Tagoror Digital10.02.2020 | Santa Cruz de Tenerife
Por: Óscar Izquierdo
Presidente de FEPECO
Oscar Izquierdo presidente de FEPECO enfatiza que la situación actual es insostenible: “el engorroso aparato administrativo y su radical ineficacia está en el origen de gran parte de los problemas que sufren las empresas y padecen los ciudadanos. Originando retrasos inasumibles para la iniciativa privada, en los diversos trámites a realizar ante los organismos públicos, para un desenvolvimiento normalizado de la actividad empresarial. La realidad es que, desde hace décadas, venimos soportando una inflación legislativa o normativa que, sumado a competencias sectoriales generalmente descoordinadas, que en teoría buscan la endiosada seguridad jurídica, ha convertido a la propia administración pública en sustancialmente ineficiente, paralizando en la práctica la actividad y el desarrollo de muchos sectores imprescindibles para el desarrollo socioeconómico de nuestra isla, como es la construcción.
Llevamos años con una incesante hiperactividad legislativa que se ha traducido en una sobrerregulación normativa, con frecuencia de discutible calidad técnica e ignorante de los fines para los que existen, que hace que cualquier proyecto o actividad que se quiere emprender se convierta en una titánica tarea, de casi imposible desarrollo, si no es a base de desmedidas dosis de paciencia y no menos costes económicos, en muchos casos inútiles o sin sentido. El problema se produce cuando en la realidad encontramos que existe un auténtico marasmo de normas y leyes, cuya supervisión se ha de realizar prácticamente sin medios, y siempre con la judicialización de la cosa pública como espada de Damocles vía contencioso?administrativo o penal. Sin olvidar que, además, en paralelo a la sobrerregulación sobrevenida se genera una auténtica abundancia de procedimientos administrativos, que se entorpecen, perjudican y dilatan en el tiempo.
El comienzo de la solución a la problemática padecida viene dado en que hay que ser realistas y no dotarse de más marcos legales que los que se sea capaz de gestionar razonablemente, en equilibrio con la disponibilidad real de recursos humanos, técnicos o económicos. Seguir por el camino actual, en un círculo vicioso de imposible salida, es no solo inútil y pernicioso, sino sobre todo irresponsable. La administración pública, a nivel local y específicamente en las Oficinas Técnicas o Gerencias de Urbanismo, sencillamente no funcionan, creando un caos organizativo que al final pagamos los empresarios, que salimos perjudicados por la inoperativa burocrática.
No hay manera que las licencias de obras sean diligenciadas en los tiempos establecidos reglamentariamente, ni siquiera en tiempos prudenciales, todo lo contrario, se estancan en los despachos, produciendo una verdadera distorsión de la actividad económica, paralizándola. En estos momentos muchas empresas se encuentran paradas y al borde del cierre, esperando por la respuesta administrativa. La situación es caótica en la administración local, con un laberinto burocrático que no encuentra la salida de una gestión eficiente”.
