Tagoror Digital18.12.2018. Santa Cruz de Tenerife
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife empleó debidamente y a tiempo la ayuda recibida de 224.391 euros con cargo al programa para la lucha contra la Pobreza Infantil, destinando el 75% de esos recursos (168.636 euros) a financiar ayudas económicas básicas a las familias y el 25% restante (55.754) a la contratación de personal para gestionar el servicio.
El quinto teniente de alcalde y concejal de Atención Social, Óscar García, manifestó que Santa Cruz ha destinado el total de la ayuda recibida al programa de Escuelas Infantiles que atiende a diario necesidades básicas de los menores de 0 a 3 años en dificultad social y mejorar su entorno familiar con el objeto de garantizar la permanencia en el mismo.
En concreto, alrededor de 140 niños y niñas de las dos escuelas infantiles de los distritos Suroeste y Ofra-Costa Sur, y sus familias, se han beneficiado de la ayuda.
Óscar García reconoció que “es lógico que muchas corporaciones hayan tenido dificultades para acogerse a este programa de ayudas debido a la estrechez de plazos que se nos ha dado pero afortunadamente en la capital tenemos en curso programas específicos de apoyo a la infancia y a la familia donde hemos podido inyectar y gestionar estos recursos”.
García recordó que en su día “fuimos los primeros en denunciar que este tipo de programas de ayudas nos llegan a los ayuntamientos sin el margen que necesitamos para gestionarlos con la mayor eficacia, comprometiendo seriamente su eficacia; por lo que entiendo que otros municipios hayan renunciado o no hayan tenido tiempo para ejecutarlos”.
El concejal explicó que esta partida de fondos en concreto, de carácter estatal, fue autorizada en noviembre de 2017 pero el Gobierno de Canarias no suscribió el protocolo con los ayuntamientos para su ejecución hasta mediados de abril de 2018, cuando el periodo de aplicación de la subvención comenzaba en enero y finalizaba en junio.
“Es decir, se concedía a todos los ayuntamientos canarios que se adhiriesen un plazo de unos 80 días para desarrollar toda la actuación y el correspondiente expediente administrativo, que incluía entre otros la elaboración de la memoria, la contratación de personal, incluso la justificación completa de la ayuda”, indicó.
El concejal señaló que “en principio nosotros –como otros ayuntamientos canarios- no éramos partidarios en absoluto de acogernos a una convocatoria de ayudas con unos plazos semejantes y reclamamos que se ampliase el periodo de ejecución como condición para poder acceder. El Gobierno rectificó, amplío el plazo y fue entonces cuando acudimos”.
Para el concejal de Atención Social, “con cuestiones como la pobreza infantil como con el conjunto de las políticas sociales hay que ser muy serios y los ayuntamientos deberíamos tener el protocolo de gestión con suficiente antelación y no a última hora y sin margen. De eso, afortunadamente, ya es consciente el Gobierno de Canarias”.
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