Tagoror Digital13.12.2019 | Santa Cruz de Tenerife
Oscar Izquierdo presidente de FEPECO reclama una mayor predisposición del Gobierno Autónomo: “la vivienda es un derecho constitucional, siendo importante esta cuestión, todavía es más destacable, que es una necesidad primaria de cualquier persona, de cualquier familia. Es el lugar donde encontramos protección, donde nos sentimos seguros, conformando un hogar de diálogo y complicidad. Por eso, es imprescindible que se tomen todas aquellas medidas que posibiliten la necesaria oferta para cubrir la demanda existente. Nadie sin una vivienda, es la mejor política social que se pueda hacer desde un gobierno responsable y comprometido en solucionar los problemas de los ciudadanos. La vivienda, junto a la educación y a la sanidad son pilares fundamentales de un Estado Social de derecho y moderno. Todo lo que se haga, siempre es poco, porque hay que cubrir las necesidades de todos, que en algunos casos son perentorias y apremiantes. Hay que empezar a construir vivienda, es una petición unánime no sólo de los agentes empresariales, sino sociales y como consecuencia, la administración tiene que espabilarse para remover todos los obstáculos, unos administrativos, otros burocráticos y los demás, de inoperancia congénita, que imposibilita una acción rápida y eficiente, porque construyendo vivienda, construimos la vida”.
FEPECO en su afán propositivo, plantea la puesta en ejecución de las siguientes ocho medidas, como base estructural para empezar el Pacto Canario por la Vivienda:
1 – UNIDAD DE ACCIÓN. Trabajar por un pacto regional por la vivienda, articulado a través de la revisión de la vigente Ley de Vivienda de Canarias, que sirva de referencia a todas las demás normativas regionales y sectoriales sobre el asunto. Revisar, mejorar y dotar de objetivos y contenido concreto al Plan de Vivienda de Canarias 2019-2022 para que sea verdaderamente una herramienta útil para facilitar el acceso a la vivienda.
2 - ORIENTAR LA POLÍTICA URBANÍSTICA HACIA LA RENOVACIÓN URBANA con carácter prioritario, con el objetivo de buscar el equilibrio territorial y social en las ciudades, y combatir la desigualdad urbana y la despoblación en el medio rural. Incidiendo tanto en los centros urbanos y en las áreas deprimidas de nuestras ciudades, como en las periferias para evitar su progresiva obsolescencia y en los entornos rurales evitando su aislamiento. Hay que impulsar la mejora del parque de viviendas existente, desde la implantación de la cultura de la conservación y la rehabilitación, promoviendo campañas continuas y permanentes de mayor y mejor información y pedagogía hacia el ciudadano sobre su importancia; articulando las herramientas adecuadas de desarrollo generalizado de los Informes de Estado de la Edificación (IEE), a la vez que la redacción de las Ordenanzas municipales de Inspección Técnica de los Edificios (ITE); y finalmente, apoyando el desarrollo de programas de renovación de espacios públicos, de promoción de la educación, la cultura, el asociacionismo, el comercio, el emprendimiento, el empleo, y de movilidad.
3- IMPULSAR EL MODELO DE LA “VIVIENDA PROTEGIDA”, en sus múltiples modalidades y categorías, adecuándolo a las necesidades y la realidad actual, de forma que sea efectivo el acceso a una vivienda asequible, tanto en régimen de propiedad como en alquiler, con especial atención a este último en caso de la promoción de titularidad pública.
4- REDUCIR LA FISCALIDAD DE ACUERDO CON LA NUEVA AGENDA URBANA ESPAÑOLA Y LA DIRECTIVA 2030 DE LA UNIÓN EUROPEA. Se ha de apoyar la rehabilitación de viviendas y promover la eficiencia energética con un programa específico de sostenibilidad, apostamos por un modelo de edificación de ‘0 emisiones’ en las instituciones públicas y promoviendo patrones de consumo responsable. Se han de establecer medidas de protección a la vivienda habitual, tanto en propiedad como en alquiler, mediante políticas fiscales más favorables para los inmuebles que sean utilizados exclusivamente como residencia habitual, frente a los que estén dedicados a actividades económicas o turísticas, o sean segundas residencias o estén vacíos. Por otra parte, se han de promover subvenciones e incentivos las acciones dirigidas a que viviendas arrendadas se dediquen durante un periodo de tiempo a alquiler asequible.
5- VIVIENDAS DE ALQUILER. Se han de implementar las condiciones urbanísticas y necesarios estímulos económicos, financieros y fiscales necesarios para que la iniciativa privada constituya, junto con las administraciones, un extenso parque público-privado de viviendas de alquiler. se ha de promover el incremento de la oferta de vivienda a través de diferentes herramientas en distintas líneas de actuación, entre ellas la del impulso a la rehabilitación de inmuebles en la ciudad consolidada existente, la concesión de derecho de superficie sobre suelo de titularidad pública, y la colaboración público-privada para la promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler.
6- SE HA DE FOMENTAR UN MODELO DE ALQUILER ASEQUIBLE favoreciendo la gestión de los arrendamientos adaptando la legislación urbanística para facilitar un uso del suelo que satisfaga las nuevas demandas sociales, en especial de jóvenes y mayores; potenciando la construcción y rehabilitación de edificios destinados a modelos de convivencia específicamente diseñados para jóvenes, mayores y discapacitados, tales como las “Viviendas tuteladas” y “Cohousing”.
7- CENTRAR LA ACCIÓN URBANÍSTICA EN LA MEJORA DE LO URBANIZADO Y CONSTRUIDO, con renovados instrumentos de planificación, financiación y gestión, e incorporar todas las escalas territoriales de la planificación física.
.8 – HAY QUE AFRONTAR UN PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS EXCESOS LEGISLATIVOS Y BUROCRÁTICOS, alcanzando una situación jurídica más equilibrada, razonable y operativa, que reconozca los marcos europeos que inciden en la planificación física y desarrolle los instrumentos de planificación, financiación y gestión que corresponden a las comunidades autónomas y a las administraciones más cercanas a la realidad, bajo el principio general de subsidiariedad para conseguir un urbanismo más eficiente, eficaz y sostenible desde el punto de vista administrativo. Se ha de trabajar por alcanzar una mayor y mejor coordinación intersectorial en las diferentes escalas de aplicación, especialmente en las supramunicipales y supra provinciales y regionales.
