Tagoror Digital08.03.2019 | Santa Cruz de Tenerife
La demanda general y las necesidades individuales precisan reactivar la producción de vivienda en Canarias, especialmente en zonas determinadas, donde existe una evidente emergencia habitacional, en el caso de Tenerife, la Zona Sur y la Metropolitana. Por eso, es determinante una reducción en los costes de producción de la vivienda. En este sentido, juega un papel relevante la mejora de los procedimientos administrativos para hacer viable la normativa urbanística y agilizar los plazos para la obtención de licencias. En la actualidad, lo referente a materia de planificación y gestión de suelo, junto a los trámites burocráticos y los tiempos para conseguir una licencia son inasumibles para el sector privado. Hay que implementar aquellas medidas correctoras que faciliten una seguridad jurídica suficiente al mercado. Las estructuras administrativas son tan precarias que están originando retrasos sumamente importantes en las iniciativas que los agentes privados quieren poner en marcha como promociones de viviendas.
Hay que ampliar los parques públicos de vivienda y mediante estímulos fiscales y ayudas directas, facilitar la existencia de un mercado de alquiler asequible para la mayoría de la población. Además, se precisa adoptar una política integral en materia de reforma, acometiendo las rehabilitaciones necesarias, a fin de conseguir que el parque edificatorio cumpla con los objetivos de cambio climático, accesibilidad y eficiencia energética, con perspectivas de mantenimiento y conservación, que significa mayor seguridad e incremento del valor patrimonial de la propiedad.
Oscar Izquierdo presidente de FEPECO destaca que “la construcción de viviendas es uno de los parámetros que señalan la calidad de vida en un territorio determinado, porque trae consigo mucho bienestar social. Desde el punto de vista económico, es un sector productivo importante para la economía, porque representa un porcentaje valioso del Producto Interior Bruto, compuesto principalmente por la contribución de la construcción, los servicios inmobiliarios, de alquiler de bienes muebles e intangibles y de los servicios financieros o de seguros, que concentran casi la totalidad de dicho PIB y porque impacta directamente en más de 40 actividades productivas. Asimismo, no podemos olvidar lo que significa para la vida, la actividad empresarial y la interacción social, contar con eficientes, modernos y sostenibles espacios públicos que habilitan un entorno habitacional favorable, donde se desarrollan los procesos productivos y sociales armónicamente. Hay mucho por hacer, demasiado por empezar y ganas de aportar desde el sector de la construcción”.
El gasto público en vivienda es esencial y debe ser incrementado. La alimentación y la vivienda satisfacen las necesidades básicas de cualquier persona, por eso hay que remover todos los obstáculos que dificultan su disfrute. Hay una relación intrínseca, entre la vivienda y el desarrollo de un proyecto personal y familiar con la máxima dignidad humana. Por eso, el carácter prioritario que el Gobierno tiene que dar a la vivienda es improrrogable, actuando decididamente para aportar mayor claridad y certidumbre a todos los actores intervinientes en el mercado. Se requieren medidas que contribuyan a crear un mercado de compra venta y alquiler eficiente, además de ágil. Necesitamos una administración pública moderna y acorde a los tiempos que vivimos de un mundo digitalizado y por tanto ´rápido en las respuestas.
Imagen: diariodeavisos.elespanol.com | CEDIDA