Tagoror Digital16.01.2019. Telde
El Gobierno de Telde, atendiendo a las fuentes técnicas y jurídicas consultadas, no ve la existencia de ninguna razón objetiva que conduzca a pensar que los acuerdos adoptados en el Pleno extraordinario del pasado lunes 14 de enero tengan efectos reales en la Administración local, y por tanto que en la práctica puedan suponer la resolución de la encomienda de planeamiento a la empresa pública Fomentas o parar la tramitación en marcha del Plan General de Ordenación que camina hacia su aprobación definitiva.
En cualquier caso, y en aras de garantizar la seguridad jurídica de la Administración y de los interesados, el Ayuntamiento trabaja en la solicitud a los habilitados nacionales de los informes jurídicos oportunos que clarifiquen los efectos reales y jurídicos de esos acuerdos plenarios.
El Gobierno de Telde interpreta que los acuerdos aprobados por 13 concejales de la oposición solo supone una declaración de intenciones políticas al no estar fundamentados ni motivados, pues no existe ninguna razón objetiva que justifique la paralización del trámite administrativo de un documento tan relevante para el presente y el futuro de la ciudad.
Cabe recordar que en las administraciones públicas los acuerdos con efectos prácticos deben contar con los informes técnicos preceptivos y seguir los procedimientos que marca la normativa legal. Además, en materia de planeamiento y dada la importancia de la materia, se encuentran tasados los supuestos en los que puede detenerse un trámite, y en ninguno de ellos aparece la proximidad de un proceso electoral, circunstancia esta que obligaría a parar gran parte de la actividad de la Administración.
El Plan General de Ordenación pasa por ser el documento más relevante y que mayor impacto e incidencia tiene en el modelo de ciudad, en la vida diaria de esta, y en su desarrollo económico y social. El municipio de Telde está gestionando todo lo referente en materia de suelo y desarrollo urbanístico con un Plan aprobado en 2002. La aprobación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, introduce elementos legales que amparan más derechos a los ciudadanos en el uso del suelo de su propiedad, y por tanto, adaptar el PGO de Telde a esa nueva ley y a las nuevas directrices medioambientales, además de dar seguridad jurídica al Ayuntamiento, abre nuevas oportunidades para inversiones estratégicas de diferente índole –alojativas o sociosanitarias, por ejemplo- y de nuevos usos del suelo agrícola, así como la posibilidad de que muchas viviendas irregulares obtengan cobertura legal.
Por todo ello, el Gobierno de Telde entiende irresponsable que una motivación política se coloque por encima del interés general de la ciudadanía, al tiempo que inaudito y sin precedentes históricos que un grupo de concejales -no todo el Pleno- se pongan de acuerdo para frenar el desarrollo y el avance de la ciudad, lamentando igualmente que ese consenso entre algunos grupos de la oposición no se haya producido para asuntos que el Gobierno ha podido sacar adelante sin su apoyo, tan importantes para el municipio como la reducción de la deuda, las sentencias por expropiaciones, la llegada de recursos a Telde para, por ejemplo, la reapertura de las escuelas infantiles, el Plan Integral del Valle de Jinámar o la rehabilitación de viviendas.
