Tagoror Digital15.03.2017. Santa Cruz de Tenerife.
Los trabajadores contratados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la gestión de la prestación canaria de inserción (PCI) comenzarán la próxima semana a llamar a las 1.112 personas que solicitan esta ayuda por primera vez. Se trata de un equipo de diez personas que se han incorporado desde el 7 de febrero a las unidades de trabajo social (UTS) de la capital, cuya primera misión ha sido poner al día las renovaciones pendientes de la PCI.
Se trata de siete trabajadores sociales y tres auxiliares administrativos, cuya prioridad ha sido realizar las renovaciones de aquellas personas que ya estaban cobrando la prestación para evitar el corte o suspensión del pago de la misma, y ahora se pondrán al día con estos nuevos solicitantes. Hay que recordar que la PCI se solicita por un año y se puede renovar por idéntico periodo, y que si bien la abona el Gobierno de Canarias, los trámites corresponden a los ayuntamientos de las islas.
El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención Social, Óscar García, recordó que “la PCI debería conllevar la transferencia de fondos suficientes por parte del Gobierno regional como para poder ser tramitada por las corporaciones locales en los términos que marca la ley, pero realmente no ocurre así, y los fondos son manifiestamente escasos, si bien consta el interés de la Consejería de Asuntos Sociales para intentar buscar una solución”.
Desde 2012 los fondos que aporta el Gobierno de Canarias no han hecho más que descender, y de los 382.929 euros de aquel año, hemos pasado a los tan solo 172.433 actuales. “Para compensar este déficit, el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene que aportar 126.849 euros de fondos propios, y aun así es muy difícil contar con una plantilla suficiente que nos permita gestionar la PCI, por lo que hemos tenido que priorizar las renovaciones y que nadie se quede sin la ayuda que percibió el año pasado”, indicó García.
En este sentido, añadió que el pasado 8 de febrero “transmitimos nuestra preocupación por el asunto a la directora general de Servicios Sociales, y le planteamos la necesidad de contar con más presupuesto para poder contratar a más personal, y también planteamos la imposibilidad de poder realizar en las condiciones actuales todas las tareas que lleva pareja esta ayuda en materia de promoción e inclusión social de las personas perceptoras”.
Óscar García quiso valorar “el trabajo ímprobo que realizan estas diez personas, que en muy poco tiempo han sacado adelante todos los expedientes pendientes de las renovaciones de la PCI en una capital como Santa Cruz de Tenerife, y que ahora entregarán lo mejor de sí para tramitar estas nuevas altas en el sistema”.
Las 1.112 solicitudes, que serán tramitadas en las próximas semanas, atendiendo a su unidad de trabajo social (UTS), son: 200 personas en Añaza, 300 en Ofra, 49 en San Andrés, 170 en Barranco Grande, 200 en el distrito Centro, y 193 en Los Gladiolos.
En opinión del concejal de Atención Social, “hay que realizar una seria reflexión sobre el sentido de la PCI en la situación socio-económica actual, pues los ayuntamientos no podemos realizar las tareas que se especifican en la legislación actual por falta de la financiación”.
