente en campañas publicitarias institucionales que no sirven absolutamente para nada, excepto para enriquecer a un puñado de empresarios del sector y para subvencionar, de facto, a algunos medios de comunicaciñon afines al "régimen" que soportamos los ciudadanos de este maldicho Archipiélago desde hace más de treinta años.
Y lo más importante de todo, en mi modesta opinión, es que esta sentencia pueda servir de aviso, de advertencia, para otras muchas personas (empresarios acaudalados y políticos sinvergüenzas) que piensa que las Islas son más o menos, unas fincas privadas de su propiedad y que en ellas, como tales, pueden hacer lo que les da la gana. Y no es eso, queridos amigos. Parece que ha llegado a su fin la época de la "papita suave".
