10.05.2017. Valverde de El Hierro.
La importante presencia de canarios en Venezuela, tierra que ha acogido a miles de canarios en diferentes épocas, y el sentimiento de hermandad y fraternidad entre Venezuela y Canarias, nos hace ver los acontecimientos que se vienen produciendo en esa nación hermana con enorme preocupación.
Vivimos con especial inquietud los últimos hechos desde que la noche del miércoles 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) tomara la decisión de inhabilitar, dejar sin competencias, a la Asamblea Nacional (AN), incrementando de esta forma la tensión social.
Ha habido una tímida rectificación tomada el sábado 1 de abril por el Tribunal Supremo de Justicia, devolviendo sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, después de que el Consejo de Defensa de la Nación (Codena) le exhortara a que revisara las sentencias en las que despojaba al Parlamento de sus funciones, aunque no es suficiente porque las responsabilidades deberían ser depuradas.
Sin duda, la presión y condena generalizada de la comunidad internacional con declaraciones de rechazo por parte de representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Perú, Panamá, Costa Rica, Jamaica, México, Francia, Alemania, Canadá, Unión Europea, Estados Unidos y la carta democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros, ha tenido mucho que ver en esta rectificación.
También el Mercado Común del Sur (Mercosur), integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y la propia Venezuela, aumentaron su presión diplomática sobre esta última, al iniciar el proceso de aplicación de la “Cláusula Democrática”. Un proceso largo de acompañamiento y búsqueda de soluciones por el cual el Gobierno de Venezuela debe adoptar inmediatamente medidas concretas, concertadas con la oposición, para asegurar la efectiva separación de poderes, el respeto del Estado de Derecho, los derechos humanos y el acatamiento de las instituciones a su Constitución, compromisos de obligado cumplimiento para los firmantes del tratado de Asunción por el que se creó Mercosur. Y que de no producirse, podría acabar en la expulsión de Venezuela del citado organismo.
Según establece la Constitución venezolana, diseñada e impulsada por el propio Hugo Chávez, “la Asamblea Nacional es el órgano legislativo legítimo” y fue democráticamente elegida por última vez en las elecciones de diciembre de 2015. Por tanto, como presidente del país Nicolás Maduro está obligado no solo a reconocer los resultados que dieron una abrumadora victoria a la oposición, sino a colaborar institucionalmente con la Cámara Legislativa por el bien y la gobernabilidad de Venezuela respetando la mayoría emanada de las urnas y la separación de poderes.
Esta Corporación Insular se solidariza con toda la población venezolana y con los residentes canarios que llevan sufriendo desde hace demasiado tiempo una situación de grave crisis económica y sociopolítica, que solo puede encontrar una solución efectiva a través del diálogo y el consenso de todos los sectores implicados, evitándose de esta manera una confrontación que nadie desea y que puede tener gravísimas consecuencias de ruptura social.
El Cabildo Insular de El Hierro espera que se den los pasos necesarios por parte del Gobierno bolivariano y de los partidos de la oposición para devolver al país a la situación de normalidad anterior a la crisis, por el bien de todos los venezolanos y de los canarios que siguen residiendo en Venezuela.
Por todo ello, todas las formaciones políticas con representación en el Pleno del Cabildo de El Hierro (AHI-CC, PSC-PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias-Frente Amplio) aprobamos el siguiente acuerdo institucional:
Instar al Gobierno bolivariano, a los partidos en la oposición y a los representantes del pueblo en la AN, a apostar de manera efectiva por el diálogo y el consenso en beneficio de Venezuela y el pueblo venezolano, dejando de lado intereses partidistas para entre todos sacar al país de la grave crisis económica y social en la que se encuentra inmerso.
Instar al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España al establecimiento de medidas urgentes y extraordinarias para la atención de los canarios y de la ciudadanía española residente en Venezuela con la finalidad de establecer una línea de ayuda humanitaria para la consecución de medicamentos y artículos de primera necesidad ante la situación de dramatismo que se está viviendo, así como actuar por todas las vías necesarias para exigir la restauración y el orden democrático en Venezuela.
Que se habilite una partida presupuestaria para la adquisición de material farmacéutico y de necesidades básicas para la colonia herreña en Venezuela.