Rafael J. Lutzardo Hernández05.12.2020 | Redacción | Opinión
Por: Rafael J. Lutzardo Hernández
Ni que decir tiene, que la pandemia del coronavirus sigue contagiando y matando a miles de persona en todos los rincones del mundo, pero también estrangulando y asfixiando la economía mundial, donde cientos de miles de pequeñas y medianas empresas se han visto abocadas al cierre definitivamente.
En lo que respecta a Canarias, la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) han analizan las repercusiones de la crisis en las islas, donde se han destruido 6.500 empresas y más de 50.000 empleos en el sector servicios desde 2008.
El presidente de Cecapyme, Prudencio Lorenzo, y su homólogo de la CCE, Sebastián Grisaleña, han discutido propuestas que impulsen un mayor consumo en las islas y han examinado la situación actual de la legislación laboral, ya que hay convenios colectivos que están a la espera de un posible cambio a nivel nacional.
Lorenzo ha recordado que la pequeña y mediana empresa es la gran mayoría del tejido empresarial en Canarias, ya que alcanza casi un 98 por ciento, y se ha mostrado alarmado por la caída del consumo desde el año 2007, que está alrededor del 65 por ciento.
"Estamos en unos momentos en que el consumo que existe no cubre los gastos de estructura de los establecimientos, de ahí parte la destrucción de este tejido empresarial", ha destacado Lorenzo, quien ha añadido que "si algún día llega la recuperación económica, que tiene que llegar, habrán muy pocas empresas para tirar del empleo".
En ese sentido ha señalado que los sectores más complicados son construcción y todas las actividades aledañas, y el comercio.
Sobre el turismo ha comentado que "parece que está respirando un poco más, pero el problema es que el turista que llega es con unos precios muy bajos y con el todo incluido, que no generan recursos en el comercio ni en el sector servicio".
En relación con las previsiones de ventas para la campaña de Navidad y Reyes, ha dicho que cada vez son más difíciles de hacer porque "cualquier noticia, no solo española sino europea o mundial, lleva al traste todas los estudios que podamos hacer" y, además, ha recordado que ya el año pasado "pincharon" al hacer las previsiones.
"Tenemos unas elecciones el 20 de noviembre y no sabemos la reacción que puede haber después conocerse sus resultados. A lo mejor se produce un cambio que a la ciudadanía que genere un poco de ilusión y perspectiva, pero, con lo que está pasando con Grecia y Europa, cualquier noticia puede prolongar el pánico existente y que el consumo siga contraído", ha afirmado Lorenzo.
Para el presidente de la Cecapyme, todavía hay muchos ciudadanos que poseen capacidad de compra, pero lo que ocurre es que el consumo se retrae "ante la incertidumbre económica y el miedo" que sufre "todo el mundo cada vez que oye las noticias".
"Deseamos que después del 20N se viva una etapa más positiva, aunque no depende solo de lo que hagamos en España, sino de muchos factores internacionales, por lo que es complicado hacer previsiones", ha expuesto.
Por su parte, Grisaleña ha reconocido que las empresas están viviendo "una situación compleja y difícil, con unas perspectivas no agradables, por lo que todo lo que sea sumar y apoyarnos mutuamente lo tenemos que hacer y la CCE está presta a colaborar al máximo".
Ha destacado que Canarias tiene un índices de paro de los más altos de España: "Un 30 por ciento es preocupante y todos estamos haciendo un esfuerzo enorme, pero para reactivar el empleo hace falta el crédito bancario y, mientras éste no llegue, la pequeña y mediana empresa y los autónomos lo van a tener muy difícil".
"A esto se añade la situación de Grecia y el acuerdo la pasada semana de la UE por el que los bancos españoles tienen que aportar 26.500 millones de euros, lo que va a restringir aún más el poco crédito que existía", ha subrayado.
Grisaleña ha considerado que una comunidad como Canarias con tanto paro significa que convive con mucha economía sumergida, ya que, de lo contrario, "tendría que haber muchos más casos de inseguridad".
"Estamos exigiendo al Gobierno de Canarias e incluso a la Inspección de Trabajo que hagan un control más exhaustivo para intentar eliminar la economía sumergida, pues lo que hace es restar trabajo a las empresas legalmente constituidas", ha adelantado.
Sebastián Grisaleña ha informado de que las empresas ilegales no pagan IGIC y, a veces, aparecen desgracias como la vivida en el día de ayer, "cuando ha fallecido un trabajador en una empresa que inicialmente parece que no es legal y, por lo tanto, esas situaciones son complejas y difíciles".
