Tagoror Digital20.03.2018. Santa Cruz de Tenerife
La primera teniente de alcalde, Zaida González, acompañada por el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, y la concejal del distrito Suroeste, Gladis de León, visitó hoy el edificio abandonado en estructura en la urbanización Acorán (Añaza), donde anunció que “el Ayuntamiento avanza con paso firme para hacer desaparecer esta edificación del paisaje de Santa Cruz de Tenerife”.
Durante la visita al edificio, que contó con la presencia de técnicos de las áreas de Urbanismo y de Servicios Públicos, Zaida González informó de que “venimos trabajando con prudencia desde hace meses para encontrar una solución definitiva en dos direcciones: por un lado garantizar la seguridad cuanto antes para que nadie acceda a su interior y, por otro, llegar a un acuerdo a corto y medio plazo que convierta a este edificio en un recuerdo del pasado”.
La primera teniente de alcalde recordó que esta edificación se inició en 1973, hace 45 años, cuando una promotora privada solicitó al Ayuntamiento una licencia de obras para construir un hotel de 741 apartamentos. Licencia que fue concedida entonces de acuerdo a la legalidad vigente de aquella época y en el marco de los planes especiales de Interés turístico.
“Sin embargo, los promotores abandonaron el proyecto en 1975, dejando un edificio en estructura como hoy lo conocemos: un edificio con planta en forma de Y griega, con 22 plantas de altura, sobre una superficie de 2.350 metros cuadrados y con una superficie edificada estimada de 40.000 metros cuadrados”.
González reconoció que “desde entonces, hace 42 años, la edificación se encuentra paralizada y en este tiempo, las diferentes administraciones municipales hemos tratado sin éxito de localizar a los que construyeron y abandonaron este edificio”.
La primera teniente de alcalde aseguró que “desde el Ayuntamiento no podemos cruzarnos de brazos y seguir esperando 42 años más. Máxime cuando el edificio se ha convertido en un peligro evidente, especialmente para las personas que acceden irresponsablemente a su interior”.
Medidas
El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, detalló las dos líneas de actuación que sigue el Ayuntamiento, encaminadas a garantizar la seguridad, mediante la instalación de una red perimetral completa de 4 metros de altura, que impedirá el acceso al edificio; debidamente señalizada con advertencias de prohibición situadas cada diez metros en todo el perímetro.
“Ésta es la medida inmediata que asumirá el Ayuntamiento, cuyo coste estimado es de 109.450 euros y que se ejecutará en el plazo de un mes aproximadamente”, concretó.
En segundo lugar, Carlos Tarife mencionó que ya en 1998 el Tribunal Superior de Justicia decretó que el edificio invade una zona de servidumbre marítimo-terrestre y que por tanto debe ser demolido.
“Por nuestra parte, en otoño pasado, abrimos un informe sobre el estado del edificio, que debidamente ajustado a la legislación de aplicación, devino en declarar la caducidad de la licencia de edificación otorgada en su día”, indicó.
El concejal manifestó que a partir de esa decisión y en el marco competencial que corresponde al Ayuntamiento, encargamos un encargó un peritaje técnico para averiguar el coste aproximado de la demolición y posterior recogida de escombros y restos, para hacer desaparecer la edificación del paisaje de Santa Cruz.
Tarife señaló que “el informe técnico cifra en 1,8 millones de euros el coste de la desaparición del edificio”.
Con el fin de viabilizar la demolición a corto y medio plazo, el concejal de Urbanismo anunció que “hemos iniciado reuniones con la Agencia de Protección del Medio Urbano, y también lo haremos con la Dirección General de Costas (ya que 145 metros cuadrados del edificio son suelo rústico de protección costera), para alcanzar un acuerdo entre todas las administraciones que nos permita hacer efectivo el procedimiento de demolición con pleno entendimiento de todos”.
Tanto Zaida González como como Carlos Tarife y Gladis de León coincidieron en que “es deseo del Ayuntamiento que podamos alcanzar un acuerdo de corresponsabilidad en el terreno económico, de manera que el peso de la demolición no recaiga exclusivamente en el Ayuntamiento, que no es propietario ni de la parcela ni del edificio, y que se hace cargo de esta actuación de forma subsidiaria mientras los propietarios permanezcan en paradero desconocido”.
“Eso sí -precisó Zaida González- es prematuro hablar de plazos o de cantidades. Estamos avanzado en la buena dirección para que este edificio desaparezca para siempre. Hemos esperado 42 años y no sé si aún tendremos que esperar 2 ó 3 años más, pero de lo que estoy convencida es de que el mamotreto de Añaza tiene los días contados”.
