Tagoror Digital15.12.2017. Santa Cruz de Tenerife.
El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención Social, Óscar García, anunció hoy que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ofrece a los beneficiarios de prestaciones económicas de carácter social que superen por este motivo el cómputo mínimo para tributar por IRPF y carezcan de recursos propio con el objeto de mediar ante la Agencia Tributaria y aliviar sus responsabilidades fiscales.
Óscar García aclaró que “el hecho de que las prestaciones económicas de carácter social computen como ingresos en la declaración de la Renta es una cuestión que concierne exclusivamente a la Hacienda pública, lo que no es óbice para que el Ayuntamiento se ofrezca a acreditar fehacientemente tanto la cuantía como la naturaleza social de esas prestaciones y a auxiliar a los vecinos afectados en las gestiones con la Agencia Tributaria”.
El concejal recuerda que “en 2012, el Ayuntamiento optó por un sistema de prestaciones económicas como fórmula para poder mantener el servicio de asistencia domiciliaria a 1.033 vecinos de la capital, después de que la empresa prestataria y conveniada con el Consistorio quebrase inesperadamente y dejase de prestar el servicio”.
“No podíamos dejar a más de 1.000 vecinos, en su mayoría de edad avanzada, sin el servicio de asistencia por una causa ajena, como la quiebra de la empresa prestataria, y a la espera de la tramitación del nuevo concurso público de adjudicación del servicio”, argumentó.
García informó de que “todos y cada uno de los beneficiarios de este servicio en Santa Cruz fueron debidamente informados a través de una resolución del cambio de sistema y de la entrada en vigor de las prestaciones económicas”.
“El sistema de prestaciones económicas se sustituyó en 2014 cuando entró en vigor el nuevo contrato de adjudicación del servicio a una nueva entidad”.
Proteger un bien superior
El concejal de Atención Social manifestó que “la prioridad para el Ayuntamiento ante la desaparición por quiebra de la empresa que prestaba el servicio fue proteger un bien superior, como es la asistencia y a la atención a las personas que ya disfrutaban de ese servicio municipal en su domicilio”.
García apuntó igualmente que “la gran mayoría de los beneficiarios no han tenido el menor percance con la Hacienda pública debido a que carecen de ingresos propios significativos y por tanto, la percepción de esa ayuda económica de carácter social no alcanza a los mínimos establecidos en la tributación española”.
“Ahora bien, ante la aparición de casos puntuales que no fueron conscientes de que las ayudas eran ingresos desde el punto de vista fiscal, el Ayuntamiento se ofrece a acreditar el origen social de esas prestaciones y a mediar ante la Agencia Tributaria para facilitar una solución razonable”.
