Tagoror Digital09.11.2021 | Redacción | Opinión
Por: María Isabel Guerra Sánchez
Psicóloga
Concejal de Nueva Canarias en Teror
Canarias sigue siendo una de las comunidades con más pobreza estructural del país. Nuevamente somos la comunidad que más desempleo padece, después de Andalucía y Extremadura. Existe una interrelación entre desempleo y pobreza, pero no está tan claro que exista esa interrelación entre empleo y bienestar social. Nada ha cambiado, ni en periodos de crecimiento ni en periodos de crisis y evidencia que ni antes ni después de la pandemia, hemos dejado de tener tasas de pobreza que avergüenzan al peor de los políticos. En Canarias llevamos tiempo tomando la pobreza como algo consustancial a nuestra tierra, recreada en el monocultivo del turismo. La pobreza se ha convertido en inevitable o cuanto menos como algo que ya por rutinario se ha vuelto una “no noticia”, poco ha cambiado en el panorama sino es en todo caso, a peor la mejoría. Lo más inaudito es que deja con “el culo al aire” a una administración que parece vivir de espaldas a la realidad. Una administración de hecho, colapsada por no poder dar respuesta en tiempo real, sin renta canaria, con retrasos en las pensiones no contributivas, sin planes contra la pobreza más que una aportación a final de año a la prestación canaria de inserción, incapaz de mejorar sustancialmente los datos de pobreza y exclusión de nuestra tierra. Una burocracia administrativa que parece que se ha vuelto más el problema que la solución.
Según el XI informe sobre el estado de la pobreza y la exclusión social en España, Canarias queda en el último lugar de todas las regiones en muchos de los indicadores de pobreza. Llámese riesgo de pobreza y / o exclusión social con el 36, %, encabezando el ranking por detrás tan solo de Extremadura, nada más y nada menos que 810.900 personas, la tasa de pobreza es del 30% con 669.461 personas y la tasa de pobreza severa el 16,7% o lo que es lo mismo, pobres de solemnidad 373.600 personas, entre ellos niños y niñas, personas mayores, así como familias monoparentales, aumentando un 49% en el 2020.
Del 16,7% de pobres de solemnidad el 36,5% residen en hogares con Baja Intensidad de Empleo (BITH), esto es 265.600 personas, es decir existen hogares con pobreza severa que tienen a alguno de sus miembros trabajando, pero su trabajo no es suficiente para poder salir de la pobreza. La tasa BITH de Canarias se encuentra 5,4 puntos por encima de la media nacional y es la segunda más alta de todas las regiones, solo inferior a Asturias.
Esta baja intensidad en el empleo contrasta con la Reforma Laboral de 2012 del Gobierno de Rajoy, cuyo lema era “es mejor tener un trabajo en precario que no tener ninguno”, a día de hoy sabemos que la reforma laboral no ha hecho disminuir los parámetros de pobreza o riesgo de pobreza. Si atendemos al histórico en el 2014 cuando nuestra economía crecía por encima de 1,4 puntos PIB, la pobreza severa siguió siendo un gran problema. Tener empleo dejó de ser un sinónimo de bienestar social. La baja intensidad en el empleo ha hecho que haya más pobres que trabajan y que no llegan a tener lo mínimo indispensable para tener cubiertas sus necesidades.
El empleo ha perdido la función protectora para el inconsciente colectivo. El empleo precario, la pérdida de calidad de este, en todos los sentidos, seguridad, estabilidad y el salario han perdido todo el protagonismo de escudo contra la pobreza, es más, existen algunos empleos incluso que perpetúan la pobreza y es el círculo infernal que impide la salida de esta.
Las consecuencias de la Reforma Laboral de 2012 son una profundización en el empleo en precario, han perpetuado la pobreza severa, Ni que decir tiene que la OCDE advierte a España desde el 2018 la evolución negativa de los salarios como la causa principal de la importante y creciente proporción de trabajadores mal pagados o a tiempo parcial involuntario. Luego, no es el desempleo lo que define exclusivamente a la pobreza severa.
Las contraprestaciones de la Unión Europea para los fondos Next Generation lo dejan claro, España tendrá que hacer sus deberes y bien , tendrá que hacer profundos cambios en la Reforma Laboral ya que para Bruselas es intolerable las tasas de desempleo que soporta nuestro país, sobre todo en la población joven, la contraprestación no se queda aquí, nuestro país tendrá que prestar atención a las financiación sostenible de las jubilaciones y a la unidad de mercado, a la vez que la coordinación entre Estado y comunidades autónomas para mejorar sustancialmente la eficacia de la administración y no la duplicidad de normas y funciones que la hacen tortuosa .
Europa da, pero también exige y a cambio pide a nuestro país que se deben corregir las políticas activas de empleo que no han funcionado, además es escéptica en la Reforma Laboral que pretende el ejecutivo de Sánchez, especialmente porque de no corregirse España tendrá serios problemas para alcanzar los objetivos comprometidos de la agenda sostenible. Nuestro país tiene corregir la dualidad del empleo, con medidas para evitar la segmentación del mercado de trabajo, la temporalidad, la productividad y el sector público que requiere de la modernización de los servicios públicos de empleo, mejorando la intermediación, además de un arsenal de medidas encaminadas al desarrollo tecnológico de nuestras empresas.
El cordón social a diferencia de la crisis del 2008 ha evitado que muchos trabajadores y trabajadores perdieran sus empleos en la pandemia, los ERTES han actuado de dique de contención a lo que podrían haber sido despidos masivos, a pesar de ello, los salarios se redujeron en un 25% y esto no queda claro del todo, que se haya aprovechado para una nueva devaluación del empleo, ya de por sí muy depauperado. Las consecuencias de todo esto están siendo devastadoras para los asalariados, pero también para los pobres que ven reducida su capacidad para encontrar empleo, a las colas del hambre ahora se unen trabajadores que no llegan a final de mes y no pueden afrontar gastos básicos, siendo víctimas de lo que hoy llamamos privación material severa, indicador que nos dice las dificultades para hacer frente a los gastos habituales y que son esenciales para garantizar unas condiciones mínimas de bienestar.
El escudo social no ha llegado a todos por igual, los pobres no han podido acceder a la administración para evitar su situación, es más, se han visto desprotegidos. Ciertos colectivos poblacionales muy vulnerables han tenido serias dificultades para acceder a la administración pública, bien por aquello del teletrabajo, o bien por la brecha digital que afecta a sectores marginales de nuestras calles.
Sin lugar a duda, que hay que acabar con una Reforma laboral que ha hecho a los trabajadores de nuestro país más pobres, que los ha hecho más vulnerables ante los despidos y la depauperación de los salarios, una reforma laboral que ha desequilibrado las relaciones de los representantes sindicales frente a la patronal para preservar las negociaciones colectivas y que ha generado una alta temporalidad en el empleo. Bruselas reclama una reforma laboral antes de que cierre el año 2021 en profundidad, para sentir que sus fondos de resiliencia y recuperación están bien invertidos y reclama insistentemente en el empleo de los jóvenes que pone en entredicho las políticas activas de empleo que no han dado los resultados esperados. Con todo ello, lejos están los objetivos de la agenda de crecimiento sostenible 2030 cuya primera preocupación es el de erradicar la pobreza severa a la mitad de la existente y de fomentar estabilidad económica con empleos sostenibles y de calidad. El empleo tiene que volver a ser un escudo social como tal y el empleo de calidad es fundamental para sacar de la pobreza y la exclusión a la población más vulnerable. Tenemos ante nosotros una gran oportunidad, no hay que desaprovecharla.
Imagen: María Isabel Guerra Sánchez, concejala de Nueva Canaria en Teror | CEDIDA
